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Canarias abre la veda a la llegada de papa británica sin vender la ‘del país’

Huerto destinado al cultivo de la papa, en Tenerife.

Román Delgado

Santa Cruz de Tenerife —

Canarias suma otro año más teniendo que sufrir la misma historia relacionada con la papa de producción local en verano y sus dificultades de comercialización en el mercado interior. Pese a la abundancia de la cosecha de media estación (el tubérculo que se recoge a finales de primavera y principios del estío, entre abril y julio, con unos 20 millones de kilos totales en 2016) y a que aún quedan del orden de seis millones de kilos de papas del país pendientes de venta en las islas (el 30% del global), entre tres y cuatro en Tenerife y el resto en la provincia de Las Palmas, la mala noticia vinculada a la papa de fuera no se ha hecho esperar: los importadores isleños de papas (todos ellos a la vez comercializadores, en mayor o menor medida, de la producción local) ya han activado la llegada desde Reino Unido de la variedad King Edward (quinegua o chinegua, en la jerga local) y esa oferta empezará a ser entregada y puesta en el mercado en las islas a partir de las primeras semanas de septiembre. Señores, se acabó la fiesta.

La entrada de papa foránea en el Archipiélago a partir de las primeras semanas del mes próximo, como ya han confirmado varias fuentes del sector de la papa en Canarias, supondrá que se tenga que destinar más tiempo, y con ello asumir más costes, por ejemplo el de frío, para dar salida completa a la producción origen local, a la vez que un retraso en el pago a los cosecheros (y también menor renta para ellos) por las partidas que demoran su venta.

Esa circunstancia tendrá duras consecuencias para el agricultor, sobre todo porque éste sufrirá una caída en el precio percibido, este año en niveles de miseria (por debajo de los 0,25 euros por kilo e incluso se ha llegado a menos de 0,20 y hasta 0,18), lo que de hecho ya implica no poder cubrir los costes de producción (en 0,35-0,40 euros por kilo), al menos antes de la recepción de las ayudas directas del programa Posei. Para el abono de estos apoyos de la Unión Europea (UE), claves para salir del agujero económico, habrá que esperar a junio del año próximo, unos 12 meses después de recoger la cosecha. Así están las cosas.

En estos momentos, según los cálculos trasladados por las entidades que más acaparan papa del país en las islas, en toda Canarias hay una oferta pendiente de venta en torno a los seis millones de kilos (la controlada, sin tener en cuenta la actividad sumergida), cantidad que, con el bajo consumo que hay en verano, puede ser suficiente, indican las mismas fuentes, para llegar hasta el mes de octubre.

Debilitamiento de la renta percibida por el cosechero

Pero ahora, debido a la próxima entrada de papa de fuera, esto ya no será posible o se pondrá muy difícil, lo que sin duda elevará los costes de mantenimiento de esos stocks y generará la caída de los precios que se paguen en la primera transacción al por mayor por el tubérculo canario. Por todas estas razones, el debilitamiento de la renta percibida a través del mercado por el agricultor local está muy bien servido.

En la isla de Tenerife, la que más produce papa en toda Canarias, se calcula que quedan por comercializar unos tres o cuatro millones de kilos, y la entidad que hoy tiene más oferta de papa sin vender es la cooperativa Garañaña, que, junto a la cooperativa de segundo grado Aprofhote, maneja la mayoría de la producción de media estación.

A la dureza del mercado local de la papa este verano, con precios muy bajos por el exceso de oferta propia (hubo una muy buena producción), los agricultores isleños han tenido que sumar problemas de gestión del cultivo que ya se consideran estructurales: la carencia y el elevado precio del agua, en las zonas con regadío, y la pérdida de parte de la cosecha por la polilla guatemalteca, que en las áreas de costa ha sido del 5-10% y en las medianías del 15-20%.

Esta plaga, pese a todo lo que se dice que se hace y las medidas que se comenta que se aplican por parte de las autoridades competentes (ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias), sigue campando a sus anchas en el campo isleño, y también haciendo muchísimo daño que se traduce en pérdida de renta agrícola (menor producción y peor calidad del género obtenido).

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