Siria regula el “derecho a la manifestación pacífica”
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Ministerio del Interior sirio ha publicado una serie de normas en virtud de las cuales se regulará el “derecho a la manifestación pacífica” contemplado en un reciente decreto legislativo y que, según el Gobierno del presidente Bashar al Assad, es “uno de los Derechos Humanos básicos garantizados por la Constitución siria”.
Según las instrucciones, publicadas anoche y anunciadas este lunes por la agencia oficial SANA, se estipula que una manifestación es “una concentración o marcha pacífica realizada por un número de personas en un lugar público” con el objetivo de “expresar una opinión, manifestar algo o afirmar la ejecución de demandas específicas”.
Las manifestaciones sólo se autorizarán una vez se obtenga la licencia necesaria, que podrán solicitar “ciudadanos, partidos políticos, organizaciones populares, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil”. En ellas sólo podrán participar mayores de 18 años y quedan prohibidas todo tipo de armas, tanto blancas como de fuego, aunque la persona tenga permiso para llevarlas.
Asimismo, el Ministerio del Interior estipula que en el caso de que la convoquen ciudadanos, los miembros del comité organizador deben ser residentes permanentes en el lugar donde ésta tendrá lugar, mientras que si se trata de partidos u organizaciones de diverso tipo deberán ser presentadas por su máximo responsable.
Para que pueda celebrarse la protesta, será necesario crear un comité organizador integrado por un presidente y dos miembros que se encargarán de “mantener el orden y hacer que se respete el objetivo de la manifestación”. Estas personas deberán ofrecer todos sus datos personales a las autoridades a la hora de solicitar la autorización.
Igualmente, a la hora de pedir la autorización, según Interior, se deberá dejar claro el objetivo de la protesta, su recorrido, horario e incluso las demandas y eslóganes que se emplearán. Además, el comité organizador deberá prometer que asumirá “la responsabilidad por cualquier daño causado por los manifestantes a propiedades públicas y privadas”.
Las solicitudes deberán presentarse ante el Gobierno de la provincia en horas laborales y al menos cinco días antes de la fecha prevista. A continuación, un comité del Ministerio del Interior estudiará las peticiones e informará directamente al presidente del comité organizador.
En caso de que sean rechazadas, precisa el Ministerio, deberá acompañarse con una explicación de los motivos que han llevado a denegar el permiso. Pero si los organizadores no reciben una respuesta en los cinco días previos a la protesta, se considerará que ésta ha sido autorizada.
MOTIVOS DE RECHAZO DE LAS PETICIONES
Las instrucciones emitidas por Interior especifican entre los posibles motivos para denegar los permisos el que haya una posibilidad de disturbios o vandalismo o si la manifestación busca “aterrorizar a los ciudadanos para impedir que realicen actos legales o forzarles a que cometan actos ilegales”.
También podrá denegarse el permiso si no hay efectivos suficientes de las fuerzas de seguridad en la zona para “hacer frente a cualquier deterioro” de la situación. Tampoco se autorizarán manifestaciones con el objetivo de “provocar disputas religiosas o racistas” o en caso de que haya dos solicitudes para un mismo lugar.
En caso de que la solicitud sea rechazada, el Ministerio del Interior contempla la posibilidad de que la decisión sea apelada. Si esto ocurre, la autoridad competente podrá reconsiderar su decisión e incluso cambiar el lugar y la fecha de la manifestación, avisando con al menos 24 horas de antelación a los organizadores.
Las normas estipulan que un representante del Ministerio del Interior --la Policía provincial--, aconsejará al comité organizador que la protesta se disperse si hay disturbios. Si tras dos advertencias no se disuelve la manifestación, el representante deberá advertir en dos ocasiones del uso de la fuerza. Llegados a este punto, si tampoco obedecen, se empleará la fuerza de forma gradual.
Por último, el Ministerio del Interior advierte de que no se deben aprovechar los lugares de culto, universidades, escuelas, instalaciones públicas y zonas militares para llevar a cabo manifestaciones, y que si esto ocurre la Policía debe intervenir directamente.
AMPLIADA LA AMNISTÍA
En otro orden de cosas, el Ministerio del Interior ha informado este lunes de que “para satisfacer las crecientes solicitudes y debido al continuo flujo de involucrados en disturbios” que han acudido a entregarse a las autoridades, se ha decidido prorrogar el plazo de amnistía dado a los que se entreguen hasta el 22 de mayo.
Inicialmente, el Gobierno había anunciado que aquellos que hubieran participado en las protestas y disturbios registrados en Siria desde mediados de marzo y se entregaran a las autoridades antes del 15 de mayo no serían juzgados y serían puestos en libertad de forma inmediata.
El objetivo de la prórroga, según Interior, es “dar oportunidad al mayor número de personas para beneficiarse de ese plazo”. Según el Ministerio, hasta ayer domingo se habían entregado 6.710 personas de todas las provincias, que fueron puestas en libertad tan pronto se comprometieron a no reincidir en cualquier acto que viole la seguridad de la patria y el ciudadano, informa SANA.
