Es que en ese informe del Consejo de Estado hay muchos ojos puestos, y por lo tanto es comprensible tanta preocupación. Los intermediarios que hasta ahora han intervenido en los acercamientos entre las irreconciliables posturas institucionales y políticas, ya han anunciado que un pronunciamiento desfavorable de esas instancias del Estado bastará para paralizarlo todo, reconocer que se ha actuado mal, poner el reloj a cero y empezar desde el principio. Con la legalidad por delante, por supuesto. El PSC, mientras tanto, se ha ratificado y enrocado en sus tesis de reclamar la cabeza de Arnáiz, y a continuación proponer un gran pacto del litoral que, entre otras cosas, contemple un concurso de ordenación de todo el frente marítimo de Las Palmas de Gran Canaria. Las instituciones tienen que decir a los técnicos qué es lo que quieren para la ciudad y para el puerto porque se les supone la capacidad suficiente. Y los arquitectos, de aquí o de afuera, plasmar el resultado de ese gran pacto en unos proyectos respaldados por todos.