El Gobierno argentino aprueba un reglamento que permite a la Policía disparar para “impedir fugas” o sobre “grupos de dos o más personas”
El Gobierno de la República Argentina, a través del Ministerio de Seguridad, aprobó hace unos días un polémico reglamento que permite a las fuerzas de seguridad del Estado hacer uso de sus armas reglamentarias para, entre otros supuestos, evitar la fuga de delincuentes que supongan “un peligro inminente” para los propios agentes o terceros o la presencia de objetos susceptibles de ser usados contra la integridad fisica de las personas en grupos de “dos o más personas”. “Sólo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”, asegura el texto que ha desatado una agria polémica en un país que, tras el breve lapso de glamour del G-20 vuelve a enfrentarse a una realidad marcada por la devaluación del peso, el desplome del consumo interno, el aumento de la desocupación y una pobreza que vuelve a dispararse hacia arriba y ya se traga a uno de cada tres argentinos. En 2019 hay elecciones presidenciales y el Ejecutivo comandado por el empresario Mauricio Macri sabe que la batalla por la Economía está ya perdida.
Para Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del Gobierno argentino, la medida tendrá una consecuencia inmediata: “habrá menos muertes de policías y de ciudadanos”. En declaraciones realizadas a Radio Con Vos, que recogieron los grandes medios nacionales, Bullrich indicó que “el problema de violencia que tiene el país es de los delincuentes, que no valoran la vida de un ciudadano” y descartó desmanes: “Si los reglamentos de usos de las armas de fuego son como el que dimos, claros y transparentes, vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro dónde está el bien y donde está el mal”. Una encuesta publicada por la consultora Manamegent & Fit asegura que un 59,2% de los argentinos y argentinas comparten la medida aunque la mayoría cree que se trata de una medida con objetivos electorales.
El artículo segundo de dicha resolución regula el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad del Estado “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos” y estima, como supuestos válidos, aspectos tan polémicos como “para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”; “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”; “integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas” o “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”. La clave de la nueva normativa es qué se entiende como “peligro inminente”. Los supuestos hablan de siempre de la existencia de una amenaza real materializada por la existencia de armas de fuego. Para la mayoría de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos del país, el nuevo reglamento policial es una invitación velada al ‘gatillo fácil’ y puede ocasionar una peligrosa escalada de violencia en las calles.
Disciplina social y ‘ley de fugas’
Según un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante 2017 un total de 146 personas perdieron la vida en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana (Conurbano) por actos violentos en los que las fuerzas de seguridad del Estado tuvo algún grado de participación. Otros organismos análogos, como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), mantienen que el todo el país se produce una víctima del ‘gatillo fácil’ policial cada 23 horas. Dos días antes de la entrada en vigor del reglamento, dos policías fuera de servicio mataron de doce balazos a un ‘motochorro’ (ladrón que comete sus delitos en moto) que intentó robarles apuntándolos con una pistola de aire comprimido.
“Lo realmente peligroso de todo esto es que se libera a las fuerzas policiales de su responsabilidad penal”, señala María del Carmen Verdú, abogada y referente nacional de la Correpi. Hasta ahora, asegura, “sólo uno de cada dos casos de gatillo fácil en la Argentina termina con una condena, pero ahora es que no va haber ni juicios”, augura. Según datos de la Correpi durante los 12 años del Kirchnerismo, un total de 3.070 personas perdieron la vida por disparos de la policía o mientras permanecían bajo custodia policial, pero “en sólo tres años de macrismo ya estamos cerca de las mil”. “Hasta ahora estábamos bajo normas nacionales y tratados internacionales que, supuestamente, limitaban el uso desproporcionado de la violencia, pero ahora se da vía libre al gatillo fácil, que siempre fue una política de estado en la Argentina. No nos engañemos, esto no lo creó el macrismo”, explica Verdú.
El inciso C.1 del artículo 4 de reglamento (que alude a la grupos de dos o más personas en los que un integrante haya disparado o porte un arma) y la misma indefinición del concepto de arma es una de las principales fuentes de preocupación para las organizaciones de defensa de los derechos humanos. “Ya tuvimos un caso en la ciudad de Tucumán en el que se produjeron disparos durante un tumulto y la policía abatió a un menor de doce años que nada tenía que ver con el altercado”, recuerda Victoria Darraidou, investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Verdú va, incluso, más allá y asegura que este supuesto “particularmente grave” es, en realidad “una herramienta de disciplina social” ante la perspectiva de un verano de movilizaciones sociales por la delicada salud económica del país. “Hay abundante jurisprudencia en la que se considera arma a un trozo de baldosa o a un palo”, recuerda.
La investigadora del CELS recuerda que Argentina está sujeta a los estándares marcados por la legislación internacional y que, en este caso, el nuevo reglamento argentino lesiona dos principios básicos: “no da cuenta de que en el caso de tener que usar el arma reglamentaria se debe hacer el menor daño posible y preservar la vida humana y que no se puede usar un uso ampliado de la fuerza en el caso de niños y adolescentes”. “Se puede interpretar que, a partir de ahora, una actuación policial proporcionada es matar a alguien”, comenta Darraidou quien asegura que “una invitación al uso de la violencia pone en riesgo a los propios policías”.
El otro gran punto de conflicto con las organizaciones sociales es la posibilidad de impedir una fuga a tiro limpio. Uno de los detonantes de la adopción de esta media fue el conocido como Caso Chocobar. Luis Chocobar, policía bonaerense, abatió a un delincuente que, previamente, había asaltado y apuñalado a un turista norteamericano en el populoso barrio de La Boca. “Chocobar disparó al ladrón cuando éste huía y fue exaltado por el poder Ejecutivo, que celebró a este sujeto como un héroe”, relata Darraidou. Según explica la investigadora del CELS, “una investigación judicial posterior demostró que no había peligro ni para el policía, ni para nadie”. Según incide la investigadora, usar este tipo de casos para elaborar reglamentos como el que nos ocupa “es un ejemplo del peligro que supone que el Ejecutivo asuma las funciones del Legislativo y el Poder Judicial”. Chocobar, hoy, está pendiente de juicio oral.
Internas en el propio Gobierno y recurso de inconstitucionalidad
El llamado protocolo Bullrich, en alusión a la ministra de Seguridad del Gobierno argentino, ha causado una verdadera tormenta política que lejos de quedarse en la eterna dinámica oficialismo-oposición ha creado graves fisuras dentro del bloque de aliados que mantiene al Gobierno de Mauricio Macri. “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo (…) Esto no significa que la Policia no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano.”, señaló en
la legisladora Elisa Carrió, una de las más acérrimas y mediáticas defensoras del presidente argentino.
La mayoría de las provincias del país, entre ellas la de Buenos Aires (gobernada por una de los más sólidos pilares del macrismo de cara a las elecciones de 2019 –la gobernadora María Eugenia Vidal-) no aplicarán el protocolo. Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Salta –aunque con ambigüedades-, La Pampa, Jujuy, Misiones o Catamarca ya han anunciado que no aplicarán la nueva doctrina y en la ciudad de Buenos Aires, la medida no podrá aplicarse hasta que se resuelva la declaración de inconstitucionalidad presentada por el juez Roberto Gallardo.
