Competencias de Costas

Los retos y las oportunidades de Canarias para proteger su litoral con el traspaso de las competencias de Costas

Panorámica de playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria.

El 1 de enero de 2023, el Gobierno de Canarias asumirá las competencias de Costas, al igual que otras comunidades como Andalucía o Catalunya. Hasta esa fecha, la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático se encargará del proceso e iniciará consultas y encuentros con las partes interesadas, desde ecologistas y patronales hoteleras a afectados por la Ley de Costas (propietarios de viviendas ubicadas en el litoral), además de las administraciones correspondientes. En general, que la autonomía tenga más potestad para actuar en su litoral ha sido recibido como algo positivo por los actores interesados, al estimar que la cercanía de la institución supondrá mayor sensibilidad y podrá beneficiar sus intereses. 

Canarias tendrá a partir de enero de 2023 las competencias de Costas

Canarias tendrá a partir de enero de 2023 las competencias de Costas

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial ya anunció que el traspaso de competencias no conllevará ninguna reinterpretación en la Ley de Costas de 1988, modificada en 2014, “para favorecer determinados intereses”. Y, en cambio, sí supondrá “una mayor cercanía por parte de la administración”, que tendrá “un interés claro de proteger el litoral como uno de nuestros bienes naturales más preciados”. Pero para Ben Magec-Ecologistas en Acción, las palabras del José Antonio Valbuena “parecen un brindis al sol”, sobre todo después de que declarara en el Parlamento de Canarias su intención de tramitar la licencia de reforma del hotel Oliva Beach el pasado 13 de julio, cuya nulidad de la concesión solicita.

Este hotel es uno de los asuntos clave en materia de costas en las islas en la actualidad. El hotel se construyó en los años 70 sobre las dunas de Corralejo, en Fuerteventura. En 1982 el espacio sobre el que se elevó fue declarado protegido y en 1992 la Dirección General de Costas aprobó un deslinde que incluyó a la obra dentro del dominio público marítimo-terrestre, es decir, desde el mar hasta una línea que dibuja el Gobierno central por conceptos como hasta donde alcanzan las olas, los acantilados o la arena de las playas, entre otros criterios.

En 2003, Costas otorgó una concesión para permitir a la cadena hotelera ocupar la zona, que se prorrogó en 2016 por un periodo de 75 años. El Ministerio de Transición Ecológica inició un procedimiento sancionador en agosto de 2021 después de que técnicos de Costas detectaran que la empresa llevó a cabo distintas actuaciones que contravenían los requisitos exigidos en la concesión otorgada, como limitar los usos y aprovechamientos existentes, además de aumentar la superficie de ocupación en dominio público. Por ello, ya ha iniciado un expediente de inicio de caducidad de la concesión. 

Desde la cadena hotelera, con el apoyo de políticos como Fernando Clavijo (expresidente del Gobierno de Canarias), demandan la autorización del Ministerio de Transición Ecológica para reformar el hotel defendiendo que mantener esta infraestructura supone salvar 400 puestos de trabajo. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), también ha reclamado al Ejecutivo central una solución urgente para evitar dejar en la calle al personal.

“Que el consejero ya haya dicho que va a dar la licencia al Oliva Beach nos parece una apología al delito ecológico”, criticó Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec, quien explica que además de ocupar el dominio público, la empresa ha “construido un aparcamiento, ha aumentado el volumen de la infraestructura y vierte aguas residuales al mar”. Reyes recuerda que el hotel se erige “en una espacio natural protegido como son las dunas de Corralejo” y “pervierte ese espacio”, generando, además, un perjuicio en el resto de hoteleros de Fuerteventura. A juicio de Reyes, el expediente del Oliva Beach “no puede ser transferido” desde Madrid a Canarias porque “la relación contractual seguirá existiendo entre RIU y el Estado”. 

“Se deben poder disfrutar de las dunas de Corralejo limpias y puras como son, hay que recuperar el espacio natural y el Oliva Beach debe irse; si quiere desarrollar actividades turísticas, que se lo curren como el resto de hoteles, que presente su proyecto y que lo haga en suelo legal. Lo demás, es un robo al ciudadano”, apunta Reyes. Por ello, asegura que los ecologistas se mantendrán alerta, pues aunque es partidario de “una gestión cercana”, reivindica que “se deben respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos” y denunciarán “cualquier irregularidad que se cometa”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa demanda que se otorgue “ya” la licencia de reforma al Oliva Beach porque genera muchos puestos de trabajo que suponen el sustento de centenares de familias que no tienen otra alternativa en la zona. Junto a la patronal turística de Tenerife y la de Fuerteventura, demandaron al Gobierno de Canarias poder ser escuchados “en esos expedientes que están abiertos que deben pasar ya a ser solventados”. 

La Consejería de Transición Ecológica anunció que se creará una comisión junto al Ministerio de Política Territorial para analizar todos los expedientes en trámite. Mañaricúa entiende que las patronales no puedan participar en esa comisión, pero sí reclama que se cree “una mesa aparte en la que podamos estar” para que se les tenga en cuenta.

Otra de las demandas de la patronal de Las Palmas es la renovación de los usos de temporada en playas, como sombrillas, hamacas o chiringuitos, para tener unos servicios similares a los de las costas andaluzas o de Baleares. “Hay zonas sin barandillas en áreas turísticas, como en San Agustín, que dan vergüenza y generan riesgos para los turistas y residentes”, señala Mañaricúa, quien también cita el “penoso estado” del paseo de Patalavaca.

“Cuando nos preguntan por qué tanto interés de tener Costas en Canarias, ¿es porque no queremos aplicar la ley? No, para nada. Pretendemos que las infraestructuras estén igual de bien como están en otros destinos. Queremos lo mismo que Baleares y Andalucía en sus playas, con chiringuitos con servicios impresionantes. En Canarias tenemos un modelo de hace 40 años”, lamenta Mañaricúa.

Según el presidente de la FEHT, desde Madrid “no han mostrado empatía o preocupación por mantener el litoral canario en buenas condiciones” y entiende que el Gobierno canario, al ser más cercano, “es más consciente de la situación y tendrá mayor obligación de intervenir”, algo que trasladará a Valbuena cuando se sucedan las rondas de consultas. 

La Consejería de Transición Ecológica ha remarcado que el sector hotelero es una de las partes implicadas y como tal se reunirán en lo que queda de año para analizar los expedientes relacionados con el sector, matizando que hará lo mismo con el resto de actores interesados. “Lo que hemos reiterado es que este traspaso no supondrá una reinterpretación de la ley vigente para favorecer determinados intereses”, ha insistido. 

Para los ecologistas, las patronales turísticas “tienen todo el derecho del mundo a personarse y alegar lo que consideren”, pero estima que “no pueden ser quienes determinen los designios de los bienes públicos, no pueden convertirse en gestores a la hora de tomar decisiones, eso solo lo puede hacer la administración pública”. En este sentido, Reyes asegura que también se mantendrán alerta ante las presiones que pueda recibir el Gobierno regional de las patronales, a quienes acusa de “hacer chantaje con el Oliva Beach, usando como escudos humanos a los trabajadores”.

El portavoz de Ben Magec dice que, de ser convocado para la ronda de consultas, demandará a Valbuena que se tramiten “expedientes sancionadores de todas las irregularidades” porque “las infraestructuras o equipamientos en dominio público deben salir de ahí, esa zona no debe ocuparla nadie; es un bien económico para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones”. Recuerda que Canarias recibe unas “costas degradadas” y, además, en un escenario de cambio climático. “Se sabe que antes de 2050 desaparecerán 40 playas de Canarias y los retos no serán nada fáciles”, manifiesta Reyes, quien aboga por adaptar las costas de las islas al plan de transición ecológica de la autonomía.

Otro de los puntos a tratar durante la ronda de consultas serán las viviendas o núcleos poblacionales costeros. Desde 2014 existe la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, que firmó en 2016 con el Gobierno de Canarias un protocolo de cooperación junto a la Fecam y la Fecai para constituir una comisión mixta y tratar este asunto. José Luis Langa, presidente de la Plataforma, dice que espera la llamada de Valbuena en la ronda de consultas que ha anunciado para poder dar operatividad a dicha comisión mixta, de cara a buscar fórmulas que incidan en lograr la regularización del mayor número de edificaciones afectadas por la Ley de Costas.

El objetivo que persigue la plataforma es que se interprete la Ley de Costas con “sensibilidad hacia el pueblo canario” que habita en zonas costeras, pues estima que más de 60 de los 88 municipios están afectados por la normativa. Langa demandará a Valbuena que se analice “municipio a municipio”, para comprobar si son asentamientos habitados durante generaciones y si se pueden considerar núcleos urbanos consolidados porque cuentan con electricidad, agua, carreteras o colegio.

Langa recuerda que la plataforma lleva años reivindicando el traspaso de las competencias porque “desde Madrid es imposible tener la misma óptica o sensibilidad, aquí se sabe lo que significa Ojos de Garza, Boca Cangrejo o Fuencaliente, teniendo en cuenta el territorio y a las familias que los habitan”. La plataforma ha llevado a los tribunales los desalojos de familias en el Faro y Puntalarga, en el municipio de Fuencaliente (La Palma) por una orden de demolición del Servicio Provincial de Costas de Tenerife. En junio de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias admitió los recursos contra los desalojos. 

“Parece que este caso va por buen camino”, añade Langa, quien recuerda que también defienden a las poblaciones de Ojos de Garza (Gran Canaria), Las Bajas (Tenerife) o Valle Gran Rey (La Gomera) “por si hay que dar el paso a los tribunales”. En cualquier caso, estima que si la comisión mixta estuviera operativa, no sería necesario tener que llegar a los tribunales porque estas situaciones podrían resolverse por las administraciones.

Langa no esconde que la Ley de Costas le parece “injusta” con los núcleos poblacionales costeros de las Islas porque “confisca derechos adquiridos durante años”. Recuerda que con la modificación de 2014, se desafectaron de la normativa diversas poblaciones costeras en península e, incluso, la isla entera de Formentera. “¿Por qué en Canarias no? Yo reivindico que en esta autonomía, que es la que tiene más costas, se desafecten los núcleos consolidados en el tiempo” a través de una nueva modificación de la Ley de Costas.

Pero en el escenario actual, Langa, también abogado, reconoce que “hay que respetar esa ley”, insistiendo en poder “interpretarla con la sensibilidad que requiere el pueblo canario”, recordando que en las Islas se han constatado núcleos poblaciones en la costa desde inicios del siglo XX ligados a la pesca o la agricultura. “Los sentimientos a veces no admiten deslindes. Hay que tener mucho cuidado cuando deslindamos por las familias que pueden ser perjudicados”, señala.

¿Cómo se hará el traspaso de competencias?

Este año se traspasarán 20 puestos de trabajo del Gobierno central al autonómico (diez adscritos a la Demarcación de Costas de Las Palmas y otros diez al Servicio Provincial de Costas de Tenerife), siete vehículos, la sede de Arrecife (Lanzarote) y parte de las plazas de garaje del inmueble en el que se ubica la sede del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife, lo que supone un montante total de algo más de 800.000 euros. En 2023, se prevé incrementar la plantilla con otras 25 puestos de trabajo y el presupuesto aumentará hasta 1,5 millones de euros.

El Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018 ya recogía que el Gobierno regional tiene competencias exclusivas en la ordenación y uso del litoral y de las playas, pudiendo otorgar y gestionar las autorizaciones o concesiones que impliquen ocupación en el dominio público marítimo-terrestre. Desde el comienzo de la presente legislatura, comenzó la negociación para hacer efectiva la transferencia, constituyéndose una comisión bilateral con el Ejecutivo español que confluyó en la firma del acuerdo el pasado 27 de julio, entre el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Las competencias de Canarias en sus costas

La comunidad autónoma, así como cabildos o ayuntamientos, ya contaba con competencias en la gestión de aperturas de expedientes sancionadores si la infraestructura estaba ubicada en zona de servidumbre, es decir, la franja de terrenos de propiedad privada colindante con el dominio público marítimo-terrestre que puede abarcar desde los 20 a los 200 metros. 

El Ejecutivo regional es la administración encargada de autorizar las obras, instalaciones y usos en la servidumbre de protección, en el que, según la Ley de Costas, se prohíben nuevas construcciones, viviendas u hoteles de ningún tipo, permitiéndose instalaciones deportivas, acampadas, cultivos o servicios destinados a los usuarios de la playa. Con el traspaso de las competencias, las atribuciones de la autonomía se amplían, pero el Gobierno central seguirá manteniendo diversas concesiones o delimitaciones e, incluso, ambas gestionarán en conjunto determinadas funciones.  

En concreto, Canarias y el Estado tendrán competencias compartidas en la construcción de nuevos puertos y vías de transporte; en el cumplimiento del régimen general del dominio público en la ordenación territorial o en inversiones de interés general.

Las competencias del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias tendrá capacidad para autorizar los usos de temporada en playas y mar territorial, como sombrillas, hamacas o chiringuitos. También, al igual que hacía en la servidumbre de protección, podrá autorizar ocupaciones en el dominio público y en la servidumbre de tránsito, es decir, una franja de seis metros que separa la servidumbre de protección (zona privada) del dominio público y en la que no está autorizada la construcción de ninguna instalación, y solo se permite el uso público peatonal y de los vehículos de vigilancia y salvamento.

La Consejería de Transición Ecológica podrá otorgar concesiones demaniales, es decir, otorgar a una persona, física o jurídica, el derecho de uso privado de un bien o terreno público, aunque la titularidad sigue siendo pública. Y, además, podrá autorizar obras y actuaciones en el litoral si no son de interés general o participar en las obras de interés general en las costas del Archipiélago.

Las competencias que seguirá manteniendo el Estado

El Gobierno central seguirá siendo la administración encargada de fijar la línea del dominio público marítimo-terrestre. Ello conlleva también la delimitación de la servidumbre de tránsito.

También se encargará de elaborar informes preceptivos para garantizar la integridad física y uso del dominio público marítimo-terrestre y fijará el importe que se debe abonar por ocupar o aprovechar la zona pública costera. Además podrá dar por terminada una concesión demanial cuando lo exijan razones de interés general.

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