El volcán de Tebeto

La sentencia sobre Tebeto no sólo es interesante para un personaje como Bittini, experto en sacar petróleo en montañas protegidas, también podría ser muy útil para otros individuos como Domingo Berriel o los hermanos Soria, tan dados a prestar atención a los intereses de los Bittinis o Cazorlas que adornan nuestro paisaje patronal. Dice el Supremo en la sentencia de Tebeto que “lo ambiental no es una adherencia, algo residual, sino algo constitucional que habrá de tenerse siempre presente”.

Si aplicamos estos principios a proyectos como el de Granadilla o a los hoteles ilegales de Lanzarote le ahorraríamos trabajo a los ecologistas, a sus abogados, y las islas serían un ejemplo de respeto a la ley. Pero no. Lo que se vio con Tebeto es lo que se sigue viendo con otros casos. Un consejero de Industria, Luis Soria, que ignoró en 2004 lo que la sentencia define como “la prohibición surgida con rotundidad en agosto de 2001 de toda la actividad extractiva en la zona”. Cuenta el Supremo que no hubo lucro cesante, ni derechos consolidados del dueño de Tebeto. El alto Tribunal no entra a valorar el peritaje que realizó el tío de Luis Soria sobre Tebeto y que dio por bueno el magistrado Gómez Cáceres cuando dictó aquella sentencia que pretendía que todos los canarios que pagamos impuestos le diéramos a Bittini 103 millones de euros.

Pero la sentencia del Tribunal Supremo no cae sólo sobre los bolsillos de Bittini y su inexistente lucro cesante, también cae sobre las cabezas de Luis Soria, José Manuel Soria, Miguel Cabrera Pérez-Camacho y José Miguel Barragán. Todos ellos se agarraron a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para atacar a la diputada Paquita Luengo. Ninguno de ellos reaccionó defendiendo los intereses generales, su único objetivo fue dar legitimidad política a la indemnización que imponía Gómez Cáceres, y culpar a la diputada socialista para salvar al exconsejero de Industria Luis Soria.

Sorprende el silencio en las filas del PP y en Barragán después de esta sentencia. Bueno, la verdad es que a mi no me sorprende. Pero si tuvieran algo de dignidad abrirían la boquita para pedir disculpas o, por lo menos, para alegrarse de que la Comunidad Autónoma no tenga que regalar 103 millones de euros a un particular. Hace bien Paquita Luengo en felicitar a Paulino Rivero por su decisión de asumir personalmente el recurso contra la sentencia del TSJC. El presidente canario aprovechó las vacaciones de José Manuel Soria en agosto del año pasado para hacer lo que su consejero de Economía no quería hacer: utilizar todas las vías judiciales posibles para evitar pagar la indemnización de Tebeto.

Si el Gobierno canario hubiera pagado a Bittini ,que había presentado un aval con más sospechas que solvencia, estaríamos hoy con una sentencia del Supremo favorable a los intereses generales y con un gobierno luchando por recuperar el dinero que quería darle Soria. Pero Tebeto sigue siendo un volcán que puede estallar en cualquier momento. La licencia de explotación que se le dio en su día tenía 30 años de duración. Es necesario que el ejecutivo aproveche la sentencia del Supremo para anular definitivamente la licencia de explotación.

Se podría pedir más. Por ejemplo podríamos exigir que se investigue todo el expediente. Que se nos cuente por qué Luis Soria le dio vida a una explotación muerta que, además , incumplía las normas mediambientales de Fuerteventura. También podríamos pedir que nos cuenten por qué después fue un tío carnal de ese consejero el que hizo el peritaje de la montaña a favor de Bittini. Sería interesante investigar por qué los servicios jurídicos no presentaron un peritaje alternativo, más cercano al valor de las piedras y más lejanos a los sueños de pelotazo de Bittini. Y, puestos a investigar, que nos cuenten cómo es posible que unos señores diputados autonómicos (Pérez-Camacho, Australia Navarro, Barragán...) se dedicaron a legitimar políticamente la sentencia que pedía una indemnización de 103 millones de euros. Tebeto tiene pendientes más preguntas que respuestas. La sentencia del Supremo lo único que ha hecho ( y no es poco) es evitar un pelotazo y salvar 103 millones para la comunidad autónoma. Los que pagamos impuestos podemos hacer una fiesta, pero aquellos diputados que tanto hablaban antes de esta sentencia ahora están callados, parece que les da pena que Bittini no se haga rico.

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Juan García Luján