Un socio de Repsol en los sondeos canarios demanda al Gobierno español por los recortes en renovables
El grupo alemán RWE, socio de Repsol en el proyecto de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Canarias, ha presentado esta semana una demanda contra el Gobierno de España por los recortes en las primas a las energías renovables.
Según publica el diario El País, el gigante energético alemán ha solcitado el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relatias e Inversiones (Ciani) del Banco Mundial tras cerrar el ejercicio 2013 con fuertes pérdidas -115,6 millones de euros- provocadas por los cambios en las regulaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que lidera el canario José Manuel Soria.
RWE posee, a través de su filial de hidrocarburos, Dea Energy, el 20% de las participaciones del proyecto de prospecciones que Industria autorizó a unos 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Repsol tiene el 50% y la australiana Woodside, el 30%.
La compañía alemana anunció el año pasado su retirada del proyecto “por razones estratégicas” y la venta por más de 5.000 millones de euros de su filial al magnate ruso Mijaíl Fridman, aunque la operación se encuentra en estos momentos paralizada por la falta de autorizaciones.
El Gobierno de Angela Merkel está investigando la venta de RWE Dea Energy por posible riesgo para los intereses estratégicos del país.
En su demanda contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, RWE argumenta que España ha vulnerado las disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía, que “garantiza seguridad jurídica para las inversiones en el sector”.
La empresa reclama una indemnización a través de la solicitud de arbitraje y se suma así a otras ocho compañías y fondos de inversión extranjeros que ya han pedido la mediación del organismo del Banco Mundial.
Los cambios acometidos por Industria en la reforma eléctrica incluyeron la supresión de las primas a las renovables y el establecimiento de un nuevo marco que fija “una rentabilidad adecuada” con lo que se pretendía ahorrar unos 1.500 millones de euros.
