Que el Gobierno tiene información sobre las tramas penales que se investigan lo tenemos comprobado desde el caso del fraude en el departamento de Vivienda, porque desde el Ejecutivo se sabía incluso el día en que se iban a producir las primeras detenciones. En el caso de Turismo, un jefe de servicio produjo una penosa filtración hacia el funcionario que estaba siendo investigado. Porque si puede considerarse negligente que el consejero se lo contara a su director general y éste al jefe de servicio, más grave es que termine enterándose el encartado. Esto podría explicar, por ejemplo, que un día antes de las detenciones desaparecieran de la consejería siete expedientes muy buscados por la juez Rosell. Al jefe de servicio habría que ponerle un monumento por doble mérito: por la diligencia que tuvo vigilando a su subordinado y por la diligencia que tuvo contándole que lo iban a detener. Un fiera el muchacho.