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Ana Viña: “De las sucesivas erupciones de La Palma ha salido una mayor cohesión y avance”

La catedrática Ana María Viña Brito en la presentación del libro 'La Palma: una isla de oportunidades'. LUZ RODRÍGUEZ

Esther R. Medina

Santa Cruz de La Palma —

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La palmera Ana María Viña Brito, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de La Laguna, y Pedro B. González Pérez, profesor titular de Historia Contemporánea también de la ULL, participan en el libro ‘La Palma: una isla de oportunidades. Repensando el futuro a partir de la crisis volcánica’, editado por el Servicio de Estudios Económicos y Sociales de la Fundación CajaCanarias, con un artículo que lleva por título ‘La historia de La Palma como referencia para afrontar el presente y el futuro: algunas claves’. “La evolución diacrónica que presentamos tiene como finalidad mostrar cómo, a pesar de las crisis, es posible la recuperación y, sobre todo, que la memoria histórica nos muestra cómo de las sucesivas erupciones ha salido una mayor cohesión y avance, de ahí que, como señalábamos en el título, las referencias al pasado deben servirnos para afrontar el futuro. Nuestra pretensión ha sido, partiendo de la experiencia histórica, plantear situaciones, posibilidades y variables de análisis del pasado como reflexión en torno a lo que pueda y deba hacerse en el proceso de reconstrucción económico y social del Valle y de La Palma para que adquiera el dinamismo económico, apertura social, peso específico y la pujanza económica que su propia historia le confiere”.

“Los fenómenos naturales han causado importantes estragos en Canarias y La Palma no ha escapado a esta dinámica. La población ha superado estas crisis, principalmente las volcánicas, aunando esfuerzos y sobreponiéndose a las sucesivas calamidades”, recuerdan, y añaden que “la mentalidad vigente en cada época histórica definirá las actuaciones llevadas a cabo, con diferentes resultados, en función de los intereses representados en cada uno de los sucesivos fenómenos eruptivos acaecidos en la isla”.

Viña Brito y González Pérez presentan una evolución diacrónica de las distintas erupciones documentadas registradas en La Palma: volcán de Tajuya (1585), volcán de Tigalate o de Martín (1646), volcán de San Antonio (1677) y volcán de El Charco (1712). En el siglo pasado se sitúan el volcán de San Juan (1949) y el volcán de Teneguía (1971). “Las dos erupciones volcánicas que acaecieron en La Palma en el siglo XX supusieron un cambio respecto a las precedentes, no en cuanto al temor de la población, sino a las medidas tomadas para hacer frente a estos fenómenos de la naturaleza”, afirman.

En el volcán de San Juan, “los alcaldes de El Paso, Los Llanos y Tazacorte procedieron mediante una movilización general, con los medios disponibles, a la evacuación de numerosos vecinos, enseres y animales de estos pagos, muchos de los cuales ya habían abandonado sus viviendas que habían sufrido graves daños por los seísmos, alojándose en casas particulares, colegios, almacenes de plátanos, etc. La virulencia de la erupción afectó asimismo a la ermita de San Nicolás, cuyos ornamentos e imágenes se trasladaron a El Paso y a Los Llanos, procesionando en plena erupción y pidiendo el fin de la misma”, relatan.  “Al igual que en las erupciones precedentes, la apelación a la intervención divina estuvo presente, especialmente, porque el volcán en su trayectoria se desvió no afectando a la parroquia de San Nicolás de Bari, en Las Manchas, que llevó al sacerdote Blas Santos a encabezar una cuestación popular para, en señal de agradecimiento divino, erigir un monumento a la virgen de Fátima. Hubo colaboración desde todos los puntos de la isla, tanto de la población local como del batallón de infantería La Palma, así como del exterior, -en esos momentos era ministro de la Gobernación el palmero Blas Pérez González-. Descripciones como la del periodista Luis Álvarez Cruz y, principalmente, el recuerdo que pervive en algunos palmeros, hablan de la solidaridad de toda la isla y de la labor de los médicos -recordemos que la lava destruyó unas 70 viviendas, más otro medio centenar por los terremotos, sin mencionar las enormes pérdidas materiales en propiedades agrícolas, lo que ocasionó gran tristeza y desolación-”, cuentan.

“Las ayudas externas, imprescindibles para la lenta recuperación de la enorme área afectada, provinieron tanto del Consejo de Ministros, cuyo encargado por orden del entonces Jefe del Estado fue el palmero Blas Pérez González, como del Cabildo Insular y del propio obispo que recomendaba a los párrocos que hiciesen rogativas y organizaran colectas para ayudar a los damnificados, pero la realidad fue que las familias que habían perdido sus medios de subsistencia pudieron salir adelante merced a la ayuda de los vecinos o a la emigración”, recuerdan.

“La afectación del volcán de San Juan no solo ha quedado recogida en numerosos estudios, en las actas de ayuntamientos, libros parroquiales, etc., así como en los medios de comunicación de la época -incluyendo un reportaje en el NO-DO, lo que dio visibilidad-, sobre todo, quedó en la mente de quienes lo vivieron. Tuvieron ayudas inmediatas, sí, las disponibles en aquellos momentos, pero el volcán de San Juan nos dejó amplios espacios cubiertos de lava que avanzó en el mar y que, gracias al tesón y trabajo, convirtió la zona costera en un espacio agrícola muy productivo, aunque los beneficiados no fueron, en su totalidad, los vecinos afectados”, subrayan.

“Apenas 22 años después, la isla de La Palma se vio afectada por la erupción del Teneguía en 1971, en el municipio de Fuencaliente, del que contamos con numerosas publicaciones. En esta ocasión, las variables a analizar fueron otras: la zona de la erupción estaba deshabitada, la afección fue en zonas de cultivo de vid, el terreno ganado al mar sería de carácter público y, esencialmente, se convirtió en un volcán turístico, como sigue siendo en la actualidad”, explican.

“En 2021 se produce una nueva erupción en el paraje de Cabeza de Vaca, dorsal de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso. Como consecuencias inmediatas, desaparecen viviendas, cultivos..., y se desplaza la población no solo por la destrucción provocada por la lava, sino porque muchas zonas agrícolas y algunos núcleos quedaron incomunicados. Pero las diferencias fundamentales con las erupciones anteriores vienen dadas por los avances técnicos y un mayor conocimiento y monitorización de todo el proceso eruptivo, y la acción conjunta de las instituciones”, resaltan.

“A pesar de la inmediatez con la que vivimos, se observa en los afectados una actitud de pesadumbre cuyo argumento central gira en torno al ¿qué hacer?, ¿dónde ir?, ¿empezar una nueva vida? Son preguntas que aún no tienen completa respuesta. Ha habido ayudas materiales que son insuficientes para edificar una vivienda y huerta de autoabastecimiento ¿Y qué ocurre con quienes, conservando parcial o totalmente sus casas, no pueden o no podrán acceder a ellas? La respuesta debe ser supramunicipal y con perspectiva insular”, sostienen.

“El Valle de Aridane es el fruto de la interacción entre su población y el entorno físico, económico y social en el que se ha desarrollado desde hace más de 500 años. Su territorio ha sufrido erupciones históricas y recientes que han condicionado y caracterizado ese proceso de interacción, y en estos momentos, como consecuencia del fenómeno eruptivo, precisa análisis y soluciones que posibiliten un nuevo ordenamiento a corto, medio y largo plazo. Esta planificación requiere un gran esfuerzo y un alto grado de comprensión recíproca entre las distintas Administraciones y los afectados. La dinámica debe generar una conciencia colectiva que, teniendo presente el tejido emocional de los afectados, sirva para fortalecer la identificación en torno a la idea de reconstrucción, aunque sea de difícil encaje en la concepción académica del proceso”, precisan.

Para Ana Viña y Pedro B. González, “la resultante de esta actitud colectiva debe ser la creación de una comunidad de sentimientos que permita a la población y al medio en el que habita ser coprotagonistas de la demostración de su propia grandeza. Ello reclama transparencia, audiencia y participación ciudadana para que la población no sea mera receptora de las decisiones que toma la Administración”.

“La situación actual, al estar motivada por circunstancias sobrevenidas, adquiere un carácter excepcional, pues la erupción obligó a la evacuación de miles de ciudadanos que fueron albergados en casas familiares alejadas de la erupción o en instalaciones municipales y atendidas por servicios sanitarios, sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Organizaciones no gubernamentales y por un abundante, altruista y ejemplar voluntariado. Igualmente, alteró la vida de la población y condicionó la acción humana en las zonas afectadas, dejando evidentes daños materiales de considerable magnitud como corte de vías de comunicación y en suministros de agua, suprimió para siempre entidades poblacionales, arrasó e inutilizó centros docentes y provocó la suspensión de las actividades escolares en centros no directamente dañados. Debe añadirse también que se produjo en el Valle de Aridane una alteración, altamente significativa, en la prestación de servicios públicos cuya acción se vio seriamente comprometida e incluso paralizada o, sencillamente, desaparecida para siempre. Los daños materiales producidos en bienes, tanto de titularidad privada como pública, en servicios e instalaciones públicas, en el sector de la agricultura y la ganadería, en la industria y en el sector del comercio y servicios, han adquirido magnitud millonaria”, recuerdan.

Por tanto, resaltan, “partiendo de esa excepcionalidad y con el objetivo de potenciar la seguridad para que las personas sean el referente central del proceso de reconstrucción y normalización, entendemos necesario que la normativa actual, con carácter general deba ser revisada. La finalidad sería, mientras dure la emergencia, agilizar un proceso ordenado de recuperación y que se puedan diseñar aplicaciones para la mejora en los trámites que se han de librar en y ante la Administración, así como en ámbitos jurídicos y técnico-profesionales”.

“Al respecto la historia reciente del Valle de Aridane pone de relieve que cuando así se ha hecho sus efectos han sido positivos. Baste señalar que las ayudas, aunque de limitado efecto, junto a las remesas de los emigrantes permitieron transformar explotaciones agrarias en la larga etapa posterior a la erupción del volcán de San Juan, en 1949. De igual modo, posibilitaron otras de nueva creación que, principalmente en zonas de costas y de medianías, terminaron configurando un nuevo paisaje y permitiendo una nueva restructuración de la propiedad con la aparición de un cuerpo socialmente estable de pequeños y medianos propietarios. Apenas una década después de finalizar la expresada erupción se iniciaba esta transformación y sería entre 1965 y 1974 los años de máximo apogeo. Se hizo tanto sobre la lava del volcán de San Juan así como de otros precedentes”, apuntan.

“Esta pujanza en la actividad transformadora fue produciendo altos rendimientos económicos que se tradujeron en considerables efectos sociales tanto por bienestar material como por el capital humano, dado los efectos positivos de carácter no monetario que produjo el retorno social de la Educación Superior en la sociedad del Valle. El proceso, ya con mayor amplitud de miras, terminaría posibilitando a principios de la década de los ochenta, la diversificación de inversiones en el incipiente sector turístico”, exponen.

“El nuevo dinamismo facilitó la puesta en marcha, no exenta de especulación, de una serie de rehabilitaciones de antiguas residencias rurales y, también, de nuevas construcciones de inmuebles para dedicarlos a turismo estacional o a viviendas vacacionales de alta rentabilidad. Enclaves específicos como El Paraíso, Los Campitos, La Laguna o Todoque eran antes de la última erupción claros ejemplos de cuanto señalamos. Para la historia solo quedarán como referencias del pasado”, admiten.

“En lo referente a la población, en sintonía con lo precedente, hemos señalado que las personas deben ser el referente central del proceso de reconstrucción y normalización. Estimamos que deben ser atendidas con idénticos criterios de excepcionalidad puesto que han sido las directamente perjudicadas. Muchas han perdido todo bien material, su pasado y con él sus recuerdos lo que, obviamente, condicionará su futuro. A pesar de ello mantienen ilusiones y esperanza. Cierto es que la historia, a corto plazo, les sitúa en mejores condiciones que las que rodearon a sus abuelos o padres cuando sufrieron los efectos de la erupción de 1949 y cuya solución inmediata fue la emigración. La generación actual, en términos materiales, ha perdido más porque mucho más tenía y la solución migratoria no parece la mejor pues 'El Dorado' ya no ilusiona y el panorama global no parece atractivo”, reconocen.

“Ahora, en esta tarea de reconstrucción y dado el alto número de viviendas arrasadas, se impone la necesidad de que el Estado social mediante medidas adecuadas, delimite espacios y fomente políticas públicas de vivienda. Precisamente, con ese carácter de temporalidad, también deben regularse alquileres estables para así evitar o frenar la especulación en este ámbito. Después de un año de la erupción, muchos afectados se encuentran todavía en hoteles o en casas familiares. Al no existir casas de alquiler y las soluciones habitacionales no ser suficientes, es necesario potenciar las ayudas al alquiler para aquellas familias que tuvieron que abandonar sus hogares”, plantean.

“Los pasos dados hasta aquí parecen seguir, aunque con lentitud, una senda medianamente adecuada. Se han abierto carreteras, se han entregado viviendas, los accesos a las casas que, próximas a la zona afectada, se mantienen en pie será factible. Sin embargo, se siguen planteando demandas que no han tenido respuesta para aquellos pequeños propietarios y trabajadores de las fincas agrícolas arrasadas por la lava y cuya situación genera agravio comparativo respecto a las soluciones dadas a colectivos de afectados que acreditan impedimentos para desarrollar su actividad a consecuencias de los efectos del volcán”, detallan.

“Mientras se han concedido subvenciones directas dirigidas a mitigar los perjuicios económicos producidos a empresas y personas autónomas por la erupción, al sector platanero, cuyas fincas quedaron arrasadas, no se le ha dado solución alguna. El problema, como hemos señalado, afecta a propietarios y a medianeros que también han sido perjudicados como así consta en sus declaraciones como afectados recogidas en el Registro Único. Además, las consecuencias de esta anomalía se extienden a sus familias e inciden negativamente en la actividad económica del Valle y de la isla. Muchos ya frisan la cincuentena y dadas las características de efecto geológico, las posibilidades de volver a cultivar en la zona de afección directa son remotas. Estos afectados, de forma conjunta, han sido los autores del milagro económico de Aridane. La historia nos ha mostrado que su laboriosidad y su tesón han sido y son incuestionables, pero es necesario escucharlos y planificar el futuro con ellos, no exclusivamente desde los despachos, pues la tristeza ha hecho mella en los afectados y la recuperación depende no solo de la solidaridad inicial, sino de un acompañamiento efectivo que se traduzca en estímulo para continuar. Al respecto, y por una cuestión de estricta justicia, insistimos en la necesidad urgente de valoración del problema, de información adecuada, así como de transparencia y rapidez en la solución por parte de la Comisión Mixta para Recuperación y Reconstrucción de la isla de La Palma”, concluyen.

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