El Defensor del Pueblo de la UE pide hacer públicos los documentos de Granadilla
El Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros, ha solicitado este martes a la Comisión Europea (CE) que haga públicos los documentos sobre la construcción del puerto industrial de Granadilla, en Tenerife, después de analizar una reclamación de la Oficina Europea de Medio Ambiente (OEMA).
Esa confederación de organizaciones en favor del medio ambiente vio rechazada por parte de la Comisión su solicitud de acceso a dichos documentos, indicó la oficina de Diamandouros en un comunicado.
La Comisión alegó que las autoridades españolas se oponían a publicar documentos producidos en España, y que el resto de la documentación eran informes “internos” de la propia CE relativos a la aprobación del proyecto de Granadilla, recuerda la nota.
La Comisión también afirmó entonces que la revelación de los documentos “perjudicaría seriamente el proceso de toma de decisiones en dicha institución”.
En cambio, tras inspeccionar la documentación, el Defensor del Pueblo ha considerado que, “salvo en un caso, debería facilitarse el acceso a los documentos internos”.
La excepción se refiere a un documento interno del Ejecutivo comunitario que, aunque contiene “observaciones importantes”, no añade elementos “sustantivos” que no sean ya de dominio público o que no se encuentren en otros archivos que, a juicio de Diamandouros, deben ponerse a disposición de los ciudadanos.
Además, considera que su revelación “minaría la expresión independiente de opiniones sobre el asunto y pondría en peligro la calidad y solidez de la eventual decisión”.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo europeo recomendó que la Comisión contacte “de nuevo” con las autoridades españolas y “revele” los documentos internos producidos en ese país, a no ser que España ofrezca una “justificación para oponerse al acceso” que cumpla con los estándares previstos por el Tribunal de Justicia.
En caso de no existir tales motivos, el Defensor opina que la Comisión debería “revelar” los documentos.
Además, no encontró evidencias de que la revelación de la mayor parte de los documentos internos pudiese perjudicar el proceso de toma de decisiones por parte de la Comisión, y señaló que, “al contrario”, esa autorización “ayudaría a mejorar las deliberaciones internas” de la CE.
La Comisión aprobó en 2006 el proyecto de las autoridades españolas de construir un puerto industrial en Granadilla, aunque los tribunales españoles acordaron la suspensión cautelar de las obras por el posible impacto medioambiental en determinadas especies de algas marinas.
En julio de ese mismo año, la OEMA solicitó a la Comisión acceso a varios documentos relacionados con su decisión de aprobar la creación del puerto.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió en marzo pasado posponer el debate sobre la legalidad del puerto de Granadilla, hasta que el procedimiento abierto por el Tribunal Superior de Justicia Canario -que ha supuesto la paralización de las obras- termine su curso.
El Defensor del Pueblo europeo ha solicitado a la Comisión Europea que presente su opinión detallada antes del 31 de octubre de 2009.
