Vale la pena de vez en cuando hacer un ejercicio de recapitulación, ordenar papeles y ver de dónde proceden los más grandiosos acontecimientos que nos toca vivir. Si por ejemplo nos pusiéramos a analizar la investigación abierta en los juzgados canarios sobre el comportamiento del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, descubriríamos que todo se debió en sus orígenes a un simple pleito laboral de reclamación de salarios. Una denuncia laboral, por cierto, que a estas alturas y un año después, sigue sin ser vista en el correspondiente tribunal. La reclamación es de 10.000 euros, la cantidad que reclamó a su antigua empresa, Siemenca, el empresario Alberto Santana, que fue quien denunció ante la Justicia el presunto tráfico de información privilegiada de la Consejería de Industria sobre el concurso de potenciación de energía eólica. Ya saben que investigando esa trama fue cómo el juez Parramón se dio de bruces contra el mismísimo presidente de la Audiencia, José Antonio Martín, al que presuntamente escuchó la Policía charlando de cosas impropias de su condición y cenando con personas con las que tuvo relación como magistrado.