Edificio “Príncipe Felipe”, Santa Cruz

El papeleo excesivo, trámites farragosos y profusión de cargos públicos son índice del nivel social, económico y cultural de un país con ínfulas de civilización occidental, pero propenso a estructuras operativas de tercer mundo.

Aquí, además, se nos complica la situación por la aberrante multiplicidad de competencias sobre una misma área, en virtud de una organización pública poco sostenible. Responsabilidades de gobierno tan sensibles como Servicios Sociales, Sanidad, Vivienda, Cultura, Dependencia, Patrimonio… sufren, sufrimos, la intervención en mezcolanza de Gobierno Central, Autonómico, Cabildos, Ayuntamientos… que, desde distintos colores políticos, se interfieren unos a otros mediante injerencias burocráticas, aprovechando la dispersión de compromisos para escurrir el bulto con el consabido: “No, lo siento. Esto no es de mi competencia”… con rivalidades sobre una misma jurisdicción y convirtiendo el servicio al pueblo en una carga para el usuario.

Por desgracia, parece que hemos asumido esta especie de maltrato oficial como una práctica inevitable y nos tragamos la humillación del “vuelva usted mañana” con paciencia y conformismo. Y solo reaccionamos con levedad cuando algo de esto nos toca de cerca.

Un testimonio crítico como este, no pretende ser un gesto de activismo antisistema, propio de ideologías extremistas y radicales. No es el caso. Se trata de compartirlo para intentar activar conciencias adormecidas por la resignación colectiva. Una pasividad bien aprovechada por el abuso de poder institucional.

No tendría sentido este discurso sin un botón de muestra que avale un criterio personal, desinteresado, bien informado y exento de malintencionada exageración.

Caso vivido de cerca: persona discapacitada con movilidad reducida cuyo certificado se expidió el 14/12/2009 por la Consejería de Bienestar Social del Gº de Canarias. El mismo Organismo le concede la Tarjeta de Aparcamiento para minusválidos el 26/01/2010.

El 23/09/2019, el afectado sufre la sustracción de la tarjeta en su vehículo. El mismo día presenta denuncia en Comisaría de la Policía Nacional.

El 26/09/2019, acude al Registro de la Consejería de Políticas Sociales, sito en el edificio “Príncipe Felipe” de Santa Cruz de Tenerife para solicitar la reposición de la tarjeta sustraída. A tal fin, aporta el impreso de solicitud con informe anexo, la denuncia interpuesta (atestado 20139/19), el certificado de discapacidad, la resolución de concesión de la tarjeta y la foto requerida para la renovación. No se trata de una petición viciosa. Dado su grado de discapacidad la carencia de autorización de aparcamiento preferente afecta muy negativamente su calidad de vida.

Todo en orden, pero se le anuncia que es un trámite complejo y que tardará unos dos meses en serle enviada la tarjeta a su domicilio. Extraña tanta demora cuando en apariencia debiera ser cuestión de minutos comprobar, sellar, firmar y enviar.

Pasado el doble del tiempo previsto sin recibirla, el afectado se personó en el citado edificio “Príncipe Felipe”, con copia de toda la documentación presentada, para recabar información. En el mostrador de atención inicial se le indicó que en el piso de abajo le recibiría un informador para atenderle. El cual no tenía ni idea. No supo informar de nada; que si las copias documentales no eran correctas; que no podía acceder al expediente y que lo único que podía hacer era darle un teléfono de contacto donde quizá pudieran informarle.

Le costó recibir respuesta a dicha llamada. Pero ¡oh sorpresa!... con toda la amabilidad del mundo, eso sí, le comunicaron que era una empresa privada externalizada que trabajaba para esta Consejería; pero que no tenían acceso al sistema informático central y que, por lo tanto, no podían proporcionarle datos del expediente. No obstante, tuvieron la amabilidad de indicarle otros dos teléfonos donde podría pedir cita previa con un “informador”. Tras varios intentos, nadie descolgó ninguno de los dos números entonces ni en días sucesivos.

Sensación de indefensión, menosprecio e indignación. Una situación tan complicada como esta, por un simple trámite que debería ser de ejecución inmediata, que se prolonga absurdamente en el tiempo para daño y perjuicio añadido al damnificado, sugiere la reflexión, de que en otros casos todavía más críticos, como los relacionados con Dependencia o exclusión social, algo o todo se está haciendo rematadamente mal. Que no hay supervisión ni control en los sucesivos pasos o escalones de una gestión administrativa emponzoñada por la desidia y exenta de un mínimo de sensibilidad humanitaria. Condición que debiera se imprescindible para ocupar un cargo o puesto de trabajo público relacionado con asuntos sociales o el supuesto estado del bienestar.

Recomendamos desde aquí al perjudicado, aunque no esté para demasiados desplazamientos, que no ceje en su campaña, que acuda con la reclamación a la cúpula responsable (si la encuentra), que no descarte la vía judicial, pero sobre todo, que divulgue su caso en todos los medios de comunicación que sea posible, como aquí tratamos de hacer, no solo para solucionar su problema, sino para intentar defender los derechos de una sociedad que, aunque se la prive de la simple amabilidad y de la deseada educación mínima, exija el respeto debido a quienes pagan, pagamos, muy generosamente unos servicios públicos que, a veces, parece que lo son en el sentido escatológico del término.