El Ministerio mantiene en su presupuesto para 2019 los 15 millones de euros de las ayudas directas del Posei adicional

Luis Planas y Narvay Quintero, en una imagen de archivo

El Diario Agrícola

Santa Cruz de Tenerife —

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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que este lunes entró en el Congreso incluye una aportación de 15 millones de euros para financiar las ayudas complementarias, la de Estado, dentro del marco Programa de Opciones Específicas para Canarias, el llamado Posei adicional. Esa aportación es la misma que la que existió en 2018 y, por lo tanto, no llega a las aspiraciones de las islas: 23 millones de euros, que es la cantidad máxima que permite la UE por ejercicio anual.

En general, el Gobierno español ha mantenido estable, informó la agencia Efe, el presupuesto en políticas agrícolas y pesqueras, tras destinar 7.761 millones de euros en 2019 a agricultura, pesca y alimentación, lo que supone el 0,2% más.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recordado que, como consecuencia de la reorganización administrativa, los gastos comunes del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se han distribuido entre los nuevos departamentos de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica, ocasionando disminuciones en esa política del 18% en el capítulo de gastos de personal y del 37% en gastos corrientes en bienes y servicios.

El Gobierno, además, ha explicado que la política de agricultura se financia en el 89% con fondos procedentes de la Unión Europea (los fondos estructurales Feaga y Feader).

Respecto a los retos a los que se enfrenta esta política, el Ejecutivo ha subrayado que pasan por mejorar la posición de los productores en la cadena alimentaria frente a la erosión cada vez más importante de los márgenes de los agricultores, en el marco de unas relaciones “más justas y más equilibradas” para todos los operadores.

Además, se quiere conseguir un “relevo generacional” que permita el mantenimiento de la actividad en las zonas rurales, así como la búsqueda de la igualdad de género, ya que el medio rural está no solo envejecido sino que también presenta escasez de mujeres.

Respecto a la UE, el Gobierno tiene previsto mantener, como prioridad fundamental, los aspectos relacionados con las negociaciones del marco financiero 2021-2027 y la reforma de la política agraria, la PAC.

Así, trabajará para adoptar una “posición común” que preserve el presupuesto ante la propuesta hecha por la Comisión Europea, que contiene una importante disminución respecto al marco anterior, y que asegure su carácter europeo, cerciorándose de que los pagos directos jueguen un “papel central” en la próxima PAC y de que la ayuda básica a la renta se defina de modo que los apoyos se fijen con criterios objetivos y no discriminatorios.

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