Accionistas minoritarios piden al Santander que cese a Sáenz
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Un grupo de accionistas minoritarios del Banco Santander ha solicitado a la entidad que cese “de inmediato” al consejero delegado, Alfredo Sáenz, y que no le abone cantidad alguna por la pensión acumulada durante sus nueve años en el cargo, ya que dada la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo ésto supondría un fraude de Ley.
En un burofax enviado ayer al banco, al que tuvo acceso Europa Press, estos accionistas, que controlan un 0,012% del capital, instan a la entidad a que cese a Sáenz de todos los puestos que ejerce dentro del Grupo Santander y que convoque una junta general de accionistas con objeto de ratificar su marcha.
Además, estos accionistas minoritarios requieren al consejo de administración que “no abone ni un euro” por el cese en concepto de pensiones complementarias u otros seguros, que según las cuentas del banco correspondientes a 2009 ascendían a 85,7 millones de euros y 11,1 millones de euros, respectivamente.
Este grupo de accionistas advierte de que cualquier pago de este tipo supondría un “fraude de Ley” en caso de que se haga mediante una salida pactada de baja voluntaria o jubilación, ya que el Supremo ha dictado su inhabilitación para ejercer cualquier puesto dentro del sector financiero por delitos de acusación falsa y estafa procesal cometidos en 1994 cuando era presidente de Banesto.
Dentro de esta petición, dichos accionistas incluyen cualquier pago de 'stock options', dietas pendientes, cantidades variables u otros conceptos recogidos en la memoria de la entidad cántabra bajo la denominación de 'Resto' y piden que se exija a Sáenz la devolución de todos los créditos concedidos por el banco.
Los minoritarios representados por el abogado Antonio Panea, querellante en numerosos casos abiertos contra el Santander como las 'cesiones de crédito' o los supuestos pagos al juez Baltasar Garzón, acumulan cerca de 1 millón de acciones de la entidad cántabra, representativas del 0,012% del capital. Por su parte, Sáenz posee 2,24 millones de acciones del banco, un 0,027%.
El abogado explico a Europa Press que también van a pedir al Banco de España que ordene el cese de Sáenz, ya que, de no hacerlo, el organismo estaría incurriendo en un presunto delito de “prevaricación”, al estar obligado por la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
La sentencia, conocida ayer pero pendiente de redacción, endurece el fallo dictado en diciembre de 2009 por la Audiencia Provincial de Barcelona contra Sáenz, Rafael Jiménez de Parga --letrado externo de Banesto-- y Miguel Ángel Calama Texeira --que era director regional de Banesto en Cataluña-- por interponer una denuncia falsa contra directivos del grupo Olabarría por el impago de una deuda al banco de 600 millones de las antiguas pesetas (3,6 millones de euros), hechos que se remontan a hace quince años.
