“El proyecto de Ley podrá distorsionar el funcionamiento de una buena porción del ordenamiento jurídico porque se parte de que éste empieza con él y prescinde de toda consideración sobre su incidencia en el mismo. Se introducen regulaciones paralelas y hasta contradictorias, incluso, no sólo con la normativa autonómica propia, sino también con la del mismo Estado”. Ésta es sólo una de las apreciaciones vertidas por los siete consejeros del Consejo Consultivo de Canarias en el dictamen que emitieron por unanimidad sobre el proyecto de Ley Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana. Desde la Consejería de Presidencia nos telefonearon este martes para indicarnos que quizás se nos había ido la mano a la hora de calificar el meneo que este órgano autonómico, pero con el dictamen en la mano, hay pasajes que deberían azorar a todo un Gobierno, incapaz de tejer un texto normativo que encaje en el ordenamiento jurídico español.