Además del alcalde Cardona, la Justicia ha llamado a declarar al propietario de la promotora Inprocansa, Eduardo Fernández, firmantes ambos del convenio urbanístico que permitió que la parcela del Canódromo pasara a tener unos colosales aprovechamientos urbanísticos a cambio de ceder una parte para el uso ciudadano. Fernández ni siquiera era el dueño de ese abandonado canódromo cuando el Ayuntamiento le hizo ese tremendo favor, completado con la cesión de otras parcelas en distintos puntos de la ciudad que elevaron las compensaciones hasta el disparate. Inprocansa cedió aquellos derechos a su filial Urbacan, que vendió en muy poco tiempo a Realia, actual propietaria de la única de las dos torres hasta ahora levantadas en la parcela. Por el camino, un pelotazo de nueve millones de euros y una sucesión de ilegalidades urbanísticas que ya han merecido condena contencioso-administrativa por parte de la Justicia y un duro escrito del fiscal de Medio Ambiente, que es el que finalmente ha pedido que se reabra esta causa por la vía penal. Esperaremos por las prometidas explicaciones del alcalde y de los demás imputados, a ver si por casualidad alguno de ellos menciona a un personaje imprescindible en todas los grandes convenios/concursos/operaciones que se gestaron bajo el mandato de Soria, su concejal de Hacienda, Francisco, Curro, Fernández Roca. Desde que Cardona es alcalde ha vuelto a vérsele a menudo por las oficinas municipales, seguramente para rememorar aquellas insuperables hazañas.