Análisis

La empresa de seguridad que murió de éxito a manos de un juez corrupto

Miguel Ángel Ramírez es la persona que mejor sabe lo que pasó en Seguridad Integral Canaria desde que nació hasta que murió de éxito. Y este miércoles lo demostró sobradamente ante el tribunal que lo juzga por fraude fiscal en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y si sabe todo lo que pasó allí, conoce con precisión el contenido de las diligencias previas 644/2014, las que desde ese año, sí, 2014, lo traen de cabeza por el empeño de la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos de encalomarle 21 años de cárcel. 

Ramírez desplegó sobre la mesa a disposición de los acusados un buen montón de carpetas con documentos meticulosamente ordenados, marcados con cintas adhesivas de colores, de los que fue tirando a medida que consideraba que debía respaldar sus afirmaciones, particularmente las que iban dirigidas a contestar las preguntas de la fiscal. No dejó títere con cabeza, empezando por la representante del Ministerio Público, a la que acusó sin ambages de conocer perfectamente, e incluso de ser partícipe, de la contaminación (prostitución, lo llamó él) que sufrió el proceso por la intervención en noviembre de 2015 del ex juez corrupto Salvador Alba Mesa, actualmente en prisión por prevaricación, cohecho y falsedad documental cometidos precisamente en el entorno de la 644/2014.

Pero ésa es la parte final de la historia. También se detuvo Ramírez en hablar de los orígenes, de por qué el sindicato USO ya le perseguía desde Madrid. “Si no nos llegan a hacer esto, ahora mismo Seguridad Integral Canaria sería la primera o la segunda empresa de seguridad de España; entonces éramos la quinta”. Y ese fue quizás el principal pecado que cometió por ambición Miguel Ángel Ramírez: pretender sentarse a la mesa de las poderosas compañías de seguridad del país, poseedoras de una enorme influencia tanto política como sindical.

Para llegar hasta allí, Seguridad Integral Canaria tomó algunos atajos que luego se tornaron peligrosos, uno de ellos, la famosa reforma laboral de Mariano Rajoy, la de 2012, la que hizo creer a muchos empresarios de este país que todo el monte era orégano, que se podían pactar descuelgues de convenios cuando no su pérdida absoluta de ultraactividad, lo que solo tres años después se cargó el Tribunal Supremo. 

Seguridad Integral Canaria quería ser competitiva y lo consiguió. Sus precios eran inigualables entre otros factores por su política laboral y en aquellos tiempos de crisis financiera e institucional, al PP no se le ocurrió mejor cosa que primar el precio de las ofertas por encima de cualquier otra consideración. Y allí estaba la empresa de Ramírez ganando concursos en organismos públicos, en ministerios como el de Defensa, y poniendo nerviosos a los grandes capos del sector.

Su influencia sigue siendo extraordinaria. Ramírez relató este miércoles al tribunal los nombres de destacadas empresas de seguridad y de servicios de este país sujetas en estos momentos a gravísimos expedientes con la Agencia Tributaria por cantidades infinitamente superiores a las que lo han sentado a él en el banquillo, que no han visto transformadas sus inspecciones en procedimientos penales. Prosegur, por ejemplo, ha tenido que provisionar 45 millones de euros por dos pleitos con Hacienda y todo se dirime en la jurisdicción administrativa. Eulen fue condenada el pasado mayo a seis meses sin poder contratar con la Administración por atentar contra la dignidad de sus trabajadores. En el banquillo, sólo Ramírez, se quejaba el empresario este miércoles.

Cuando las grandes empresas de la competencia clavaron sus ojos en Seguridad Integral Canaria para sacarla del mapa no se imaginaban que iban a contar con un cómplice insuperable: un juez corrupto que iba a coger la causa para utilizarla contra otra jueza, Victoria Rosell. Para conseguirlo, sometió a Ramírez a una presión intensa que el empresario describió con toda crudeza en su declaración ante el tribunal. A Salvador Alba no le importaba el fraude fiscal que investigaba: “Le importaba ponerme una fianza de 35 millones de euros que me costó mi reputación bancaria, empresarial y por supuesto, social; al día siguiente de ponerme la fianza, tenía un servicio en Miami en un banco donde tenía contratados 150 trabajadores y me lo quitaron en 24 horas”.

Pero tampoco le importaba la fianza, relató: “Lo que le importaba era la contabilidad [de Seguridad Integral Canaria] para buscar los contratos de publicidad que tenía con Carlos Sosa”, el autor de este texto y pareja de la jueza Victoria Rosell, por entonces, noviembre de 2015, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados. 

No tuvo reparos Ramírez en involucrar en la operación a la fiscal que le interrogaba, a la que recordó que en la declaración que él pactó con el juez en aquella reunión grabada para la posteridad Evangelina Ríos le hizo “60 preguntas, 52 sobre Carlos Sosa”.

Pero hubo más colaboradores necesarios, como el inspector de la Agencia Tributaria Alejandro Miño, que durante las investigaciones en Instrucción 8 pasó llamativamente de ser auxilio judicial de la jueza a asesor directo de la fiscal Ríos. En su declaración ante el tribunal hace unos días, este alto funcionario, que acudió a la Ciudad de la Justicia arropado por su jefa regional, reconoció que usó “trazo gordo” para determinar las cuantías que supuestamente ha defraudado el acusado Ramírez.

O el inspector de la Seguridad Social Plácido de Blas, que ha cambiado incluso informes para adaptarse a lo que le ordenaba Miño y adecuarse así a la conveniencia del Ministerio Fiscal.

Sin contar una amplia nómina de testigos, extrabajadores de Seguridad Integral Canaria, que han acudido a declarar para aclarar si lo que cobraban eran horas extras camufladas de dietas y kilometraje por desplazamientos o si estos últimos respondían adecuadamente a su enunciado. Ha habido de todo, como cabía esperar. Incluso uno que aseguró que se cobraron dietas y desplazamientos ilegalmente por ir al centro de menores de Valle de Tabares, en La Laguna, que el deponente situó en Santa Cruz de Tenerife para reforzar su testimonio contra su ex patrón.