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IUC en La Palma rechaza la supresión de rutas y el incremento de las tarifas en el servicio insular de guaguas

Izquierda Unida Canaria también se opone a la eliminación de bonificaciones. 

Indica que la modificación de la concesión plantea la supresión de dos rutas que dejarán sin servicio a amplias zonas de los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso.

Varias guaguas de la flota de Transportes Insulares La Palma.

Imagen de archivo de guaguas de la flota de Transportes Insulares La Palma.

Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma rechaza que “el Cabildo pretenda aprovechar una modificación de la concesión del servicio regular interurbano de transporte de viajeros por carretera para suprimir rutas, incrementar tarifas y eliminar la bonificación de los billetes de la que disfrutaban hasta ahora ciertos colectivos”, indica en una nota de prensa. 

Considera que “la modificación de la concesión es necesaria debido a la actual falta de control público que existe sobre el servicio, tal y como han demostrado los estudios encargados al respecto por el propio Cabildo”.  Apunta que “las  mejoras previstas en el sistema de rutas que explota la empresa, anunciadas en los medios de comunicación, como el incremento de las frecuencias de paso en determinadas franjas horarias, la renovación de la flota o la implantación de un sistema de apoyo a la explotación, son básicas para mejorar la calidad del servicio y propiciar un mayor uso entre la población”. 

Para IUC “no se pueden aprovechar estas mejoras, que en algunos casos, como las conexiones de guaguas con Puerto y Aeropuerto llevamos reivindicando desde 2014, para encubrir la supresión de rutas que sirven a amplias zonas de los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, como el barrio de Las Manchas”. 

En este caso, añade, “se les ofrece a los usuarios como alternativa un sistema de transporte a la demanda que aún no se ha implantado y del que existen dudas más que razonables que puede ponerse en marcha a corto plazo. Hemos sido la primera organización política de la Isla en plantear el transporte a la demanda como una solución para cubrir zonas de La Palma con población reducida y dispersa, pero mientras ese sistema se pone en marcha no se pueden eliminar las únicas opciones de transporte público existentes”. 

En la nota se señala que “los nuevos tramos kilométricos utilizados para definir las tarifas dan lugar a un aumento del 24% del precio en los billetes en aquellos recorridos que superan los 20 kilómetros (km), que en 2014, según fuentes del propio Cabildo, suponían un 25% de los viajes. Introducir mejoras en algunas rutas y combinarlas con un aumento significativo de los precios no parece la mejor estrategia para captar nuevos usuarios, especialmente en una isla donde el elevado paro y las bajas rentas limitan la capacidad de poder adquisitivo de la población”. 

En ese sentido, expone, “la eliminación de la bonificación del 100% de la que disfrutaban desempleados y jubilados de rentas bajas (ingresos inferiores a 1,8 veces el IPREM), puede suponer una notable reducción de la demanda. A partir de ahora, quienes se encuentran en dicha situación pasan a recibir una bonificación del 70% de los billetes, lo que puede redundar en un abandono del transporte público”. Para IUC “no debe alterarse el planteamiento vigente desde 2014, en donde la gratuidad del servicio se limitaba a aquellas personas con menos recursos”. 

Por otra parte, “en lo que respecta a los estudiantes menores de treinta años, convendría distinguir entre una tarifa joven y otra estudiante”. En el caso de la tarifa estudiante, “debe asegurarse la bonificación del 100% del recorrido entre su domicilio y el lugar de estudio. En ese sentido, pensamos que conviene plantear la tarifa joven, no como tarifa plana de 25 euros mensuales con viajes ilimitados que se plantea, sino como una bonificación de los viajes individuales superior al 25% e inferior al 70%”. 

Finalmente, “lamentamos que continúen sin activarse los mecanismos de participación ciudadana previstos en Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, como son los Consejos Territoriales de Movilidad, con el objetivo de favorecer la participación e intercambio de ideas de los diferentes agentes involucrados en el transporte público, incluyéndose a los usuarios. Ello permitiría conocer de manera directa las necesidades de los usuarios de las distintas rutas, cuya opinión no ha sido tenido en cuenta en ningún momento, lo que podría redudar en significativas mejoras que podrían incrementar la demanda”.

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