El sector platanero pide al Gobierno que cumpla el mandato del Parlamento canario para defender la fruta ante la Ley de la Cadena Alimentaria

El sector platanero de Canarias ha mostrado su preocupación ante lo que consideran una ausencia de actuaciones por parte de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para lograr el objetivo marcado por el Parlamento de Canarias en defensa del sector el pasado 10 de marzo de 2021.

En mayo de 2020 la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, fue la primera, según afirma el sector en una nota, en conocer los daños que generaba la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria mediante Real Decreto aprobado en el mes de febrero 2020. Dicho Real Decreto entró en vigor en marzo de 2020 y el sector acumula desde entonces “un riesgo de sanciones millonarias que crece día tras día sin que se haya obtenido una solución real y objetiva a este problema”, apunta.

La movilización del sector en defensa de sus necesidades en el Senado en 2020 durante la tramitación del Real Decreto no encontró apoyo en la Consejería de Agricultura, aseguran los trabajadores. Ante la nueva ventana de oportunidad dada por la reforma de la misma ley, abierta desde diciembre de 2020, en el Congreso de los Diputados, el sector ha venido solicitando reiteradamente el apoyo firme del Gobierno de Canarias y de todos los grupos políticos ante este asunto.

El plazo de enmiendas en el nuevo proceso de modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el Congreso de los Diputados finalizará próximamente, y el Gobierno de Canarias y por tanto también la Consejería de Agricultura, tienen el encargo concreto del Parlamento de Canarias de conseguir que se exceptúe al plátano de la aplicación de preceptos de grave perjuicio para el sector.

A valoración de Domingo Martín Ortega, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), “nuestra interpretación de la ley en vigor no es más que la que ya han expresado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y acreditados y diversos juristas. Miles de empleos y actividad económica depende del plátano y no podemos aceptar alternativas a la excepcionalidad en base a declaraciones políticas sin validez jurídica y que no han sido capaces de trasladarse por escrito al sector a lo largo de todo un año. Las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias han instado claramente al Gobierno de Canarias, porque sólo la excepcionalidad nos garantiza poder seguir compitiendo con la banana de terceros países y evitar un daño económico irreparable”.