Nada por aquí, nada por allá. Los responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el respaldo de los servicios jurídicos, consiguieron este viernes convertir en prestigiditación el normal desempeño del oficio de diputado regional. Constituidos en el Servicio Canario de Salud, con sede en la muy capitalina calle de Juan XXIII, esquina Pérez del Toro, los tres parlamentarios socialistas comisionados para revisar el expediente de la hemodiálisis recibieron de inmediato la solemne indicación de que, de todo lo que iban a ver, una parte pertenece al encriptado mundo de la confidencialidad administrativa. Efectivamente, la Ley de Contratos del Sector Público indica a las claras que los organismos de contratación no podrán divulgar aquella información que las empresas concursantes consideren confidencial, con lo que ya se podrán imaginar lo que en este asunto está protegido bajo ese manto a petición de los licitadores. Y lo confidencial en el expediente de la hemodiálisis es de tal tamaño que no hubo tiempo para desentrañarlo en su totalidad en las dos horas que sus señorías estuvieron en las dependencias públicas. Esperaremos por Wikileaks, a ver.