Si ya estuvieran operando por estos lares los nuevos fiscales anticorrupción tendrían un problema enorme, Houston: por dónde empezar. Si lo hicieran, pongamos por caso, con el escándalo de las megaturbinas, les diríamos que revisen bien los proyectos presentados por SPA y los empresarios canarios, porque descubrirían una flagrante contradicción con los mandatos de la Ley y contra la defensa del interés público atribuible teóricamente a José Manuel Arnáiz. Resulta que la ley fija claramente que para menos de 2.500 metros cuadrados de concesión portuaria, el Puerto tiene la potestad de convocar o no convocar concurso. Arnáiz, como es natural, no lo convoca, pero no se lee los proyectos, porque en los que defiende Esquivel, su amigo, se desliza que en dos de los puertos se va a ocupar una superficie superior. Y les dio curso, sin información, sin concurso, sin transparencia. Por la cara, como siempre. Ahora, sin SPA, la cosa se viene abajo.