Madrid deja en manos de Canarias el plan para el abastecimiento de agua en caso de derrame

El Gobierno de España no se haría responsable de abastecer de agua a la población de Fuerteventura en caso de que un derrame de crudo procedente de los sondeos que realiza Repsol frente a las costas de Canarias afectara a sus desalinizadoras.

Esas es, al menos, la respuesta que ha dado a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Izquierda Unida (IU) José Luis Centella. En este escrito, el Ejecutivo recalca que no tiene competencia alguna en la conservación, mantenimiento y explotación de las desalinizadoras de Fuerteventura y Lanzarote, ni con la planificación del abastecimiento a la población de Canarias.

“¿Cómo se proporcionará agua dulce a la población de Fuerteventura en caso de que una marea negra paralizara sus desalinizadoras?” y “¿Qué planes ha previsto para el caso de una paralización de las desalinizadoras de Fuerteventura y Lanzarote?” fueros dos de las preguntas registradas por escrito por Centella el pasado 1 de septiembre en el Congreso de los Diputados.

IU hacía mención a un estudio encargado por Repsol e incorporado al expediente de las prospecciones que concluía que un vertido de petróleo llegaría a la Maxorata en menos de 48 horas en el 85% de los casos y que, además, en uno de los “peores casos”, podrían verse afectadas las desalinizadoras, ya que se podrían acumular concentraciones de hidrocarburos en la costa mayores a 10.000 g/m2. Las desaladoras de Fuerteventura abastecen el 100% del consumo insular de agua potable (108.000 residentes y 2,5 millones de turistas anuales).

En su respuesta, el Gobierno central explica que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha suscrito un convenio de colaboración con el Ejecutivo regional para financiar actuaciones relativas a obras hidráulicas, “entre ellas algunas desaladoras” de Fuerteventura y Lanzarote. Unas infraestructuras que, una vez finalizadas, se traspasan a la Comunidad Autónoma, que se responsabiliza de su explotación, mantenimiento y conservación, “con asunción de sus costes, así como de reposición de bienes y equipos, y de las correspondientes responsabilidades”.

La contestación precisa que el Gobierno regional podrá ceder a entidades locales el uso de las desaladoras para prestar el servicio y que, en este caso, serán estas administraciones las que deberán asumir los gastos y la responsabilidad inherente a su funcionamiento.

Además, en términos generales, explica que el expediente de los sondeos ha sido sometido a “un estricto proceso de control administrativo” mediante el cual “se han establecido las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar la adecuada protección de las personas, de los bienes y del medioambiente”. La respuesta se refiere a la declaración positiva del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Repsol, que concluye que “el proyecto no producirá efectos adversos significativos derivados de sus actividades rutinarias”.

En cuanto a la posibilidad de que se produzca un accidente durante los trabajos de perforación, el Gobierno señala que se ha aprobado un plan interior marítimo que “proporciona los mecanismos de respuesta de diversos sucesos e incidentes derivados de la contaminación marina”, pero no especifica cuáles serían estas medidas más allá de la creación de “los órganos precisos y el desarrollo de los sistemas de relación y coordinación de las diversas administraciones públicas”.

Los opositores al petróleo han expresado su preocupación ante el riesgo de que un derrame de crudo pudiera afectar a las plantas desalinizadoras dejando desabastecidas a ambas islas. Dos informes del Cabildo de Fuerteventura y uno del de Lanzarote alertan sobre esta posibilidad.

Uno de ellos, del Consorcio de Aguas de Fuerteventura y del Consejo Insular de Aguas advierte que los hidrocarburos acaban filtrándose junto al agua en los pozos playeros de captación de las desaladoras, y por lo tanto sus daños sobre las membranas y en general sobre el funcionamiento de las plantas “puede ser inmediato, obligando a paralizar la producción de agua de abasto público”, concluye.

En cambio, Repsol sostiene, al igual que el geólogo Antonio Afonso, que un vertido de petróleo no afectaría a las desaladoras porque una parte del crudo se evaporaría y otra se extendería por la superficie marina, de donde, afirman, no se toma el agua para las desalinizadoras.