Una vez se produjo esa sentencia, las cosas se sucedieron de modo vertiginoso. El 20 de septiembre de 2005, José Miguel Ruano, ahora consejero de Presidencia, nombra a doña Socorro Beato inspectora general de Servicios de la Comunidad Autónoma contraviniendo un decreto de 2004 que, entre otros requisitos, exige que el interesado tenga una antigüedad mínima de cinco años en el Cuerpo Superior de Administradores, antigüedad que empezó a computarle a la señora Beato desde que la sentencia que le dio la razón se tornó firme, es decir, el 12 de enero de 2005. Aun tomando como referencia la fecha en que la interesada llegó a la Comunidad Autónoma (5 de febrero de 2005), tampoco se cumplen los plazos. O sea, que tenemos una inspectora general de Servicios, encargada de que la Administración autonómica funcione dentro de los parámetros legales, que no cumple con uno de ellos. No está mal para animar al personal.