El último administrador de SIC dice que compró la empresa “libremente”, pero “traicionado” por un abogado

El empresario Héctor de Armas, acusado de fraude fiscal, ha asegurado este miércoles que Miguel Ángel Ramírez “dirigía y daba órdenes directa y expresamente” en Seguridad Integral Canaria (SIC) después de cederle el testigo como administrador único de la empresa, en agosto de 2011. Además, ha sostenido que el pago de horas extra camufladas como dietas (para sortear el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones por parte de Hacienda) “formaba parte del ADN” de las empresas vinculadas con el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

De Armas acabó comprando la empresa a Ramírez (que era el socio mayoritario con más del 90% de las participaciones) en 2018. El contrato de compraventa de esas acciones recogía que en los siete años precedentes había ejercido como administrador único de SIC sin injerencias de ningún tipo, una aseveración que no concuerda con lo manifestado este miércoles ante la Sala. Al ser cuestionado sobre esta contradicción, De Armas ha aludido a su “habitual ingenuidad”, sosteniendo primero que fue “traicionado” por el abogado que redactó ese contrato de compraventa, Sergio Armario, pero admitiendo después, a preguntas del abogado de la empresa, que lo firmó de manera “libre y espontánea”.

El acusado explicó que empezó a trabajar en SIC en 2009 en Tenerife y que, al cabo de un año, se trasladó a Gran Canaria porque la empresa “había crecido mucho” y Ramírez quería una reorganización. Fue en agosto de 2011 cuando se convirtió en administrador único de la sociedad, aunque, según dijo, “no tenía capacidad ejecutiva” sobre ella y todas las decisiones de calado las seguía adoptando Ramírez. Según De Armas, ese cambio se produjo porque Ramírez había sido condenado por un delito medioambiental a una pena de inhabilitación y ello suponía un obstáculo para concurrir a concursos públicos, un extremo que negó en su comparecencia el presidente de la UD Las Palmas, incidiendo en que la inhabilitación era solo para empresas de construcción.

El alcance de la responsabilidad de cada uno de los administradores es una de las discusiones que se han planteado durante el juicio. Ramírez defiende que sus atribuciones como administrador finalizaron en agosto de 2011 y que, por tanto, solo puede asumir lo que decidió antes de esa fecha. De Armas, en cambio, sostiene que su antecesor siguió manejando la empresa “de hecho” a partir de esa fecha y que mantenía reuniones constantes de dirección con lo que calificó como “su guardia suiza”. “La familia de Miguel Ángel Ramírez lo tenía todo absolutamente controlado”, ha afirmado.

Sobre la fórmula de horas extra como dietas, De Armas ha señalado que en un principio le pareció una práctica normal en el sector de la vigilancia privada, máxime cuando la Seguridad Social llegaba a acuerdos de reconocimiento de deuda con la empresa por este motivo sin levantar actas de sanción. Sin embargo, fue a raíz de una inspección de Hacienda en 2012 cuando “tomó conciencia” del posible delito y, según dijo, pensó en poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía o de los tribunales. No lo hizo porque escogió “el camino más difícil”, que consistía en “reconducir la situación hacia la normalidad”, y porque acababa de sufrir un infarto.

De Armas ha afirmado que le propuso a Ramírez acabar con ese sistema de pagos y que el empresario se mostró en un principio receptivo. Entendía que podía ser porque estaba “asustado ante las inspecciones”. Sin embargo, finalmente “la guardia de corps se rebeló” y tumbó la orden, afirmó en referencia a los trabajadores a los que pagaba, también bajo el concepto de dietas, “gratificaciones” por afinidad.

También ha responsabilizado a su antecesor de maquinar el descuelgue de 2012 y el convenio de empresa de 2013, otros dos acuerdos por los que están acusados, o de la decisión de presentar el concurso de acreedores. Además, y en contra de lo manifestado por Ramírez, declaró que este sí tenía acceso a todo el sistema informatizado de Freemática en el que, desde 2012, se almacenaban cuadrantes, nóminas y liquidaciones.

Según De Armas, y ante la imposibilidad de justificar ante Hacienda los aproximadamente ocho millones de euros que la empresa pagó en concepto de dietas durante cada uno de los ejercicios 2008 y 2009 (con Ramírez como administrador único) se “fabricaron documentos” para intentar “dar sentido” a lo que el inspector pedía y, por ello, se presentaron los cuadrantes hechos a mano, las llamadas sábanas.

El acusado ha explicado que durante su etapa como administrador de SIC podía ver cómo Ramírez “despachaba con todo el mundo”. “Me sorprende y me duele humanamente que sin arrugar un músculo de la cara haya mentido como ha mentido esta mañana”, ha añadido De Armas antes de insistir en que Ramírez “nunca se desvinculó” de la empresa. “Era impensable un movimiento de cualquier naturaleza, como el descuelgue o el convenio, que se produjera no ya sin su conocimiento, sino sin su impulso y dirección”, ha redundado.

“Tenía la habilidad de colocar en sitios precisos de la organización a personas de su confianza”, ha dicho sobre quien fuera su jefe, del que también ha afirmado que “nada en la indefinición” y “construye la verdad que se acaba creyendo”.

De Armas ha contestado las preguntas formuladas por todas las partes a excepción del abogado de Ramírez, José Antonio Choclán.