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El Diputado del Común y el Defensor del Pueblo pretenden corregir el mal funcionamiento del Catastro en Canarias

Jerónimo Saavedra y Francisco Fernández Marugán firmaran un convenio de colaboración para subsana una situación que genera cada vez más quejas de los ciudadanos de las islas, especialmente no capitalinas.

Reunión del Diputado del Común, Jeróniomo Saavedra, y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

Reunión del Diputado del Común, Jeróniomo Saavedra, y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

El Diputado del Común y el Defensor del Pueblo establecerán un convenio de colaboración para mejorar la situación del Catastro Inmobiliario en Canarias, se indica en una nota del prensa del síndico canario. Así lo acordaron Jerónimo Saavedra y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en un encuentro en el que el Diputado del Común puso de manifiesto que año tras año se incrementan las quejas de los ciudadanos canarios por el deficiente funcionamiento de este organismo. 

“Una situación”, se apunta en la nota, “que responde a la escasez de recursos con que opera el Catastro Inmobiliario, a pesar de que con las últimas modificaciones legislativas este organismo ha cobrado una mayor relevancia, pasando a ser un instrumento necesario para realizar las gestiones urbanísticas y la herramienta para que las fincas que acceden al Registro de la Propiedad estén perfectamente identificadas y localizadas”. 

La realidad que “constata el Diputado del Común por las quejas que presentan los canarios” es que “cada vez se incurre en más retrasos a la hora de resolver las solicitudes de la ciudadanía”. Una circunstancia que “se agrava aún más entre las personas que viven en las islas no capitalinas, que tienen que acudir a Tenerife o Gran Canaria para poder examinar sus expedientes e interesarse por la marcha de los mismos”. 

La quejas hacen referencia “fundamentalmente a los retrasos en resolver las solicitudes y los recursos, en algunos casos más de cinco años, como también por la falta de constancia del verdadero régimen jurídico de los inmuebles en el Catastro, lo que provoca en numerosas ocasiones una tributación excesiva e indebida, que afecta no solo al IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), sino también a otras figuras impositivas, y al verdadero reflejo patrimonial de la situación del titular del inmueble”. 

El Diputado del Común recuerda el trabajo que realizó el Defensor del Pueblo sobre La realidad catastral en España, que publicó en el año 2012, en el que ya se hizo eco del deficiente funcionamiento de la Gerencia Regional de Canarias. “Una situación que pese al paso del tiempo no ha mejorado”, subraya. Dada la importancia que ha cobrado el Catastro Urbano, el Diputado del Común sostiene que “la Administración General del Estado debería estar dotada de más medios humanos, económicos y materiales para el buen funcionamiento de dicha institución”. 

En la nota se añade que “la escasez de recursos del Catastro y los últimos cambios legislativos en la Ley Hipotecaria y en la Ley del Catastro han derivado en un incremento de las quejas que reciben ambas instituciones. Los ciudadanos se quejan de los retrasos en resolver sus solicitudes y de los problemas de acceso a los que se enfrentan los residentes de las islas menos pobladas (La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura) que han de acudir a Gran Canaria y Tenerife para poder examinar sus expedientes”. 

Ambos Defensores consideran que “el Catastro se ha convertido en una pieza fundamental para la identificación y localización exacta de las fincas o inmuebles”. 

 En 2012 el Defensor del Pueblo publicó el informe La realidad catastral en España. Perspectiva del Defensor del Pueblo en el que se formulaban 42 recomendaciones dirigidas a mejorar el funcionamiento del Catastro y se mostraban las deficiencias detectadas tras analizar los cuestionarios enviados y cumplimentados por 51 gerencias, y los resultados obtenidos en las 22 visitas presenciales efectuadas a distintos puntos de España, concluye la nota.

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