Los pescadores de Las Palmas, en contra de introducir el cerco industrial y la acuicultura del atún por el “daño medioambiental y económico”

EFE

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Las Cofradías de Pescadores de la provincia de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria han mostrado su oposición a la autorización de la pesca con cerco industrial y la acuicultura de atún rojo y de rabil en Canarias, por el daño medioambiental y económico que supondría.

Durante la 29 reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del atún Atlántico (ICCAT), que se celebró en Sevilla durante los días 17 y 24 de noviembre, se presentó y aprobó una propuesta, a iniciativa de la Unión Europea, sobre un proyecto piloto de cría de atún rojo (Thunnus thynnus) y rabil (Thunnus albacares) en aguas de las islas Canarias.

El objetivo del proyecto es evaluar las condiciones de pesca y cría de estas especies de túnidos en el océano Atlántico, concretamente en la zona 34.1 de la FAO, zona de las Islas Canarias, para informar, entre otros fines, sobre el posible desarrollo futuro de la pesca con red de cerco industrial y el crecimiento y engorde del atún rojo y del rabil en esta zona.

La autorización del cerco industrial supondría “un cambio sin precedentes para la pesca del atún rojo en Canarias”, especie que actualmente se captura con sedal y caña, de manera artesanal, ha manifestado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tras reunirse con representantes de las cofradías de pescadores.

La introducción del cerco industrial, en 2027, conllevaría capturar otras especies como tortugas, tiburones y delfines, sin valor comercial pero con un alto valor ambiental, ha afirmado Morales.

Además, ha argumentado, la autorización no beneficia a las comunidades locales y supone una gran competencia en la pesca.

El proyecto de acuicultura de atún rojo y de rabil conlleva además “la muerte del pescado pelágico”, que se utilizaría para el engorde del pescado en las jaulas, ha asegurado el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia de Las Palmas, Gabriel Jiménez.

La iniciativa en marcha supone la captura de ejemplares jóvenes a los que luego se engorda, y para engordar un kilo de atún hacen falta 15 kilos de pescado fresco, ha asegurado Morales.

Jiménez ha destacado que la introducción del cerco industrial mermaría aún más los recursos para los pescadores canarios, que en el último año solo han pescado 115 toneladas de atún rojo frente a las 568 toneladas autorizadas.

La flota pesquera actual “está malviviendo”, con un total de 700 barcos en toda Canarias frente a los 1.700 que había hace diez años.

En muchas ocasiones, los pescadores encuentran escasez de carnaza para poder pescar y el cerco industrial empeoraría todavía más la situación, ha dicho Jiménez.

Morales y los representantes de las cofradías de pescadores han alertado del daño que supondría poner en marcha el proyecto tanto en aguas de Canarias como de Marruecos, ya que las zonas de pesca están muy cercanas y los daños se extenderían a un área amplia.

Con el fin de evitar que la iniciativa se materialice, el Cabildo de Gran Canaria promoverá una moción en su contra en la corporación insular y presentará una queja ante la Secretaría de Pesca del Ministerio, ha anunciado Morales.