Con la misma diligencia y con la misma torpeza con que la Fiscalía Provincial de Las Palmas estropeó las investigaciones para descubrir quién o quiénes amenazaron en 2008 al fiscal anticorrupción de la provincia, se actúa estos días para desactivar la investigación que se sigue sobre el concurso de la hemodiálisis, convocado y adjudicado por la Consejería de Sanidad en 2010. La consigna es que las investigaciones las suelte la magistrada Rosell, no vaya a ser que a algún testigo le de por confirmar lo que venimos publicando desde noviembre pasado: que la esposa del fiscal provincial, Lourdes Quesada, fue la que manipuló las bases de ese concurso de 124,7 millones de euros para que pudiera serle adjudicado a la inmobiliaria del abogado Javier Artiles, a la sazón asesor jurídico de la misma consejería. Tal es el grado de posible contaminación de la Fiscalía Provincial, cuyos subordinados ya archivaron al menos una querella en la que aparecía la señora Quesada como imputada, que la Fiscalía Anticorrupción ha tenido que enviar a dos de sus fiscales de Madrid, lo que no es obstáculo para que se sigan produciendo desquiciadas filtraciones tendentes a neutralizar la investigación. Ahora han resucitado el caso del disco duro de la magistrada Rosell alegando la existencia de un informe pericial que concluiría que los ordenadores conectados a Atlante II no pueden ser asequibles en acceso remoto por el administrador del sistema, el Gobierno de Canarias. Nadie, más que el periódico que lo publicó y el autor de la filtración, parecen conocer la existencia de tal pericia, porque lo único confirmado hasta ahora es un informe de la Dirección General de Telecomunicaciones que confirma que basta con que el terminal esté encendido para que se pueda acceder a él. Lo sabe hasta Pamparacuatro. Y de sobra.