Golpe a golpe

El intento de golpe de Estado en Brasil ha servido a la oposición española para afear al gobierno de Pedro Sánchez que minimizara las penas por insurgencia, haciendo creer falsamente que los golpistas brasileños se hubiesen ido de rositas con la legislación aprobada recientemente en el Parlamento de España. 

La secretaria general del Partido Popular y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha achacado al Gobierno de España de acabar con las penas contras los insurgentes. Es curioso que los mismos que consideran que lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre de 2017 fue un golpe de Estado, y de hecho llaman golpistas a los dirigentes independentistas, lo de Brasil no les parezca un intento de golpe de Estado, aunque felizmente frustrado. 

Es verdad que el gobierno de España ha derogado el antiguo delito de sedición con el respaldo de la mayoría del Parlamento pero también ha creado un nuevo delito denominado desórdenes públicos agravados por el que se puede ir hasta cinco años a la cárcel. 

El delito de sedición en España había quedado periclitado y obsoleto si lo comparamos con los países europeos de nuestro entorno. Lo que no dice Cuca Gamarra es que en España se sigue manteniendo el delito de rebelión por el que se puede condenar hasta a 25 años de prisión a los que lo conculquen. 

Tiene también mucha gracia que el principal partido de la oposición apele continuamente a nuestra sacrosanta Constitución a la vez que la incumple de manera habitual e insistente, como por ejemplo en el caso de los más de cuatro años de tardanza en renovar el Tribunal Constitucional y también el Consejo General del Poder Judicial, que sigue intocable a pesar de su caducidad.

Cuando se habla de asuntos de Estado tan graves no cabe la frivolidad y la banalización que hace el PP tratando de confundir a los españoles como si aún no existieran el delito de rebelión, que hasta en casos excepcionales puede llegar a los treinta años de prisión. 

A lo mejor los conservadores pretenden que se condene a prisión permanente revisable o restaurar la pena de muerte para los soberanistas catalanes, aunque eso casa muy poco con la convivencia ciudadana razonable entre todos los españoles y con las soluciones políticas y pacíficas. 

La derecha populista española juega mucho con fuego y echa gasolina a los conflictos que más tocan el área sensible y visceral de los españoles, llámese terrorismo vasco, que afortunadamente ya no existe desde hace 12 coincidiendo con un gobierno de Zapatero, o el soberanismo de Cataluña, que se ha apaciguado claramente en el último lustro y que casualmente coincide con la salida del gobierno anterior y la entrada del actual.  

De eso no dice nada la oposición porque no le interesa electoralmente pero es algo tan claro y evidente que no hace falta pregonarlo. Esta oposición parece que sólo está para criticar de forma destructiva al Gobierno de España pero nunca para aplaudir lo que hace bien, que algo hará. Tampoco está ni se le espera para aportar críticas constructivas. 

Lo que pasó en Brasil con los seguidores del ultraderechista Bolsonaro y lo que ocurrió antes en Estados Unidos con el pirado de Donald Trump debería hacernos reflexionar sobre los extremismos en España porque el golpismo no solo hay que verlo en Cataluña con las gafas de aumento sino también en las propias filas de esos partidos que se llaman constitucionalistas y no lo son.