Quince días sin agua en un complejo de apartamentos por una deuda que los vecinos atribuyen a un empresario vinculado con la alcaldesa

Lunes, 22 de marzo de 2021. La alcaldesa de La Oliva, municipio del norte de Fuerteventura, solicita al Ministerio de Defensa el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para “garantizar la seguridad y la salud del conjunto de la ciudadanía” ante el déficit de policías locales y el aumento de casos de coronavirus. El Gobierno de Canarias acababa de decretar el nivel 3 de alerta en la isla por riesgo alto de transmisión de la COVID-19, con esa localidad con los registros más elevados de incidencia acumulada. 

Esa misma mañana, los vecinos de un complejo de apartamentos situado en la zona turística de Corralejo recibían la noticia más esperada. Una jueza había estimado su solicitud de medidas cautelares y había ordenado a la empresa municipal de aguas restablecer el suministro que había cortado el 10 de marzo, en pleno repunte de la pandemia, por el impago de decenas de miles de euros. Una deuda que el Ayuntamiento reclama a los residentes, a pesar de que el único contrato de agua para todo el complejo está a nombre de una de las sociedades del grupo empresarial que promovió y que explota el complejo, que abandonó el recinto y recurrió a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) cuatro días después de la declaración del estado de alarma en España. 

El agua de abasto no volvería a sus viviendas hasta el miércoles 24, quince días después de la interrupción. Entre medias, los vecinos del Oasis Papagayo tuvieron que contratar incluso una cuba para poder cubrir sus necesidades básicas y de higiene. El abogado de la comunidad de propietarios está consignando los gastos que tuvieron que asumir como consecuencia de ese corte para presentar la demanda por daños y perjuicios contra la empresa de aguas, Suministros La Oliva. Una compañía que está presidida por la alcaldesa, Pilar González (PP Majo), hija del histórico y polémico dirigente local Domingo González Arroyo, apodado el marqués de Las Dunas (de Corralejo) e inhabilitado por corrupción. Se da la circunstancia de que la actual regidora ha mantenido vínculos con el administrador de la empresa que explota el complejo, Andrés Bardeau, y con su hermano Carlos, del que fue su pareja sentimental. De hecho, sigue figurando como apoderada en una de las sociedades del primero, Inversiones Bostis, de la que llegó a ser administradora hasta el año 2007. 

El Oasis Papagayo cuenta con alrededor de 300 viviendas. A pesar de que se encuentra en suelo turístico, más de un centenar de familias residen de forma habitual en el complejo, según relata la presidenta de la comunidad de propietarios, Letizia di Bartolomeo. La empresa promotora vendió varios de estos apartamentos a partir de 2003 con la promesa de una inversión rentable, pero con la crisis inmobiliaria de 2008 comenzaron los problemas y los conflictos entre los pequeños propietarios y la explotadora. Con el tiempo, algunas de esas viviendas han ido pasando de mano en mano y convirtiéndose en residencia habitual para decenas de familias que, incluso, están empadronadas en este lugar, tal y como consta en los certificados de residencia expedidos por el Ayuntamiento y aportados en los juzgados a la hora de solicitar la medida cautelar. 

Desde hace años, este uso residencial se ha compaginado con la explotación turística de otros apartamentos por parte del conglomerado empresarial de los hermanos Bardeau. El Oasis Papagayo es una de las tres comunidades de propietarios con la que cuenta el complejo. Las otras dos son el Oasis Tamarindo 2 (75 apartamentos) y un conjunto de 17 villas. Para todas ellas hay un único contrato con la empresa municipal de aguas. Está a nombre de Inversiones Turísticas El Cotillo, sociedad administrada por Andrés Bardeau y que ha figurado en la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria los últimos cuatro años. En la última, de 2020, con una deuda de 1,7 millones de euros.  

Los propietarios del Oasis Papagayo pagaban una cuota fija de 147,5 euros al mes a otra de las sociedades del empresario, Blokimax, para el mantenimiento de las zonas comunes y los gastos de agua y luz, independientemente del consumo de cada vivienda. La deuda con Suministros La Oliva se empezó a acumular en agosto del año pasado, fecha en la que, según la comunidad, la empresa explotadora dejó de pagar a la empresa municipal de aguas. Los afectados afirman que siguieron abonando las correspondientes cuotas, a través de transferencias bancarias, al menos hasta noviembre, ya que no tenían posibilidad de abonar las facturas directamente a Suministros de Agua La Oliva. 

Debido al estado de abandono que presentaban las zonas comunes del complejo por la falta de mantenimiento, un grupo de propietarios comenzó a organizarse para autogestionarse. A finales de noviembre, pusieron “en marcha” una comunidad de propietarios que, según explican, ya estaba constituida legalmente, pero que ni el Ayuntamiento ni la explotadora reconocen como tal. Solicitaron de manera formal, a través de burofax, a las empresas de agua (pública) y luz (privada) que cambiaran la titularidad de los contratos a nombre de esta comunidad. La compañía de electricidad accedió a esta pretensión y a la de individualizar los contadores de la luz para que cada vivienda pague según su consumo. 

El contrato de suministro de agua ha corrido distinta suerte. El Ayuntamiento no accede a cambiar la titularidad del contrato, pero considera que deben ser los residentes de los apartamentos quienes paguen la deuda que se empezó a acumular en agosto del año pasado. La alcaldesa ha señalado a ahora.plus  que los impagos ya ascienden a 70.000 euros, aunque ha declinado pronunciarse sobre cualquier otro aspecto de este conflicto por estar judicializado.  La comunidad de propietarios insiste en que esa deuda corresponde a la explotadora. “No es que los residentes no hayan pagado, es que han pagado a la empresa que gestionaba todos esos gastos y ese dinero no se destinó a abonar las facturas del agua”, señala su abogado, Enrique Sirera, que califica de “insólitos” los hechos e incide en que los afectados por el corte de agua han justificado los ingresos de sus cuotas mensuales en las cuentas corrientes de esa sociedad, que quieren cumplir y que lo único que piden es individualizar los suministros para que cada uno asuma sus gastos y tener acceso a toda la información del consumo de los últimos meses y de las facturas pendientes. 

Además, señala que en esos apartamentos residen familias en situación de vulnerabilidad, por lo que han solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento que se abstuviera de cortar el agua en virtud del real decreto ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno central  tras la declaración del estado de alarma para proteger a los consumidores. Antes del corte del suministro de agua, la comunidad de propietarios hizo dos ingresos de 5.000 euros en la cuenta corriente de la empresa Suministros La Oliva, uno en diciembre y otro en enero, una cantidad que para la sociedad municipal resulta insuficiente. El pulso continúa. Los propietarios se consideran atrapados por una deuda que atribuyen a la empresa explotadora y exigen información y transparencia al Ayuntamiento, que no reconoce la comunidad pero que, en cambio, pide a los vecinos que paguen su cuota, sin determinar su cuantía ni de qué forma. 

Comunicado de Suministros La Oliva

El Ayuntamiento de La Oliva no ha contestado a la petición de información formulada por esta redacción. Sin embargo, antes del auto de medidas cautelares que obligó a restablecer el suministro en el complejo, la empresa municipal difundió un comunicado en algunos medios de comunicación locales en los que defendía su postura. En esa nota, señalaba que la explotación hotelera cesó el 18 de marzo de 2020 y que, desde fecha, “un grupo de personas que habitan diferentes unidades alojativas, parece ser que con carácter habitual, continúan consumiendo agua y no hacen frente a los pagos derivados de dicho consumo desde agosto de 2020” hasta la actualidad. “Es decir, que son estos últimos a quienes corresponde el 100% de la deuda con la empresa pública municipal”, añadía. 

Suministros La Oliva defendía en el comunicado sus intentos para “negociar” con “las personas que realizan el consumo efectivo de agua y con el titular del contrato al objeto de llegar a un acuerdo y evitar así el corte del suministro de agua”. Además, aseguraba que la comunidad de propietarios se había comprometido a pagar los primeros 25.000 euros de la deuda en el intervalo de una semana y que hasta esa fecha solo habían recibido 10.000 euros y ningún plan de pagos, por lo que decidieron llevar el asunto al Consejo de Administración de la sociedad el 10 de marzo para acordar la interrupción del suministro. La comunidad de propietarios califica esa reunión de “encierro” entre la parte municipal y la empresa explotadora del complejo Oasis Papagayo. 

Este redacción también se ha puesto en contacto con un representante de la empresa explotadora, que ha rechazado pronunciarse públicamente. El objetivo de esta sociedad, según ha comunicado a los propietarios, es reabrir sus apartamentos en julio.