Los acusados de Las Teresitas deberán pagar de su bolsillo 39,5 millones
La Fiscalía Anticorrupción solicita que los doce acusados del caso Las Teresitas, asuman la responsabilidad civil por valor de 39,5 millones. Cantidad que según fiscal, María Farnés Martínez, se corresponde al perjuicio que ocasionaron a las arcas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife “y por lo tanto al pueblo”.
La fiscal califica el comportamiento de técnicos y políticos involucrados en esta trama de “arbitrario y al margen de los procedieintos reglados”. Ello dio lugar a una postura “antieconómica e irracional” en la fijación del precio del frente de la playa por el que se abonó 52,4 millones cuando la tasación municipal lo situaba en 19 millones.
Por ello, al margen de los 52 años de cárcel que se piden para los doce acusados, el Ministerio Público también exige que todos ellos indemnicen de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento con la cantidad de 39,5 millones.
De hecho, la Fiscalía pide la formación de una pieza separada de responsabilidad civil y requiere a los acusados para que presten fianza para asegurar las consecuencias que puedan derivarse de su actuación. La Fiscalía, por ello, solicita el embargo de bienes suficientes para cubrir estas responsabilidades si no se prestase la fianza exigida.
En estos momentos la lista de acusados está formada por el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, el exedil del PSOE, Emilio Fresco, del PP, José Emilio García Gómez, el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, el exsecretario de este organismo autónomo, Víctor Reyes, el exsecretario municipal, Eugenio de Zárate Peraza y el exinterventor, Antonio Messia. Igualmente, figura el exinterventor de Urbanismo, José Luis Roca, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia y sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.
A esta lista con toda probabilidad se unirá en breve el nombre del exalcalde, Miguel Zerolo, cuya parte del sumario ha sido remitida ya por el Tribunal Supremo (TS), dada su anterior condición de aforado, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que a su vez lo enviará al Juzgado de Primera Instancia.
La denuncia de la Fiscalía es un repaso a todo lo acontencido en esta playa desde los primeros intentos urbanizadores de 1966 hasta la compra por parte del Ayuntamiento de los terrenos. Entre las novedades figura que, por ejemplo, la Corporación local compró 31.700 metros cuadrados que ya era suyos por haber sido cedidos a través de un convenio que data de 1986.
También que el Ayuntamiento adquirió 9.000 metros cuadrados que eran suelo público de Costas. La Fiscalía sostiene que la Batería militar de San Andrés sigue siendo propiedad del Estado, pese a lo cual la Junta la vendió a Inversiones las Teresitas (ILT) y ésta hizo lo propio con el Ayuntamiento, sin que ni siquiera se desafectara su uso militar.
