Javier Gutiérrez Taño empezó a ser más conocido en toda Canarias y entre los agentes económicos y sociales del sector agrario local tras su destitución como director general de Agricultura en el Gobierno autonómico, en lo que entonces representó la primera víctima política del proceso de aprobación en la comunidad autónoma del ya hoy confirmado como nuevo decreto de regulación de las ayudas directas del plátano (lo elevó al BOC este lunes el Consejo de Gobierno).
Aquello ocurrió en septiembre pasado, pese a los apoyos y parabienes que Gutiérrez Taño recibía por su gestión y labor al frente de ese departamento autonómico. De nada sirvió tal respaldo masivo, unánime.
Este palmero de Los Llanos de Aridane, ya en el desempeño de su puesto profesional anterior al cargo público, gran conocedor del sector platanero isleño y formado en economía y empresa, hoy se sigue confirmando como pieza o valor humano y técnico clave en aquel logro legal en las islas, algo que parecía improbable, imposible... Algunos dirigentes de Asprocan y de determinadas OPP saben muy bien por qué.
Gutiérrez Taño ha sido, sin duda, el gran promotor y defensor de ese nuevo decreto autonómico, aunque no el único, en el seno de la Consejería de Agricultura (también, y mucho, ya fuera de ella), hasta su destitución en septiembre pasado, tras Nieves Lady Barreto cobrárselo como pieza política. Su error fue no defender los mismos intereses específicos que su jefa de partido en La Palma, la secretaria insular de CC y consejera canaria de Presidencia. Gutiérrez Taño optó por centrarse en el interés general, y así le fue. Por cierto, nada mal, muy bien, pues logró el objetivo perseguido. Habemus decretum, se puede decir, y además este recoge lo que desde un principio se reconoció como razonable, exigible, básico. Javier Gutiérrez Taño está alegre, feliz.
Como ya seguro conoce, este lunes el Consejo de Gobierno de Canarias, al fin, ha aprobado el nuevo decreto que regulará la entrega de las ayudas directas al productor local de plátano. ¿Cómo valora esta decisión política, un proceso que usted ha seguido al dedillo, y qué espera de bueno para el sector productor canario tras ese hito jurídico?
Sin duda, es un hecho histórico por el amplio consenso político. Primero, hubo unanimidad en la proposición no de ley (PNL) aprobada por la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias, promovida por las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representatividad en Canarias (Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones); luego, opinión favorable de la Comisión Europea, que autorizó los cambios propuestos; también, respaldo por más del 80% de los participantes en el proceso de participación ciudadana al que fue sometido ese texto legal, y, por último, un informe favorable y contundente del Consejo Consultivo de Canarias. Ha sido la primera vez en la que no solo importa la opinión de Asprocan.
¿Qué sensaciones le deja, sobre todo a usted, que ha sido una pieza clave en el impulso y la defensa de ese cambio normativo, esta aprobación final, por la que ha tenido que sufrir su destitución como director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, cese calificado de injusto por casi todo el mundo, bajo la modalidad de pieza política cobrada por la secretaria insular de CC en La Palma, Nieves Lady Barrero, su entonces superiora política?
Me destituye el Gobierno de Canarias, aunque la oposición opina que lo estoy haciendo bien y sale en mi defensa en sede parlamentaria: cree que es injusta la decisión adoptada. Ese mismo Gobierno, ocho meses después, aprueba el decreto que motivó mi destitución. Es un poco esperpéntico. Yo nunca había visto una cosa igual. Nieves Lady Barreto entiende que, aunque no seas de su consejería, los palmeros de Coalición Canaria en el Gobierno autonómico los decide ella y tienen que responderle a ella. Yo creía que dependía del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero.
¿Por qué pocas veces, o quizás nunca, la también consejera de Presidencia en el Ejecutivo autonómico ha ido de cara en su rechazo frontal, el de Nieves Lady Barreto, a la nueva regulación del plátano: qué oculta, a quién defiende, qué no le gustaba de la nueva ordenación?
Creo que ella entiende poco los asuntos agrarios. No tiene por qué: no es la consejera de Agricultura. Tampoco ha entendido que los cambios favorecen a la amplia base social que conforman los productores tradicionales de plátano en Canarias.
¿Cree usted que actuaba al dictado de algunos intereses específicos en la isla de La Palma, no en beneficio de los de la mayoría de los palmeros y palmeras cultivadores de esta fruta? Si fuera así, ¿qué lo justifica?
La norma deja sin ayudas a las nuevas plantaciones. A algún poderoso, con capacidad de ejercer presión política, lo ha cogido con el pie cambiado en algún proyecto o con fincas recién plantadas. Lo importante es que al final se ha impuesto el interés general.
Creo que también le han decepcionado el ya expresidente de Asprocan Domingo Martín, palmero y gerente en la cooperativa Cupalma, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, de CC y que gobierna la isla con mayoría absoluta. ¿Con quiénes estaban estos líderes y por qué no se apuntaban a defender el interés general? ¿Qué desviación hay en ellos?
Tanto de Domingo Martín como de Sergio Rodríguez me ha sorprendido la postura que han mantenido: el primero, contra el interés de los más de 2.400 agricultores de su cooperativa [Cupalma], y el segundo, contra más del 86% de los pequeños y medianos agricultores de La Palma que están por debajo del límite de producción por superficie ahora aprobado [68.500 kilos/año/hectárea]. Debe ser a ellos a los que se les pregunte por la razón de sus comportamientos.
Resuma en pocas palabras las virtudes de este nuevo decreto del plátano, desde el punto de vista de lo que se mejora para el colectivo de productores medianos y pequeños, los llamados familiares. Estos suelen ser los más desprotegidos en la realidad y casualmente fue en los que se fijó la Unión Europea para aportar los 141 millones de euros al año en ayudas: son los que justifican la medida de apoyo directo a la pérdida de renta del productor platanero local con origen en Bruselas y cuyo sistema de distribución es el que ahora se reforma. ¿Se ha tenido que esperar mucho?
El decreto autonómico aprobado por el Consejo de Gobierno este lunes prohíbe la entrada de nuevas plantaciones y regula la asignación de la reserva de una manera más transparente, fomentando el relevo generacional. Además, garantiza un reparto más justo y estable de la ayuda Posei [hasta 0,33 euros por kilo de plátano comercializado al año, hasta un máximo global de 420 millones de kilos anuales] y favorece la búsqueda de un mayor equilibrio en el mercado al incentivar la producción en épocas de mejor precio, en vez de producir más kilos. Por último, es un sistema más sencillo, facilita el control y dificulta el fraude.
¿Por qué parte de esos 141 millones de euros tienen que llegar en mejores condiciones a los cosecheros más descapitalizados? ¿Qué se juega Canarias en el perfeccionamiento de ese mecanismo de entrega de ayudas directas?
En las tres últimas revisiones de las cantidades de referencia, el sistema ha aplicado coeficientes de reducción de la ayuda [con pagos por debajo de 0,33 euros por kilo] en el reparto de la ayuda directa al haberse superado las 420.000 toneladas [420 millones de kilos] asignadas en el programa por año. Una cuarta revisión nos habría llevado a la corrección acumulada de más del 10%. Pongo un ejemplo concreto: una finca de 70.000 kg/ha recibiría con ese 10% menos la misma subvención que tendría, sin la aplicación de ese coeficiente reductor, una explotación platanera de solo 63.000 kg/ha. Se reducen los ingresos por subvención o ayuda directa. Hay que garantizar a las segundas y terceras zonas de cultivo, con tan buenos agricultores como los de la primera zona, unos ingresos que permitan su viabilidad económica, porque son parte fundamental del sistema y porque no tienen la ventaja de la mayor productividad ni la posibilidad de planificación del cultivo, lo que sí ocurre con las primeras zonas. El Posei concede una ayuda directa al mantenimiento de la renta, a la conservación del paisaje y a la fijación de la población en el medio rural, y además es para toda la base social platanera. No es una ayuda a la producción. Esto hay a quien le cuesta aceptarlo.
Tras esta decisión legal, la aprobación de una norma jurídica pese al rechazo mayoritario de la patronal platanera en Canarias (Asprocan), algo que es histórico, único en las islas y que habrá que decir que lo consiguió Narvay Quintero, ¿qué cuestiones quedan por abordar en adelante y qué confianza tiene usted en que estas sean atacadas por la nueva presidencia de José Carlos Rendón, persona vinculada a Europlátano y a las otras OPP contrarias al decreto: Cupalma, Llanos de Sardina y Plataneros de Canarias?
Está claro: la norma ha salido con Narvay Quintero al frente de la Consejería. Mi enhorabuena. José Carlos Rendón, en sus primeras declaraciones como presidente de Asprocan, sigue mostrando abiertamente su oposición a la reforma. Sería más interesante un talante más respetuoso con la ley, con el proceso y con su asociación, pues casi el 50% de los kilogramos representados apoya el decreto [las OPP Coplaca y Agriten]. No debe equivocarse en la lectura. No es suficiente con solo solicitar a Europa un incremento de la ficha financiera del plátano, ahora en 141,1 millones de euros al año. El escenario se ha complicado. El sector, muy unido a las tesis del decreto, pide cambios y la Consejería parece que es proclive a promoverlos. El órgano de gestión de la IGP Plátano de Canarias [ahora en manos de Asprocan] debe ser más democrático y participativo y debe incorporar de manera representativa a los agricultores, las OPA y la Consejería, todos como garantes del interés general.
¿Es posible tener un sector platanero estable en lo económico y lo social en Canarias sin el control de la oferta de plátano, con más de 420 millones de kilos al año de corte, sin calidad uniforme y sin unidad comercializadora?
El plátano y la banana se reparten a la mitad, al 50%, el mercado peninsular de nuestra fruta. Son unas 700.000 toneladas al año. Dar al mercado lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere es la regla básica. Debemos planificar la producción para no excedernos ni quedarnos cortos. Unos precios bajos son la ruina y unos precios altos nos hacen perder cuota de mercado. La marca única y la calidad de la fruta en los lineales son ingredientes fundamentales en el éxito. Concentrar la oferta para ganar peso de negociación frente a la distribución y reducir costes es lo inteligente, lo que nos dará estabilidad y futuro. Este el camino.
¿Cómo ve y qué ventajas considera que han tenido, si cree que hay alguna, los procesos apoyados con dinero público para la recuperación y el apoyo directo a los cultivos de plátano y otros destruidos o dañados por la acción del volcán Tajogaite en La Palma? ¿Qué se debió hacer y los poderes públicos no han hecho quizás atendiendo a intereses alejados del futuro de la agricultura en la isla?
Lo que se está planteando actualmente es un plan de pagos: el de los 44,06 euros por metro cuadrado como medio para compensar económicamente a los damnificados. Si bien hace justicia restituyendo el valor de lo perdido, no va a servir para recuperar las fincas bajo la lava debido a que los costes son bastantes mayores a aquel valor de compensación. Es un plan muy criticado, además por su falta de transparencia en la asignación de los recursos públicos. La cofinanciación de las convocatorias de subvenciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR), ahora llamado PEPAC, para la reconstrucción del potencial agrario perdido, la fórmula que siempre utilizó la Consejería de Agricultura, era la adecuada. La financiación con parte de los 100 millones de euros del Gobierno central, los 50 del Gobierno de Canarias destinados anualmente a la reconstrucción y el resto con el presupuesto de la Unión Europea que se podía comprometer garantizaban el pago de la totalidad de los costes y obligaba al afectado a justificar con facturas y transferencias bancarias la inversión realizada.
Hay que decir además que el proceso de reconstrucción de viales y de conducciones de riego va muy lento, aparte de la incapacidad del Cabildo de La Palma de poner a disposición de los nuevos proyectos la tierra necesaria, el sustrato del cultivo.
Tampoco me gusta que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias se haya desentendido de la recuperación agraria. Me preocupa mucho que los compromisos adquiridos por los plataneros bajo lava no puedan cumplirse y tengan que devolver las ayudas del Posei percibidas tras la erupción del volcán.
¿Qué cosas se están moviendo actualmente en el mundo del plátano en las islas que son pasos atrás o no convienen al interés general del cultivo? ¿Ha oído hablar de la creación de otra OPP, la séptima?
Soy partidario de la integración del sector y de la concentración de la oferta. Competimos con la banana, no entre nosotros. Es un error seguir con los viejos esquemas que aún perviven en el sector. La Administración debe apostar claramente y favorecer aquellos procesos. Y lo tiene fácil. Debe incrementar los kilos necesarios para constituir una organización de productores de plátanos (OPP), y debe estar vigilante de que estas entidades sean verdaderas estructuras integradas y organizadas, no meros acuerdos entre grupos de agricultores o grupos económicos para seguir yendo por libre. Es mejor reducir a dos las OPP actuales [son seis] que permitir una séptima.
¿De quiénes se acuerda ahora y a quiénes debe reconocer los apoyos clave a este proceso, tan largo, lleno de curvas y de resbalones, tortuoso, pero con final feliz diez meses después del pistoletazo de salida que dio la PNL aprobada el 26 de julio pasado en el Parlamento de Canarias por unanimidad?
De los portavoces y de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias, de las cuatro organizaciones profesionales agrarias (Asaga, COAG, UPA y Palca), de todos los agricultores plataneros que asistieron a todas las reuniones informativas que convocamos y de todos los que nos dieron su apoyo en los procesos de participación. También de todos los técnicos de la Consejería por su esfuerzo y trabajo. Todos estuvieron a la altura al darse cuenta de la importancia de los cambios que se pretendían, los que se propusieron y hoy se han conseguido para intentar la supervivencia del sector tradicional platanero en Canarias.
Y ahora llega, este martes estalló, lo ocurrido con Bonnysa Agroalimentaria, en la OPP Europlátano, y el supuesto fraude en la comercialización de banana como si fuera plátano de Canarias. ¿Qué piensa de esto?
La respuesta dada por Asprocan a ese problema me parece insuficiente. Los hechos son muy graves, con unos perjuicios incalculables para el sector. No puede quedarse esa respuesta en un simple comunicado de agradecimiento a la Guardia Civil, en solicitar el contenido de las diligencias o en prestar la colaboración en el procedimiento. El ICCA y la Consejería además deben informar al sector y a la sociedad sobre cómo está desarrollando Asprocan su labor al mando del órgano gestor de la IGP Plátano de Canarias. Parece que no hay controles o por lo menos estos han fallado. Debe investigar, sacar conclusiones y ver qué cambios son necesarios, sin descartar reformas y nuevas garantías, o incluso un nuevo de órgano de gestión para esa IGP. Es un supuesto delito y son necesarias acciones más contundentes. Creo que toca la presentación de una querella criminal contra la empresa infractora y la OPP [Europlátano] por su posible culpa in vigilando.