Las patronales turísticas canarias defienden al Hotel Riu Oliva Beach, con orden de demolición por infracciones urbanísticas

Cuatro patronales turísticas canarias -las de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la provincia de Las Palmas, la isla de Fuerteventura y la de Lanzarote- han criticado este miércoles lo que consideran un ataque del Gobierno de España a las obras de renovación del Hotel Riu Oliva Beach, en Fuerteventura. Este hotel, que se encuentra ubicado en plenas Dunas de Corralejo, realizó unas obras de ampliación sin licencia que conllevaron que el Ministerio para la Transición Ecológica iniciase el procedimiento para considerar caducada la licencia que tenía para operar en suelo del dominio público marítimo terrestre, algo que dependía de esta administración estatal. Tras esto, llegó la orden de demolición del edificio.

Aunque tenía licencia del Ministerio para ejercer la actividad, esas obras supusieron una ampliación del volumen del edificio, algo contrario al permiso obtenido. Por tanto, el Ministerio procedió a retirarlo y, con ello, iniciar el proceso para devolver la parcela a su estado anterior (con demolición y retirada de los edificios).

Sin embargo, este año se produjo el traspaso de las competencias de Costas al Gobierno canario. Tanto el Riu Oliva Beach como el Riu Tres Islas, que están construidos sobre el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, han desatado discrepancias entre el Gobierno de España y Canarias desde que se anunció el traspaso de dichas competencias. Mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica entiende que debe seguir gestionando los expedientes de caducidad de las concesiones a la empresa Riu, el Ejecutivo autonómico considera que ahora le corresponde esa tarea. 

El Real Decreto de 713/2022, que fija las transferencias en Costas a la región, no especifica si este tipo de concesiones también deben ser traspasadas o si las conserva el Gobierno de España, que sigue siendo titular del dominio público.

El Hotel pretendía, de nuevo, realizar más obras y el Gobierno canario, aun sabiendo el conflicto de competencias existente, concedió una licencia para ellas el pasado mayo. Sin embargo, la semana pasada, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aceptó el recurso presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica para anular cautelarmente la licencia.

Según el auto, al que tuvo acceso este periódico, las obras previstas “no se limitan a una mera reforma interior o mejora de instalaciones, sino que contemplan la demolición de varios apartamentos” (14 apartamentos en la planta primera, cuatro en la planta segunda y seis plantas primeras de apartamentos dúplex de la planta inferior), lo que, de acometerse, “supondría una modificación sustancial de la construcción actualmente existente que haría prácticamente irreversibles las obras, quedando con ello comprometida la efectividad de la Sentencia”. 

Según el abogado del Estado, que representó al Ministerio en la presentación del recurso, las obras suponen una “consolidación de actuaciones ilegales” y, si se desarrollan en un entorno natural protegido pueden acarrear “un impacto directo sobre la costa por el acceso de maquinaria pesada, la generación de escombros, los ruidos y vibraciones que pueden perjudicar a la fauna”.

Pese a esto, las patronales turísticas han mostrado su “estupor e indignación” con la actitud del Ministerio respecto de las competencias del archipiélago en la gestión de su litoral y por el “abierto desprecio” que, a su juicio, muestra a la transferencia de competencias en materia de Costas que la propia administración estatal firmó con el Gobierno de Canarias en 2022. Como ya se ha dicho anteriormente, el Real Decreto de 713/2022, que fija las transferencias en Costas a Canarias, no especifica si este tipo de concesiones también deben ser traspasadas o si las conserva el Gobierno de España, que sigue siendo titular del dominio público.

Aunque el conflicto por las competencias sigue abierto, las patronales dan por hecho que esas son regionales y dicen no entender un proceder por parte del Estado “totalmente contradictorio con los propios actos del Ministerio”, que “transfirió las competencias en la materia que actualmente ya corresponden al Gobierno canario, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía de Canarias”.

Las patronales turísticas han tachado la actitud del Estado respecto a complejo turístico en las Dunas de Corralejo como de “abuso de poder, por su pretensión de sustraer a la comunidad autónoma las competencias que tiene asumidas”. El escrito del abogado del Estado, por contra, señalaba que la licencia dada por el Gobierno canario es “nula de pleno derecho” porque la comunidad autónoma asume competencias que son de la Administración General del Estado en base a la Ley de Costas y, yendo más allá, del acuerdo por el que se traspasaban algunas competencias en la materia a Canarias.

El empleo, arma arrojadiza

Las patronales han advertido de que las consecuencias de la paralización cautelar de las obras “son gravísimas para la actividad en sí y la estabilidad de los puestos de trabajo”, de la que se pueden ver afectadas más de 400 familias, según ellas. Sin embargo, el escrito presentado por el abogado del Estado en su recurso recogía explícitamente que al no estar comenzadas las obras aún, y que “ni tan siquiera consta que hayan sido legitimadas por el Ayuntamiento mediante la concesión de licencia municipal de obras”, la suspensión cautelar “no supone una modificación de la situación actualmente existente”. Y añadió que la no realización de las obras no impide a la compañía que lo regenta seguir realizando su actividad.  

Pero las patronales han dibujado otro escenario: según ellas, si no se hacen estas obras se “forzará un nuevo cierre de las instalaciones del hotel, justo cuando la empresa culminaba los trámites para acometer los trabajos de rehabilitación acordes con la concesión administrativa en vigor”.

Las patronales turísticas han hecho suyos los argumentos de la empresa RIU, argumentos que respaldan “plenamente”, así como “la firmeza del Gobierno de Canarias para sostener en las instancias adecuadas, incluidas las judiciales, la plena facultad de la comunidad autónoma para ejercer las competencias transferidas, a salvo de intromisiones y actitudes hostiles que resultan totalmente intolerables y dejan entrever una visión arrogante y además muy poco compatible con los principios del autogobierno”.

Y concluyen: “Cabe recordar que la autorización concedida por el Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura para las obras de renovación del Oliva Beach se produjo con pleno respeto a las medidas de protección medioambiental y cuidado en las actuaciones en el litoral”, defienden los empresarios del sector, algo no compartido por el Ministerio, que precisamente decidió iniciar la caducidad de la licencia por incumplir el acuerdo y ampliar el volumen de la edificación en pleno Parque Natural.