El Gobierno canario cierra un listado de 156 productos con AIEM, el polémico arancel a la importación que protege a la industria local

Reunión por videoconferencia del consejo de Gobierno en la sede de Las Palmas de Gran Canaria

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

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El consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves una nueva lista con 156 productos sujetos al Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías (AIEM), un arancel incluido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) a la importación de productos, desde las papas o quesos hasta los cartones o el cemento. El Ejecutivo regional debe obtener la autorización definitiva antes del 31 de diciembre de la Unión Europea para que entre en vigor el 1 de enero de 2021 hasta 2017.

El portavoz el Ejecutivo regional, Julio Pérez, ha explicado que se trata de “un tributo que pretende proteger a las producciones locales” y tiene “una gran importancia económica” tanto para los sectores primario y secundario como para Hacienda, pues supone “una fuente de recaudación”, estimada en unos 140 millones de euros anuales según la Consejería.

En un comunicado, el Gobierno de Canarias detalla que se han incluido 46 productos nuevos respecto al listado anterior, confeccionado en 2014, se añaden 22 más y se eliminan 20. Así, el nuevo AIEM gravará la importación de 67 productos de alimentación y bebidas; 13 relacionados con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; cuatro de minas y canteras; 13 de materiales de construcción; 34 de química; 12 de industrias metálicas; uno de tabaco; tres de textil, cuero y calzado; seis de transformados de papel y 3 de artes gráficas.

El portavoz del Gobierno regional ha resaltado que se haya gravado de forma inédita la importación de “ropa deportiva” porque “ahora se fabrica en las Islas”, o también “las fresas y las rosas”. A su juicio, esto supone “alguna pequeña dificultad para la importación con la idea de que la industria canaria tenga una ventaja”.

Además, se añaden cinco productos más respecto a la propuesta que el 24 de abril el Gobierno de Canarias remitió a todas las organizaciones que han participado en el proceso de negociación durante el último año y medio, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) a la Asociación Industrial de Canarias (Asinca).

También han participado la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) o la federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), quienes han manifestado en reiteradas ocasiones (y cada que vez que se vuelve a negociar el arbitrio) su desaprobación al considerar que encarece la cesta de la compra o protege a industrias cuya matriz está en el extranjero.

Sin embargo, en la nota, el Ejecutivo regional considera “indiscutible” la necesidad del AIEM “para compensar las desventajas estructurales” del Archipiélago“ y recuerda que ha sido autorizado por la propia Unión Europea. Además, ante las ”circunstancial actuales y la inminencia de una crisis extremadamente profunda“, el Gobierno dice que ”precisará de todos los instrumentos a su alcance para dinamizar su economía e ir reduciendo su dependencia del exterior“.

A su juicio, la crisis derivada de la COVID-19 ha puesto de manifiesto “la importancia fundamental de mantener y potenciar el sector primario y el industrial en Canarias, como garantía de un cierto grado de soberanía alimentaria y capacidad de autoabastecimiento”, al tiempo que justifica al AIEM para que las producciones agroganaderas o industriales y de alimentación puedan “competir en mejores condiciones con los productos competidores importados a muy bajo coste”.

El Ejecutivo regional también desmiente a las patronales como Cecapyme o la FEHT, que aseguran que el AIEM encarece la cesta de la compra en las Islas: “El estudio de impacto económico elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo e incluido en la propuesta aprobada concluye que el Índice de Precios al Consumo canario ha sido siempre inferior a la media estatal desde que se notificó por primera vez a la Unión Europea el AIEM, en el año 2002”.

Por ello, estima que los factores que determinan el incremento de los precios son “varios” y “siempre el más importante es la competencia en el mercado”. En este sentido, considera que “los precios están mucho más condicionados por factores como la escasez en la oferta de un producto; el incremento temporal de la demanda (como sucede en determinadas épocas del año, como Navidad); el monopolio de un producto de determinado distribuidor, o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies que determinan no ya el precio, sino incluso la marca del producto que se debe consumir”.

Durante su rueda de prensa, Pérez ha recordado que “han intervenido muchísimas personas y entidades para la confección de esta lista, que ahora se remite al Ministerio de Hacienda, que a su vez lo elevará a la Unión Europea, donde se tramitará y se devolverá al Parlamento de Canarias para que lo apruebe”.

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