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Freno a más playas, reformas de hoteles o puertos deportivos: las barreras de Costas a las actuaciones en el litoral canario

Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura.

Nuevas playas artificiales, construcción de puertos deportivos o ampliaciones de hoteles. Son solo algunas de las actuaciones que han sido paralizadas por la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno de España durante los últimos años en Canarias. La laxitud con la que ha actuado en el pasado en determinados escenarios la demarcación canaria del órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica para proteger el medio ambiente costero, contrasta con las barreras elevadas durante los últimos años por una dirección que desarrolla una concepción integral del dominio público. Las mesas de los técnicos en las islas se llenan de informes a rellenar para determinar si la actuación que se investiga cumple o no con la normativa. Entre 200 y 300 expedientes sancionadores cada año, en su gran mayoría por estacionamientos en dominio público, como acampadas, que se gestionan con rapidez; pero también otros que revisten mayor complejidad en materia urbanística e implican a varias administraciones.

Polémica por la construcción de playas artificiales en el suroeste de Gran Canaria

Polémica por la construcción de playas artificiales en el suroeste de Gran Canaria

Las consecuencias de las ralentizaciones de proyectos en el litoral canario hasta cumplir con la legalidad exigida por Costas han llevado a patronales hoteleras a alzar la voz en protesta y celebrar que se esté negociando el traspaso de competencias de Madrid a Canarias. Porque consideran que habrá mayor agilidad. “Supondrá una gestión más cercana y más ágil que desde Madrid, donde no tienen ni la perspectiva ni la visión que existe en las islas”, asegura el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa, aunque los técnicos y directivos de las dos demarcaciones de Costas son y viven en las Islas.

Uno de las iniciativas que más ha enfrentado al sector turístico con Costas ha sido la reforma del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura. “Madrid lo ha paralizado. Han pasado dos años y aún no ha aceptado o denegado la solicitud de renovación. Tan solo pedimos rapidez en la contestación”. La cadena RIU construyó el Hotel Oliva Beach en los años 70 sobre las dunas de Corralejo. Cuando en 1982 el espacio sobre el que se elevó fue declarado protegido, la Dirección General de Costas trazó un deslinde que incluyó a la obra dentro del dominio público marítimo-terrestre, es decir, desde la ribera del mar hasta una línea que dibuja el Gobierno central por conceptos como hasta donde alcanzan las olas, los acantilados o las playas, entre otros criterios. 

En 2003, Costas otorgó una concesión para ocupar la zona, ampliable por 60 años. El actual Ministerio ha iniciado la tramitación de un expediente para anular la concesión, lo que llevó al presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, a reclamar una solución con urgencia para evitar dejar en la calle al personal que estaba empleado en el hotel. Lo cierto es que, ante las propuestas presentadas por la cadena hotelera, Costas ha remarcado una y otra vez que lo presentado se ajuste a la legalidad. 

En Lanzarote, el año pasado Costas desautorizó al empresario más influyente de la isla, Juan Francisco Rosa, que pretendía cobrar por acceder a una zona costera pública al tener su Hotel Fariones la concesión para ocupar el embarcadero. Cuando tuvo conocimiento de esta acción, el órgano aclaró que el inmueble turístico no podría cobrar por acceso a un muellito ubicado en dominio público marítimo-terrestre, porque pasear, tomar el sol o bañarse eran actividades gratuitas. 

También en 2020, la demarcación en Canarias de la entidad aún estatal ordenó demoler una parte del hotel Beach Club, ubicado en primera línea de playa de San Agustín (Gran Canaria), una década después de que lo mandara el Tribunal Supremo. Extur GC, la empresa que explota el complejo turístico, había construido en la servidumbre de tránsito, una zona en la que solo se permite el paseo público peatonal y la circulación de vehículos de vigilancia y salvamento. De unos seis metros de extensión, separa el dominio público marítimo-terrestre de la servidumbre de protección, donde la propiedad es privada y se permiten instalaciones deportivas, acampadas, cultivos o servicios destinados a los usuarios de la playa. Puede tener una extensión, como mínimo, de 20 metros ampliable a 200. A partir del final de este espacio, ya es posible construir hoteles o viviendas.

Playas

A finales de 2020, la Demarcación de Costas denegó la solicitud de ocupación de dominio público marítimo-terrestre a la empresa Unimadoc S.L., que proyectaba crear una playa artificial en Los Frailes y la ampliación y mejora de Medio Almud. Se trata de dos enclaves naturales ubicados en el municipio de Mogán, en la desembocadura de los barrancos homónimos. Ambos proyectos fueron sacados a exposición pública en el Boletín Oficial de Las Palmas del 6 de julio de 2016, pero la entidad estatal estimó en noviembre del año pasado que las obras generarían perjuicios ambientales en zonas de alto valor ecológico.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la patronal turística Ashotel ha criticado la paralización de proyectos en el litoral de la isla del Teide y recibió entusiasmada el anuncio de la transferencia de competencias. Su presidente, Jorgen Marichal (que continúa en el cargo a pesar de hacerse pública su condena a dos años de cárcel por un delito de fraude fiscal), recordó la necesidad de mejorar las playas de El Camisón o Fañabé, con proyectos privados presentados hace dos años que siguen a la espera.

Pero la paralización de las actuaciones no solo ha tenido relación con decisiones de la Demarcación de Costas. Es el caso de la playa de Martiánez (Puerto de la Cruz) o de los Tarajales (Arona); en ambos enclaves se han proyectado desde hace años una actuación de mejora y de rehabilitación, pero los impactos ambientales emitidos en su momento han caducado. Y los partidos políticos se han echado la culpa unos a otros por no ser capaces de ejecutarlo cuando ostentaban la alcaldía del municipio.

Precisamente por llevarse a cabo actuaciones en el litoral sin seguir los requisitos establecidos, personal de Costas ha acabado siendo investigado en los tribunales e incluso condenado. En Tenerife, la ampliación del Monkey Beach, en primera línea de playa en Adeje, ha propiciado la apertura de una investigación en el Juzgado de Instrucción Número 4 en Arona en el que, entre otros, están imputados la exjefa de la Demarcación Provincial de Costas Teresa Sánchez.

Y en la playa de Tauro, en Mogán, la Dirección General de Costas anuló la concesión al Grupo Anfi de 11.200 metros cuadrados del dominio público marítimo terrestre en dicho enclave. Las irregularidades en esta concesión le costaron al exjefe de la Demarcación de Costas José María Hernández de León una condena por prevaricación y falsedad documental de tres años de prisión y nueve de inhabilitación, pero posteriormente fue absuelto al no considerar el TSJC probada la ilegalidad de sus actuaciones.

Puertos

En Tenerife también se ha proyectado la creación de un puerto pesquero, deportivo, comercial y turístico en Puerto de la Cruz. Actualmente ni se contempla financiación para este proyecto en los presupuestos generales de la autonomía, pero en 2019, el expresidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso acusó a Costas de paralizar la iniciativa con nuevas exigencias a cumplir, una afirmación que el órgano desmintió. El muelle no había avanzado porque se requería un estudio detallado sobre las medidas correctoras ante la afección que provocaría sobre los hábitats y especies del entorno, algo que no fue entregado.

Recientemente el Parlamento de Canarias aprobó, solo con la oposición de Sí Podemos, instar al Gobierno regional a impulsar el puerto de Fonsalía, en Guía de Isora. Este proyecto, que se ideó hace más de dos décadas para unir el sur de Tenerife con las otras tres islas occidentales, es otro ejemplo más en las islas de una confrontación entre intereses económicos frente a una protección ambiental. Mientras asociaciones empresariales y administraciones públicas han apoyado la obra, un estudio de la Universidad de La Laguna concluyó que provocaría relevantes impactos mediambientales. Costas refrendó dicho documento con un informe negativo sobre el proyecto. 

Agencia Canaria de Protección del Medio Natural

Los informes o resoluciones de Costas sobre actuaciones en el litoral se comienzan a redactar una vez llegan a la demarcación por alertas o avisos, denuncias o por la investigación de los propios agentes técnicos o de la Guardia Civil. Al igual que sucediera con la escollera de Maspalomas, un dique que se amplió en dominio público sin la autorización correspondiente, el órgano estatal envió a agentes a la zona para comprobar las ejecuciones realizadas tras una publicación en redes sociales.

Durante dichas actuaciones, también acudió al arenal personal de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) para comprobar si la actuación entraba dentro de sus competencias, es decir, dentro de la servidumbre de protección. Actualmente, el Gobierno regional ejerce las competencias para sancionar en dicha zona y, una vez el traspaso con Madrid se haga efectivo, previsiblemente, también la tendrá en dominio público. No así, sin embargo, delimitar el deslinde o declarar obras de interés general, pues esta facultad continuará ejerciéndola el Gobierno central.

Durante 2020, la ACPMN, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial realizó 40 inspecciones relacionadas con la Ley de Costas que, sin embargo, no puede desvelar en detalle porque afectan a la privacidad de los afectados. En respuesta a esta redacción, sí relató que entre sus prioridades de actuación, destaca los vertidos al mar sin autorización o edificaciones sin título habilitante de uso residencial. Las sanciones que impone la agencia oscilan desde los 300 a los 30.000 euros. 

Dos de las actuaciones más sonadas de esta agencia tuvieron lugar en La Gomera y en Tenerife. En concreto, a finales de 2006 se desarrolló en El Sauzal (Tenerife) la demolición de decenas de casetas de uso temporal en la costa y su posterior restauración, al detectar que estaban en una zona costera de alto valor ecológico. Y en Puntallana (La Gomera), se demolieron en 2008 unas sesenta edificaciones y se rehabilitó el entorno de la Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, una Reserva Natural.

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