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La Fiscalía solicita tres años de prisión a un joven por abusos sexuales a una menor en Santa Cruz de La Palma

Los hechos ocurrieron en agosto de 2018 en la celebración de las fiestas de La Candelaria.

Edificio del Juzgado de Santa Cruz de La Palma.

Edificio del Juzgado de Santa Cruz de La Palma. LA PALMA AHORA

El Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de prisión para un joven que presuntamente abusó sexualmente de una menor en agosto del pasado año en la celebración de las fiestas de La Candelaria de Santa Cruz de La Palma. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará este jueves el juicio oral en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital palmera. 

Según el relato de los hechos que ofrece la Fiscalía, “sobre las 02:00 horas del día 8 de agosto de 2018, en la vía pública, en un barrio de Santa Cruz de La Palma, con ocasión de la celebración de la fiesta de La Candelaria, movido por una evidente intención de satisfacción sexual indebida”, que no logró “ante la negativa reiterada de la menor”. 

Los hechos relatados “son constitutivos de un delito de abusos sexuales a una menor de 13 años, perpetrados en grado de consumación”, por lo que se solicita una pena de tres años de cárcel “con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”, además de la prohibición al acusado “de aproximarse a menos de 200 metros de la menor, de su domicilio, lugar de estudio, trabajo o cualquier otro lugar que sea frecuentado o en el que se encuentre, así como la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio escrito, verbal o telemático, por sí o por persona interpuesta, durante un tiempo de cinco años”. 

Asimismo, la Fiscalía pide que se imponga al acusado “la pena de libertad vigilada durante un periodo de cuatro años, con prohibición de aproximarse a la menor, o a su domicilio o lugar donde se encuentre a una distancia inferior a 500 metros o a comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello por tiempo de cuatro años”. 

Igualmente, la Fiscalía estima que el acusado tiene “la obligación de participar en un programa de educación sexual”. Pide, por otro lado, la pena de “inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior a cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia”. 

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal demanda una indemnización para la menor de 6.000 euros en concepto de daños morales.

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