Iniciativa Ciudadana defiende el actual decreto de reconstrucción y acusa a la Asociación Volcán Cumbre Vieja de faltar a la verdad

Iniciativa Ciudadana ha salido al paso del comunicado emitido por la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja en el que critica el nuevo decreto de reconstrucción tras la erupción y dice que “la Real Academia Española de la Lengua define manipulación como ‘intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares’. En respuesta a las recientes afirmaciones de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los afectados por el volcán de La Palma quiere reafirmar su desacuerdo con las declaraciones infundadas emitidas desde el 29 de noviembre de 2023. En un momento crítico para La Palma, la integridad y la verdad resultan esenciales, y es nuestro deber abordar y refutar firmemente las afirmaciones para garantizar la transparencia en la información compartida con la sociedad palmera”. 

“La Asociación ha defendido la supuesta ‘participación ciudadana’ desarrollada en la redacción de los anteriores decretos, enfatizando el concepto ‘consenso’. Sin embargo, estas declaraciones encubren que las decisiones fueron tomadas de forma unilateral desde las administraciones y con carácter ideológico. Lo fueron la elección inadecuada de las viviendas contenedor para afectados y ancianos, la imposición del trazado de la Carretera de La Costa, la problemática gestión de la tubería de la fajana con multa millonaria incluida, el innecesario embarcadero de emergencia de La Bombilla, el bloqueo científico de Puerto Naos y La Bombilla y de los conflictos de intereses más que evidentes de los estos en la gestión que la propia Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias se encuentra desconcertada ante la falta de criterio y de método científico aplicado en el ‘ensayo experimental’ diseñado por los científicos destacando las carencias y deficiencias en la gestión científica y técnica lo que ralentiza el regreso a estas zonas, así como la imposición de la macrofinca. Y todas ellas, fueron presentadas bajo la etiqueta del ‘consenso participativo’ y como bien común necesario para los afectados. La Iniciativa Ciudadana quiere constatar la falta de participación real de la ciudadanía en dichas decisiones que se adoptaron entonces, y que han afectado negativamente a los afectados y a sus intereses y que ha supuesto un despilfarro de las ayudas llegadas para la reconstrucción de las vidas de los afectados por el volcán”, asegura. 

Contrario a las afirmaciones de la Asociación que afirman que los decretos fueron “consensuados”, la Iniciativa Ciudadana “siempre abogó por una participación social auténtica, reclamando al Cabildo de Mariano Hernández la creación del Consejo Sectorial de los Afectados al Cabildo, respaldada por más de 1.200 firmas. También denunció los procesos controvertidos impuestos a través de ‘Revivir el Valle’ montada para doblegar la participación ciudadana, y como herramienta útil a los intereses ideológicos de imposición de un modelo de reconstrucción ideológico y financiado por Ángel Víctor Torres (anterior presidente del Gobierno de Canarias) y Mariano Hernández Zapata (anterior presidente del Cabildo de La Palma)”, añade. 

Por el contrario, “hoy la Asociación denuncia, y amenaza con impugnar, el nuevo decreto por ‘no estar consensuado’. La Iniciativa destaca que los hechos que evidencian que, si hay participación cuando durante la presentación del nuevo borrador, se nos trasladó a todos que se busca mejorar el documento y agilizar el proceso sin demoras innecesarias tal y como anunció Nieves Lady Barreto en su presentación el pasado noviembre. Por tanto, frente a las acusaciones de falta de participación en los nuevos decretos, la Iniciativa Ciudadana desafía a la Asociación a presentar pruebas sustanciales que respalden sus afirmaciones”. 

“En la reunión del 22 de noviembre, los afectados fueron informados sobre el primer borrador del nuevo decreto con un mensaje claro: ‘Se busca mejorar el documento y agilizar el proceso sin demoras, considerando la urgencia del momento’. Precisamente estamos en la actual fase de consultas a colectivos y afectados, y se trabaja para recopilar aportaciones que contribuyan a perfeccionar el decreto. La Iniciativa Ciudadana niega las afirmaciones de falta de participación, asegurando que los interesados están realizando contribuciones a través de representantes, en las oficinas de Gesplan y en reuniones directas con los responsables”, asegura. 

“El decreto ha sido criticado por la Asociación, alegando que ‘no incorpora las demandas de los afectados’. Sin embargo, es crucial señalar que dicho decreto sí refleja las numerosas demandas transmitidas a los redactores desde el pasado verano, en reuniones con autoridades clave. La Iniciativa Ciudadana tiene que contradecir las afirmaciones de la Asociación, destacando que somos conocedores todas las asociaciones que está trabajando en los últimos cinco meses, desde junio, para incorporar las necesidades y las sugerencias de los afectados como consecuencia de la demanda realizada por la nueva administración a las asociaciones para incorporar dichas necesidades a los mismos. Además, la Asociación en sus declaraciones da por sentado de forma evidente que los anteriores decretos eran los únicos válidos para los afectados, lo cual es falso. La Iniciativa lleva dos años participando de forma proactiva en los procesos mencionados, de mejora de dichos decretos anteriores, con informes jurídicos y técnicos que han sido de forma sistemática ignorados por la administración anterior, liderada por Ángel Víctor y Mariano Hernández”, subraya. 

“Nos resulta evidente que el desmantelamiento de los decretos está totalmente justificado para la Iniciativa Ciudadana, debido a que la nueva propuesta mejora los mismos y corrige falsedades e imposiciones previas restaurando la dignidad y justicia de los afectados. Cabe recordar que todos los decretos del anterior gobierno sostenían falsamente que las administraciones actuaron de acuerdo a derecho, cuando esto no es cierto en absoluto, imponiendo el relato de que se efectuó una evacuación preventiva de las personas en riesgo hecho que nunca ocurrió lo que agravaron las pérdidas materiales y la de miles de animales domésticos fallecidos. Y contrario a la versión que ahora esgrime la Asociación, la Iniciativa Ciudadana desea enfatizar que en este caso constatamos que no se trata de un desmantelamiento político frente al PP-PSOE, sino más bien busca corregir todos los errores pasados y avanzar con transparencia y participación real de los afectados. Hacer política del volcán demuestra los intereses que perseguían entonces, y ahora”, señala. 

“Resulta crucial recalcar que el anterior borrador no proporcionaba soluciones adecuadas para segundas viviendas y las viviendas vacacionales, dejando desamparados a numerosos damnificados que sufrieron pérdidas significativas. Este aspecto, entre otros, resalta la importancia de revisar y mejorar el proceso de reconstrucción para garantizar que se aborden todas las necesidades de la comunidad afectada y se eviten exclusiones injustas”, prosigue. 

“Contrario a las afirmaciones de la Asociación, es importante recordar que los decretos anteriores fueron impuestos de forma vehemente por la administración anterior, a través de herramientas útiles a sus intereses como ‘Revivir el Valle’, y la dirigida acción de Gesplan y Gestur. Resaltar el oscurantismo y la opacidad respecto a las valoraciones y las tasaciones realizadas por debajo del precio de mercado, hecho al parecer impuesto por uno de los responsables políticos del momento, o el problema causado con las actas de notoriedad. Por tanto, la Iniciativa Ciudadana aboga por desmitificar la bondad de estos decretos anteriores y no respaldarlos en nombre de los afectados”, afirma. 

“La Iniciativa Ciudadana también critica la gestión de la crisis por parte de Ángel Víctor Torres, Noelia García Leal y Mariano Hernández Zapata en los últimos dos años. Desde la negligencia pre-eruptiva hasta la burocracia desmedida, la demora en pagos y el conflicto de intereses científicos, la gestión ha sido muy cuestionable y gravosa para los ciudadanos. Defender ese tipo de gestión no puede ser del interés del que lo perdió todo. No obstante, la Iniciativa desea que todas las administraciones en esta nueva etapa aprendan de estos errores y que sean proactivas y colaboren para acelerar la reconstrucción, en lugar de caer en acusaciones infundadas y confrontaciones ideológicas”. 

“La pretensión de la Asociación por erigirse como la única voz legítima de los afectados debe ser rechazada por la Iniciativa Ciudadana. Se trata de respetar la pluralidad de voces individuales y colectivas, abogar por el diálogo constructivo en lugar de la polarización. Se debe exigir transparencia a los portavoces que buscan la confrontación, por eso se debe solicitar que revelen el respaldo real detrás de sus acusaciones de falta de transparencia y de futura impugnación del decreto. No solo van a tener que dotarse de argumentos jurídicos frente a la administración, también de argumentos morales frente a todos nosotros los afectados. Nos van a tener que explicar el porqué de su posicionamiento en contra de un decreto que mejora con creces los anteriores, que se acerca a la realidad de nuestra desgracia, y que se está consultando y mejorando. Las asociaciones de vecinos, así como las plataformas y restos de colectivos llevamos mucho trabajo sobre nuestras espaldas, para poner voz y conseguir resultados a las demandas concretas de los afectados a nivel colectivo e individual”, apunta. 

Además, la Iniciativa Ciudadana “rechaza la creación de más burocracia a través de un Consorcio, y frente a ello aboga por una gestión ágil y eficiente. Destaca la necesidad de dotarnos de planes ejecutivos, de transformación rápida y de reconstrucción social y económica inmediata, centrada en los afectados, y todo esto no es compatible con la burocracia de la administración. La propuesta que hace el nuevo gobierno busca la aceleración de la reconstrucción de manera participativa, permitiendo a los afectados desempeñar un papel activo”, sostiene. 

“Frente a una burocracia inútil, el nuevo decreto, en su disposición adicional novena crea el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma alineándose, a nuestro juicio, con las necesidades reales de los afectados situación que fue reclamada por esta Iniciativa y que dio origen del Consejo Sectorial del Cabildo de La Palma. Ahora se mejora sin duda, al darle rango de Ley/Decreto del Gobierno de Canarias, creando un órgano colegiado, por lo tanto, con garantías jurídicas y reglado y, por tanto, vinculando la participación y la opinión del afectado a la eficaz reconstrucción del Valle de Aridane”, agrega.  

“No nos involucramos en política, pero éticamente es importante reconocer el cambio de actitud y las acciones significativas emprendidas por este nuevo equipo en el camino hacia una reconstrucción justa, por eso no podemos ignorar la importancia para los afectados del cambio positivo en la dirección actual. Es evidente que, si los dirigentes anteriores hubieran escuchado a los afectados en lugar de aferrarse a sus cargos, podrían hoy estar gobernando con una mayoría indiscutible. Recordemos las palabras de Goethe: ‘Sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos’. Para nosotros, hacer lo correcto significa respaldar una reconstrucción que avance de manera decidida, y respaldar a quienes con valentía hacen cosas en esa dirección, sin hacer ruido, pero firmes, de forma profesional y con sentido común. Hoy esto es lo que significa para nosotros una digna y justa reconstrucción para los afectados, y eso es lo que todos anhelamos”, defiende. 

“En contraposición, algunos optan por generar ruido, avivar la polémica y difundir medias verdades que, al final, se convierten en mentiras. Este comportamiento se ha evidenciado con las irregularidades en las ayudas al plátano, donde se intenta atribuir la responsabilidad al agricultor que las recibió, desviando la atención de los técnicos y políticos del PSOE y la consejera Vanoostende que autorizaron dichas órdenes de subvención. Asimismo, observamos las falacias del Sr. Valbuena, también del PSOE, al acusar de crear ‘afectados de primera y segunda’, a pesar de conocer o, peor aún, ignorar que se necesitarán al menos 10 años para intervenir en esa cota, el tiempo que tarda en enfriarse ese espesor de lava, o cuando asevera que sus decretos ‘daba repuesta a todas y cada una de las personas afectadas’ cuando la realidad es que todos los afectados que teníamos viviendas vacacionales y segundas viviendas, nunca se nos reconoció en dichos decretos nuestros derechos. Otro ejemplo palmario es el de Carlos Cabrera, del PP, quien cuestiona la supuesta salida de los científicos del Comité del Plan de Emergencia Insular de La Palma (Peinpal), un delito de ser cierto, y no los considera tan expertos después de que esos mismos científicos pidieran la evacuación de la población en riesgo, días antes de la erupción. Además, el Comisionado, también del PSOE, que, sobre la inconstitucionalidad de los decretos, cambia su postura según le cambien el micrófono, lo que podría responder nuevamente a intereses políticos partidistas en lugar de a los legítimos intereses de la reconstrucción. Es fascinante ver cómo la moral de algunos individuos fluctúa según les convenga”, expone. 

“La reconstrucción y el daño moral, tipificado como delito, no pueden ser moneda de cambio porque afecta a las personas. Por ello, estas declaraciones reiteradas de la Asociación Cumbre Vieja parecen más objeciones malintencionadas, dirigidas desde los políticos, y destinadas a perjudicar y obstaculizar las posibles soluciones y los avances necesarios en este difícil proceso, en lugar de ofrecer contribuciones reales y beneficiosas para los damnificados. Es crucial distinguir entre la crítica constructiva que busca mejorar y las objeciones que solo buscan entorpecer el progreso necesario en la reconstrucción. Por tanto, la Iniciativa insta a la Asociación a reflexionar y redirigir la situación, y discrepar aportando soluciones en lugar de amenazar los intereses de los afectados”, indica. 

“En este camino hacia la reconstrucción, la Iniciativa Ciudadana aboga siempre por la colaboración, la transparencia y el diálogo como pilares fundamentales. Y aunque vigilantes frente a los políticos en la eficaz reconstrucción del Valle, reconocemos y sentimos el respaldo del nuevo gobierno a las necesidades reales de los afectados, y por tanto nos compromete el permitir que se realice el trabajo necesario para resolver los desafíos sin dejar de reivindicar la dignidad y la justicia perdida. La unidad resulta clave en el proceso de reconstrucción, y trabajar de forma incansablemente por el bienestar de La Palma. A La Palma le sobra burocracia y política chabacana, y le falta talento, liderazgo y hacer lo correcto en la reconstrucción. Como decía Miguel de Cervantes en el Quijote, ‘luchamos contra tres gigantes, querido Sancho: la injusticia, el miedo y la ignorancia”, concluye.