No es necesario leerse la sentencia, profundizar en los fundamentos jurídicos que han conducido a la Audiencia Provincial de A Coruña a dejar sin culpables la catástrofe ambiental y económica originada por el hundimiento del Prestige. Sus motivos habrán tenido los magistrados para no apreciar dolo o negligencia en el comportamiento de los acusados, incluso para atreverse a elogiar la gestión de la crisis llevada a cabo por el Gobierno de Aznar, que como toda autoridad, destacó al director general de la Marina Mercante, el que mandó al petrolero a alta mar a hundirse con una coletilla que pasará a los anales de la consistencia técnica con la que se tomó esa decisión: “Y a rezar”. Lo evidente es, sin embargo, que la sentencia ha provocado la natural indignación de los más directamente afectados y de todos los españoles que esperaban que se señalara a algún responsable, por muy escondido que pudiera estar en ignotas montañas o conocidas think tank de pensamiento conservador. El petróleo forma parte de nuestra existencia, y los daños que ocasiona son tenidos por el tribunal y por un amplio sector de esta sociedad como connaturales y, como tales, llevaderos con la misma resignación cristiana con que el director de la Marina Mercante invocó en aquellos fatídicos momentos la oración. Contrariamente a lo que ocurre ante una sacudida social como la provocada por el Prestige, no se conoce ninguna reacción del Gobierno del PP anunciando una reforma del Código Penal que endurezca las penas para los autores directos, indirectos, piadosos o herejes que perpetren con su negligencia un daño tan profundo al medio ambiente y a las economías de miles de personas. Otros países teóricamente más insensibles y mucho más vinculados con el poder del petróleo, han sido más contundentes. Véanse las fuertes multas recaídas sobre BP por el tristemente famoso accidente de la plataforma Deep Water en el Golfo de México: 4.500 millones de dólares (3.500 millones de euros). Cierto es que hubo once muertos, pero la mayor parte de la multa (1.250 millones) se destinó a mejora ambiental, y otros 2.394 millones de dólares a la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre. España no fue capaz ni siquiera de sentar en el banquillo al armador del buque. En este contexto tan poco propicio para hablar de las bondades del petróleo, se presenta en Las Palmas de Gran Canaria el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para conceder su primera rueda de prensa desde que José Manuel Soria recuperó para esa compañía los permisos de sondeos en aguas cercanas a Canarias.