Inspección de Trabajo alerta: “Medio Rural de Asturias incumple normas de prevención para el personal veterinario”

Los delegados de prevención del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA) denunciaron ante la Inspección de Trabajo los “numerosos incumplimientos” que se estaban produciendo en materia de prevención de riesgos laborales y afectaban a los facultativos veterinarios, en noviembre de 2024, después de que las reiteradas peticiones que habían realizado a la administración regional para que se corrigieran esas anomalías no hubieran tenido efecto alguno. Casi dos años después, las irregularidades denunciadas han sido constatadas oficialmente.

La Inspección de Trabajo ha requerido a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, de la que es titular el consejero Marcelino Marcos Líndez, para que corrija “de inmediato” la situación denunciada por los delegados sindicales, según ha confirmado el presidente de SIVEPA, José Fernández Romojaro.

Una reunión sin resultados

Tanto los representantes sindicales como los de la Junta de Personal Funcionario habían llegado a mantener una reunión, en septiembre de 2024, con el propio consejero, la secretaria general técnica, Angelina Álvarez González, y la actual directora general Rocío Huerta Miguel.

Dos meses después, al ver que no se avanzaba en la toma de decisiones, los delegados de prevención de SIVEPA denunciaron ante la Inspección de Trabajo que se incumplían, entre otras normas, la evaluación inicial y reevaluación periódica de todos los puestos de trabajo.

“Desde hace la friolera de 25 años, en la mayor parte de puestos de Veterinario/a Oficial y Coordinador/a Veterinario/a no se había realizado ni siquiera la evaluación inicial de riesgos y, en los pocos casos en los que se había hecho, durante todo este tiempo no se había realizado ninguna reevaluación”, explica el presidente de SIVEPA.

Expuestos a riesgos biológicos

Según los datos que maneja el sindicato, en aquellos casos en los que sí se hizo la evaluación inicial de riesgos no se cumplían tampoco las normas “básicas” de prevención de riesgos laborales.

Además, los facultativos sanitarios relataban casos de exposición a riesgos biológicos derivados de enfermedades transmisibles al hombre, en terrenos de difícil acceso plagados de artrópodos transmisores de enfermedades zoonósicas y con animales potencialmente peligrosos por su tamaño o agresividad, al carecer de duchas, vestuarios o ropa y calzado de trabajo.

“Injusta y lamentablemente, para indefensión de los trabajadores públicos, las administraciones, al contrario que las empresas privadas, gozan de total impunidad ante estas graves infracciones puesto que la ley no permite al inspector de Trabajo sancionar a otra administración y ningún cargo de responsabilidad puesto a dedo o ningún político paga factura por ello”, señala José Fernández Romojaro.

“La hipocresía administrativa”

El presidente del sindicato tampoco se muestra muy optimista ante el requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo al Principado al no apreciar cambios significativos en la manera de actuar del Gobierno asturiano.

“Ante esta hipocresía administrativa la triste realidad es que parece que hay que esperar a un grave accidente, una grave enfermedad profesional o un fallecimiento por accidente de trabajo para que actúe la justicia y algo se mueva. Si no, al colectivo sólo le queda ya la movilización y el conflicto laboral por algo que tenía que funcionar de oficio a la perfección y que si la empresa fuera privada ya hubiera sido corregido duramente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social”, lamenta.