Fernando Fraile: “Era muy estricto, si me permiten decirlo, el control por parte del Icfem”
Directivos de organizaciones empresariales o fundaciones que recibieron fondos del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) a fines de los años noventa han asegurado este miércoles que les sometieron a importantes controles para garantizar que hacían un uso correcto de las ayudas recibidas.
“Era muy estricto, si me permiten decirlo, el control por parte del Icfem”, ha declarado, por ejemplo, Fernando Fraile, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), al declarar como testigo en la tercera sesión de un juicio que se sigue contra dos exdirectores del instituto y un exconsejero de Empleo del Gobierno canario por presunta prevaricación.
Las afirmaciones de Fraile sobre si el Icfem controlaba lo suficiente el uso adecuado del dinero que otorgaba a patronales y otras organizaciones para formar a desempleados y promover su inserción laboral se vieron respaldadas durante la vista oral del por las declaraciones de cuatro testigos más.
Entre ellos, Fernando Sánchez, que ha sido citado como responsable en aquellos momentos de la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación, Forecan, entidad que se benefició también de ayudas del instituto.
A ser preguntado si consideraba que eran proporcionados los “filtros” que se aplicaban para fiscalizar el uso del dinero, Sánchez ha dicho que eran “exigentes, como deben serlo”.
La tesis respaldada por estos testigos se desmarca de los postulados de la acusación planteada por la Fiscalía, que sostiene que el exconsejero de Empleo del Gobierno canario Víctor Díaz y los exdirectores generales del Icfem Francisco Almeida y Diego León habrían permitido la concesión de ayudas sin cumplir los requisitos legales fijados para ello.
También Roberto Góiriz, citado en el proceso como portavoz de la Asociación Canaria de Jóvenes Agricultores Asaja, ha respondido tajante: “Sí, sí, el Icfem hacía seguimiento” del uso del dinero.
Y también ha sostenido que había controles el exalcalde del municipio grancanario de Ingenio Juan José Espino, llamado a declarar por haber presidido una fundación para el empleo de su localidad.
Espino ha aludido a dos vías mediante las cuales se fiscalizaba el empleo correcto de las subvenciones, ya que, por una parte, “de vez en cuando venían los inspectores” y, por otra, los responsables de la fundación debían enviar documentación y “estadísticas” respecto a los resultados de las actuaciones desarrolladas, según ha relatado.
Unos y otros han coincidido, así mismo, al negar que las entidades a las que representaban subcontrataran a distintas academias los cursos que se comprometían a impartir con el Icfem, frente a lo que ha sostenido el representante del Ministerio Fiscal.
El acusador público les ha preguntado si no eran en realidad distintas academias las que se encargaban del desarrollo de los cursos y todos lo han negado, con respuestas como las de Fernando Sánchez, que ha dicho “no es así” y “en absoluto”, frase esta que repitió también el antecesor de Fernando Fraile en la presidencia de la FEHT, José Moriana, llamado también a declarar como testigo.
Negativas similares han ofrecido Fernando Fraile y Roberto Góiriz, el primero de los cuales ha admitido, como el resto de los comparecientes de esta jornada, que sus patronales o fundaciones alquilaban locales o contrataban servicios a academias de formación que operaban como tales en el mercado, pero ha declarado que eso es “una cosa muy distinta” a hacer una subcontratación.
“No me acuerdo de nada”
Preguntados sobre si se había cuestionado alguna vez la legalidad de su gestión por parte de las autoridades judiciales o del Gobierno canario, todos han respondido negativamente salvo Fernando Fraile, quien ha indicado que una vez la FEHT tuvo que devolver el dinero de uno de los cursos que organizó debido a que desde el Icfem se les comunicó que se había detectado que algunos de los alumnos que supuestamente lo seguían no asistían en realidad a él.
Fraile, que ha contestado a una pregunta que formuló el acusado Diego León en calidad de abogado defensor, ya que se representa a sí mismo en el juicio, ha hablado de ese asunto, en todo caso, como una prueba de que su patronal ha cumplido siempre la ley al gestionar fondos públicos para formar a trabajadores.
“De hecho, seguimos siendo colaboradores de la Agencia Canaria de Empleo (sucesora del Icfem) y seguimos dando cursos”, ha subrayado.
Las declaraciones de unos y otros en el juicio del llamado caso Icfem, que mañana proseguirá con nuevas comparecencias de testigos, se han sucedido después de que, al comienzo de la sesión, subiera al estrado otro representante de Forecan, el empresario José Miguel Suárez Gil, quien ha asegurado haber olvidado todo lo relacionado con el asunto a consecuencia de problemas cognitivos que ha sufrido.
“Lamentablemente, me crean o no me crean, no me acuerdo de nada”, ha alegado Suárez Gil.
