Superávit, primer paso adelante

Tras nuestra reiterada reclamación, el Gobierno central ha permitido a la Comunidad Canaria el uso del superávit de los años 2018 y 2019 -unos 389 millones de euros- para compensar parcialmente la fuerte caída de ingresos fiscales propios por la pandemia del Covid-19. No se trata de ningún regalo, sino de permitirnos utilizar nuestros propios recursos, lo que hasta ahora han impedido unas reglas fiscales que castigaban a las comunidades cumplidoras. Desde Nueva Canarias llevamos años insistiendo en la necesidad de cambiar la Ley de Estabilidad. La posibilidad de usar el superávit resulta una medida positiva, pero claramente insuficiente, que solo se ha autorizado a Euskadi, Navarra y Canarias, que se encuentran en similares condiciones en cuanto a cumplimiento de las reglas fiscales. Nuestra comunidad, paradójicamente, es de las más cumplidoras y de las menos endeudadas, pese a tener negativos ratios socioeconómicos, ahora empeorados con esta crisis por su mayor dependencia del turismo, el sector que más tardará en recuperarse.

El uso del superávit ayuda, pero no soluciona los graves problemas derivados de la caída de ingresos fiscales propios en las Islas por la paralización económica, una previsión de 1.000 millones menos para el Gobierno de Canarias. Faltarían, por tanto, 600 millones; seguimos exigiendo fórmulas para compensar esa pérdida, sea vía transferencias, sea desbloqueando los 500 millones de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan de Carreteras de 2018 o recurriendo al endeudamiento. No es un capricho, sino una cuestión de justicia y una necesidad para afrontar esta grave crisis y poder mantener los servicios públicos y apoyar a los distintos sectores económicos.

También demandamos una medida similar para los ayuntamientos y los cabildos, de manera que las instituciones locales canarias puedan usar su superávit y remanentes de tesorería, superior a los 3.200 millones, ante una caída de ingresos del bloque de financiación canario de 590 millones este año 2020. En la reunión que mantuvimos en mayo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta se comprometió a buscar una solución con los representantes de la FECAI y la FECAM, encuentro que aún no se ha materializado.

Valoro también el Fondo estatal no reembolsable de 16.000 millones, que se concretan y reparten en cuatro bloques: sanidad, a la que corresponden 9.000 millones, educación (2.000), compensación por pérdida de ingresos fiscales de impuestos cedidos (4.200) y transportes (800). Se trata de transferencias del Estado a las comunidades autónomas, y, por tanto, de cantidades no reembolsables, solo para este año, no consolidable, y destinadas a compensar los gastos en esas áreas. Existe una enorme controversia en torno a su distribución. Canarias aspira a la mayor participación posible en el Fondo, lo que habrá de concretarse en su trámite parlamentario.

Sanidad y educación

Con relación a su capítulo sanitario, tras la buena respuesta del sistema sanitario en esta oleada del virus, Canarias tiene que estar preparada para una posible segunda en otoño. Desde la prevención -mantenimiento de la distancia física, uso de mascarillas, higiene frecuente de las manos…- pero también pertrechándose de material sanitario, tanto de protección como de diagnóstico. Potenciando la salud pública y la atención primaria, para identificar posibles nuevos casos de manera precoz, rastrear los contactos de estos y proceder, en su caso, al aislamiento para evitar más contagios.

Respecto a la educación, el nuevo curso supondrá el regreso a las aulas tras un paréntesis que, todos coinciden, ha perjudicado especialmente al alumnado más vulnerable. La educación presencial es fundamental para la sociabilización y el desarrollo de los menores. Lo que obliga a extremar la seguridad, con la búsqueda de espacios en los centros, máximas garantías de higiene y cambios que afectarán a sus infraestructuras, a su organización y a los servicios de comedor y transporte, así como a las actividades extraescolares. También a la digitalización, por ser imprescindible y para prever escenarios en los que hubiera que suspender o restringir la educación presencial.

En el bloque del fondo estatal dedicado a la movilidad, Canarias podría contar con unos 32,5 millones de euros, destinados al transporte regular de viajeros.

Por último, el capítulo referido a ingresos fiscales de impuestos cedidos compensará una parte de las pérdidas en los mismos y nada de la caída de recaudación por el Bloque Canario de Financiación, que afecta también a cabildos y ayuntamientos, ni por los tributos propios.

Economía y empleo

Esta crisis ha puesto en primer plano la relevancia de lo público; que tira hoy de la economía mediante la inversión, el apoyo a los distintos sectores, las facilidades de crédito a las pymes, las ayudas a los autónomos, los ERTE… Impulsando, también, medidas imprescindibles para el refuerzo de los servicios públicos fundamentales y para combatir la pobreza y la exclusión social, como el Ingreso Mínimo Vital.

Además, la pandemia obliga a repensar muchos asuntos, desde el papel de la investigación científica a la deslocalización de la producción que nos dejó al albur de mercados disparatados e insaciables a la hora de adquirir material sanitario. Incrementando la importancia de la producción local y de avances en la soberanía alimentaria. Y, por supuesto, nos lleva a una reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza y a actuar frente a la crisis climática en marcha, crisis que puede suponer situaciones mucho más dramáticas -sequías, inundaciones, crecimiento de la altura del mar y efectos devastadores en las costas, aumento exponencial de los fenómenos migratorios…- que las que estamos viviendo este primer semestre del año 2020. Estableciendo planes de contingencia ante futuras crisis.

A corto plazo, para afrontar este trienio de grave impacto socioeconómico, es imprescindible disponer de recursos. Para ello son tres las claves: transferencias (del Estado y de la Unión Europea), movilización de los ahorros de las administraciones públicas y endeudamiento. Para garantizar la recuperación de las empresas, del empleo y de los servicios públicos esenciales.

A diferencia de la anterior crisis financiera, en esta ocasión la Unión Europea y el Estado español están articulando distintas medidas para proteger a las personas y a las empresas: Fondo Europeo de Recuperación (que, en medio de tensiones entre los estados del sur y del norte de la UE, se intentará aprobar en julio), Fondo estatal no reembolsable, Ingreso Mínimo Vital… Y en Canarias, su Gobierno hace lo propio con su decidido apoyo a los sectores económicos y desde el compromiso con los servicios públicos y con los sectores sociales más vulnerables.

Hemos aprobado un Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que recoge los principales retos de la sociedad canaria ante esta crisis sanitaria, económica y social. La reciente autorización del uso del superávit del Gobierno de Canarias es un paso adelante, pero es preciso implementar esas otras medidas esenciales -transferencias estatales y europeas, movilización de ahorros y endeudamiento- para que ese pacto, desde el autogobierno y la unidad de la sociedad de las Islas, permita abordar en las mejores condiciones la tarea de reconstrucción económica y social sin dejar a nadie atrás.