Es poco presentable que los responsables políticos del órgano oficial dependiente del Parlamento que está creado para fiscalizar las cuentas públicas de las instituciones canarias puedan estar en un brete de ser acusados de prevaricar. Y no por una negligencia involuntaria, sino por desoír las exigencias de los técnicos auditores, que en un acta de la Comisión de Control de Calidad sobre la fiscalización al Ayuntamiento de Santa Brígida detectaron los posibles delitos. Algo parecido ocurrió con el caso Amorós, donde los técnicos también señalaron anomalías presuntamente penales, pero en aquel momento el presidente de la Audiencia, Marcelino Rodríguez, había cambiado los procedimientos de informes y lo que se remitió al Tribunal de Cuentas del Estado tuvo la mala fortuna de caer en el cajón más profundo del organismo. Gobernaba el PP aquí y allá, y los cajones eran (y siguen siendo en algunos sitios) sin fondo.