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Trabajo augura ''despidos masivos'' en el Archipiélago

La directora general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Gloria Gutiérrez, ha advertido que la reforma laboral aprobada por el Gobierno central provocará “despidos masivos” en el Archipiélago, ante las “facilidades” que otorga a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que no necesitan la autorización de la Autoridad Laboral para producirse.

Gutiérrez señala como uno de los aspectos “más graves” de la reforma, el que las empresas tengan que aludir a una disminución de ingresos acaecidos durante nueve meses y no a pérdidas, para efectuar un ERE. Algo que ocurre en “todas las entidades” debido a la crisis económica, puntualiza.

En declaraciones a ACN Press, manifiesta que es “bastante probable”, que el número de desempleados alcance las 400.000 personas en las Islas. Un pronóstico que denunció recientemente el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, tras la publicación en el Boletín Oficial del estado (BOE) del Real Decreto Ley.

Hasta su entrada en vigor, la Autoridad Laboral se encargaba de autorizar o desestimar los ERE, mientras que en la actualidad “el empresario simplemente lo que tiene que hacer es dar cuenta”, lo que “deja a los trabajadores en la más absoluta indefensión, pues pasa de ser un acto administrativo a ser una decisión empresarial”.

A pesar de que dice no tener constancia de ninguna nueva petición de administraciones o empresas para realizar despidos de la plantilla, advierte de la pérdida de la “razonabilidad y proporcionalidad” aplicada por Trabajo. “Si nos solicitaban la extinción de 50 personas y entendíamos que con solo cinco la empresa podía solventar la situación económica, lo autorizábamos parcialmente”. Una decisión que tomará a partir de ahora el empresario. “Nos han vaciado la competencia”, reivindica, “porque en estos momentos la Autoridad Laboral solo puede hacer advertencias y recomendaciones y en principio vamos a instruir un expediente”.

Pérdida de derechos y provocación

Gutiérrez define la reforma laboral como “una provocación a la clase trabajadora en toda regla” en la que “se deja en la más absoluta indefensión al trabajador y se le da toda la potestad al empresario, ya no sólo para despedir, sino incluso para modificar las condiciones de trabajo”.

Tras leérsela “un par de veces” dice no apreciar “nada positivo” en la norma, a pesar de que el Real Decreto establece que “esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”.

Respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que reconoció el miércoles pasado que las reformas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros no van a “producir efectos en el corto plazo”, pero que sentaban las bases del crecimiento, señaló que “una cosa es lo que dice y otra distinta es el texto legal, lo que hace es abaratar los despidos y cargarse la negociación colectiva”.

El aumento de desempleados en Canarias provendrá en mayor medida, explica, del denominado contrato de emprendedores, que autoriza un año como periodo de prueba. Una iniciativa tomada para fomentar el empleo entre los jóvenes y que tacha de “engaño”, porque “se trata de un periodo muy largo y al final del contrato pueden ser despedidos sin ningún tipo de indemnización ni de derecho alguno”. Además, añadió que “todos los trabajadores que tienen cierta antigüedad pueden ser víctimas de despido”.

Para la directora general de Trabajo, la reforma “lo deja todo mal”, en referencia a unos posibles efectos positivos a largo plazo, porque en el futuro “te van a seguir pudiendo despedir por 20 días, esa facilidad va a estar ahí”. “Todo lo que es la estabilidad y derechos del trabajador conquistados a base de mucho esfuerzo y hasta de mucha lucha, se han quedado diluidos de repente”, denunció.

Por este motivo, exigió que “se dé marcha atrás” y que se vuelva a implantar la autrización previa de la Autoridad Laboral para los ERE, que no se “desregulen” los convenios colectivos que dejan a los trabajadores “sin fuerza” ante el empresario, y que el directivo “no pueda adoptar de forma unilateral el abaratamiento de las condiciones de trabajo”. Unas medidas que espera que se puedan “paliar” en el trámite parlamentario.

“Tiene que haber un control de lo que es la crisis de la empresa, si realmente la crisis afecta a la empresa, o lo que se quiere es quitar a los trabajadores por otros más baratos, que es lo que va a pasar”, advirtió.

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