La empresa pública de las ITV valencianas gana 23,7 millones en tres años que antes iban a empresas por la privatización de Zaplana

La recuperación pública de la gestión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) fue uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza generó al anterior Gobierno del Botánico, por las trabas y la enorme cantidad de recursos judiciales que pusieron las empresas concesionarias para torpedear el proceso que impulsó el entonces conseller, Rafa Climent (Compromís), al finalizar los contratos otorgados 25 años atrás. La idea del Consell era que los beneficios que hasta ese momento habían obtenido las empresas revirtieran en las arcas públicas con el objetivo de rebajar las tarifas y mejorar el servicio ampliando el número de estaciones.

La externalización del servicio la impulsó el entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (PP). Un proceso por el que, junto con el Plan Eólico, fue condenado por la Audiencia de Valencia a 10 años y cinco meses de prisión como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil en el marco del 'caso Erial'. Además, se le impuso una multa de 25 millones de euros. El expresidente, en libertad provisional con medidas cautelares, recurrió el fallo al Supremo.

Para gestionar el nuevo servicio de las ITV, el ejecutivo dirigido por Ximo Puig creó el 26 de febrero de 2023 la Sociedad Valenciana de ITV SA (Sitval), empresa pública que asumió las diferentes estaciones y los empleados. Según las cuentas depositadas por la entidad en el registro mercantil, en 2023 obtuvo unos beneficios después de impuestos de 10,9 millones de euros, en 2024 de 7 millones y en 2025 de 5,8 millones de euros. En total, 23,7 millones que han entrado a las arcas públicas.

Sobre el descenso en los beneficios de 2023 a 2024, el informe remitido al registro mercantil afirma que “durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024 la cifra de negocio ha quedado un 6,4% por debajo de la esperada, consecuencia del menor número de inspecciones realizadas por la falta de personal inspector, al no autorizarse las contrataciones indicadas en el Plan Estratégico de la Sociedad”.

Además, añade que “este ejercicio no se han cumplido los datos previstos de inspecciones, como ya hemos indicado, elevándose la ratio de gastos de personal consecuencia de la homogeneización salarial aprobada por el Consell, a pesar de lo cual el resultado asciende a 7 millones de euros, que se traspasarán a reservas voluntarias de cara a atender las inversiones futuras en nuevas estaciones, que recoge el propio Plan Estratégico para los próximos años”.

Según los presupuestos autonómicos recientemente presentados, entre los objetivos estratégicos de Sitval está “adecuar las tarifas, reduciendo en la mayoría de los casos las actuales, a los costes del servicio”, además de construir nuevas estaciones “en Chiva, Torrent, Mercavalencia y Alcalà de Xivert”.

El servicio público también tuvo inicialmente sus problemas, especialmente la falta de números para coger cita. La web de Sitval sufrió un pico de colapso debido a las reservas masivas por parte de talleres que ofrecían a los clientes pasarles la inspección. Sin embargo, a lo largo de 2024 se instauró el pago previo para lograr cita, lo que ha mejorado la situación.

Las tarifas más altas de España durante la privatización

Hasta febrero de 2023, el negocio de las ITV estuvo en manos de las diferentes empresas adjudicatarias. La privatización de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos que autorizó Zaplana provocó un aumento de tarifas que situó a la Comunitat Valenciana como líder de España en cuanto al precio de la inspección durante más de una década.

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional investigada en el caso Erial. Sedesa, propiedad de la familia de los Cotino, vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los investigados.

La privatización del servicio, en 1998, llegó a triplicar el precio a pagar por una inspección obligatoria, que pasó de una media de 18 euros hasta los 46, siempre en función de las características del turismo. Según informes internos de Consell, las ITV facturaron entre 1998, año de la privatización, y 2009 cerca de 317 millones de euros más de los previstos en los cálculos iniciales, entre otras cosas, por la inclusión de la prueba de la sonometría que hizo que los valencianos pagaran un 146% más que otros conductores españoles. Según varios informes de Facua, la Comunitat Valenciana tuvo la ITV más cara de España al menos hasta el año 2012.