“Quienes reclaman sus tierras son víctimas de torturas y violaciones”
El Grupo Local de Amnistía Internacional (AI) ha llevado a cabo este sábado una acción de calle en el marco de la campaña ‘Colombia, ¡Devolvednos la tierra!’. El acto se desarrolló en la Calle Real de Santa Cruz de La Palma, a la altura de la Plaza de España, donde los activistas de AI instalaron una mesa informativa y recogieron firmas de apoyo a un proceso de paz que pasa por la restitución de tierras a millones de personas expulsadas. Asimismo, se procedió a la lectura de un manifiesto a cargo de Mónica Pérez, de la Asociación Sociocultural Mareando.
Colombia tiene “uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo y las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes”, asegura esta organización. “Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del Gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente”, recuerda.
Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población), prosigue, “han sido desplazadas a la fuerza, principalmente por paramilitares y por las fuerzas de seguridad a lo largo del sangriento conflicto armado de Colombia. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas, una superficie mayor que Costa Rica, a menudo en beneficio de poderosos intereses económicos”.
Aunque Amnistía Internacional acogió con beneplácito la promulgación de la Ley 1448, “no se están tomando medidas para aplicarla de manera efectiva y abordar sus deficiencias”, dice. “El proceso está siendo demasiado lento, e incluso cuando se entregan títulos de propiedad en virtud de la Ley 1448, las amenazas de violencia y la falta de infraestructura básica y de apoyo económico impiden a la gente regresar a sus casas”, subraya.
“No basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio”, manifestó Montserrat Román, coordinadora de Amnistía Internacional en La Palma. Por ello, añadió, “pedimos al Gobierno colombiano que agiliza el proceso de devolución de tierras”. “El éxito de las conversaciones de paz, que recientemente han iniciado Gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pasa por esta devolución”, dijo.
Para ello, el Gobierno colombiano “debe tomar medidas contra la violencia, puesto que al final de agosto de 2014, la Fiscalía General estaba investigando al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso, pero es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor, y contra la explotación empresarial, porque poderosos gigantes empresariales nacionales e internacionales han utilizado reiteradamente el conflicto armado para promover, consolidar y proteger sus intereses económicos, incluso por medio de la adquisición ilegal de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, no se han tomado medidas para abordar la responsabilidad de las empresas”, sostiene Amnistía Internacional.
El conflicto armado interno de Colombia se ha caracterizado “por la comisión sistemática y generalizada de abusos y violaciones de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, secuestros y violencia sexual. Han sido obra de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares, que actuaban solos o en connivencia, así como de la guerrilla”, afirma AI.
MANIFIESTO
Colombia lleva 50 años en guerra. Y la lucha por la tierra es un elemento clave del conflicto. Todas las partes -las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos paramilitares y la guerrilla- han mostrado un apetito insaciable por mantener su dominio sobre el territorio. El efecto ha sido devastador para la población civil:
- Ocho millones de hectáreas han sido robadas a sus legítimos propietarios.
- Seis millones de personas se han visto desplazadas por la guerra. La inmensa mayoría pertenecen a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Al despojarles de sus tierras, les han privado de su sustento.
- Casi la mitad de los hogares desplazados tienen como cabeza de familia a una mujer. En 2011, el gobierno aprobó una ley para devolver parte de las tierras, lo que se consideró un paso positivo. Sin embargo, los progresos están siendo tan lentos que ha defraudado a la mayoría de las víctimas. Las personas que reclaman las tierras y quienes hacen campaña a su favor siguen siendo víctimas de amenazas, homicidios, tortura, violación... ¿Cómo van a regresar a casa sabiendo que quienes los echaron, amenazaron y mataron a sus amigos y familiares podrían estar esperando? No basta con entregar a la gente un título de propiedad. Las autoridades colombianas deben aceleren los trámites para garantizar la devolución de tierras. Y deben garantizar la seguridad de quienes regresan y de quienes hacen campaña por la restitución de tierras. Los presuntos responsables del desplazamiento forzado y de las violaciones de derechos humanos relacionadas han de ser sometidos a juicio. Por su parte, el Gobierno español debe interceder ante el Gobierno colombiano y asegurarse de que las empresas españolas que invierten en Colombia no se benefician de tierras adquiridas ilegalmente. Las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla brindan una oportunidad única de dejar atrás tanto sufrimiento. Pero la tierra es un elemento clave. La viabilidad a largo plazo de un eventual acuerdo de paz podría depender de la capacidad del Gobierno colombiano para devolver de manera efectiva las tierras robadas a quienes se vieron obligados a abandonarla.
¡DEVUELVAN YA LA TIERRA ROBADA DE COLOMBIA!
