¿Cómo nos representan?
La representación parlamentaria en España no es directamente proporcional a los votos por dos razones: las circunscripciones electorales y el método de reparto de escaños según la Ley d'Hondt. Así, el número de escaños se asigna a cada región en función de su población y a cada formación en función del porcentaje de votos por el que aventaja al resto. Ambos puntos son importantes.
Las circunscripciones electorales
En primer lugar, un ciudadano solo puede votar a los candidatos de los partidos que se presentan por su circunscripción (las provincias, en el caso del Congreso; islas, en el caso del Senado), es decir, si el PSOE no presentase ningún candidato por Las Palmas, un vecino de Arrecife no podría votar a los socialistas, pese a tratarse de un partido de ámbito nacional (no nacionalista). Además, al votar por una lista cerrada y bloqueada, la elección está condicionada a las coaliciones y pactos que las diversas formaciones hayan cerrado en cada circunscripción. Un ejemplo es Equo, a quien se puede votar en solitario en Las Palmas, pero no en Santa Cruz de Tenerife, donde presenta listas compartidas con Sí se Puede y Socialistas por Tenerife; en cambio, votar por Sí se Puede (Canarias por la Izquierda) en Las Palmas es votar también por Izquierda Unida y el Partido por los Servicios y de los Empleados Públicos.
Las circunscripciones provinciales otorgan, además, un valor a cada voto en función de la participación en cada región. Así, mientras cada voto en Las Palmas (788.435 electores a los que corresponden ocho escaños) vale bastante más que cada papeleta en Barcelona (más de cuatro millones de votantes para 31 escaños), si la participación en la provincia catalana se redujese a un 10%, unos 400.000 ciudadanos seguirían eligiendo a 31 diputados. La representatividad se invierte.
Este reparto permite también la presencia de diputados de partidos nacionalistas en el Congreso que representan las singularidades e intereses de la región por la que se presentan, aunque no lo hagan en todo el territorio nacional. Los perjudicados son los partidos minoritarios de ámbito nacional, cuyo voto se fragmenta (un ejemplo son Izquierda Unida y Equo en Canarias, que han formado coaliciones con partidos del archipiélago para evitar dispersar los votos), mientras que el de los nacionalistas se circunscribe a un espacio más acotado, que en ocasiones aporta un gran número de escaños, lo que puede permitirles negociar la formación del Gobierno (como ocurrió en la primera legislatura del PP, en 1996, con el PNV y CiU).
La ley d'Hondt
En segundo lugar, los escaños se asignan según un método de proporcionalidad que favorece a los partidos mayoritarios. Primero, cada formación debe sobrepasar un 3% de los votos para poder entrar en el bombo, lo que equivale a algo más de 23.600 personas tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria.
Para comenzar a repartir, se ordenan las formaciones de mayor a menor según el porcentaje de votos obtenidos sobre el total de votos válidos (votos emitidos menos votos nulos, es decir, se incluyen los votos en blanco). Después, se divide el número de votos entre dos, tres, cuatro, sucesivamente, según el número de diputados a elegir, hasta llegar a ocho, en el caso de Las Palmas y siete en Santa Cruz de Tenerife. Por último, se van otorgando diputados a los coeficientes más altos. Así, un escaño no equivale a un porcentaje sobre los votos, lo que redunda en que cada uno tenga distinto valor según el número total de votos obtenidos. Una diferencia de un puñado de papeletas puede ser la brecha entre que un partido tenga representación parlamentaria o no.
