La Audiencia Nacional condena al etarra Henri Parot a once años de prisión
La Audiencia Nacional condenó este viernes al etarra Henri Parot a 11 años de prisión por un delito de pertenencia en organización terrorista con la agravante de reincidencia por una carta que escribió en 2001 a la dirección de ETA cuando estaba en el cárcel, pero le absolvió del de conspiración para cometer atentados.
En una sentencia notificada este viernes, la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal considera probado que Parot, para quien el fiscal elevó de 25 a 29 años su petición de pena en el juicio celebrado el pasado 30 de enero al estimar que se reintegró en ETA como dirigente, consiguió “reanudar sus contactos” con la cúpula de la organización, lo que le permitió “restablecer sus vínculos” con la banda terrorista. Estos contactos, añade la sentencia, los mantenía a través de una correspondencia “dirigida a influir en las acciones de la organización, proponiéndoles un determinado modo de desarrollar su actividad, buscando objetivos más vitales contra el Estado, como forma de lograr sus objetivos”, entre los que proponía a Audiencia Nacional, el Ministerio del Interior o el Banco de España.
No obstante, el tribunal considera que no se ha probado que Parot “formase parte de las personas que toman las decisiones en el seno de la organización”, pues, para la sala, aunque el acusado “interviene de forma activa y eficaz” y realiza una actividad “relevante”, ésta no es “decisiva” porque sus propuestas “no son tomadas como directrices por los miembros de la cúpula” de ETA. La carta referida es una que Parot escribió el 1 de junio de 2001 en la cárcel de Córdoba, cuando ya cumplía condena, y que fue intervenida a los dirigentes etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Mugica Goñi-, el 16 de septiembre de 2002 en Francia.
La sentencia subraya que, a pesar de que el delito de pertenencia a banda armada es permanente, no significa que el detenido, juzgado y condenado por este tipo penal, no pueda reanudar de forma activa y eficaz su integración, y señala que en el caso de Parot su trayectoria delictiva se interrumpe con la desarticulación del comando del que formaba parte y con su detención en 1990. Para la sala, Parot reanuda su actividad en 2001 con la correspondencia que éste mantiene con los dirigentes de ETA desde la cárcel y por ello debe estimarse la existencia de un nuevo delito de pertenencia a banda armada.
En este sentido, la sala destaca que los hechos ahora enjuiciados “no tienen relación” con los que dieron lugar a la absolución de un delito de pertenencia del preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, que fue condenado a 12 años y siete meses de cárcel por amenazas terroristas dirigidas a cinco responsables de prisiones y al presidente de la sala de lo penal de ese tribunal, Javier Gómez Bermúdez en dos artículos publicados en Gara en 2004.
“Entonces se trataba de cartas enviadas a un periódico, y lo que aquí se enjuicia son también cartas, pero enviadas a la cúpula de la organización y dirigidas a fijar una línea más dura de actuación”,concluye.
“Dos mismos hechos que constituyen un único delito”
Por otro lado, La fiscal Blanca Rodríguez rebajó este viernes de 39 a 29 años de prisión la petición de pena para cada uno de los tres integrantes de la llamada “caravana de la muerte” detenidos cuando se dirigían a Madrid en una furgoneta cargada de explosivos para cometer un atentado en la capital días antes del 11-M.
En el juicio, que quedó este viernes visto para sentencia en la Audiencia Nacional, la fiscal justificó la modificación de sus conclusiones provisionales diciendo que un delito de tentativa de terrorismo y el de tenencia de explosivos que imputa a los procesados son “dos mismos hechos que constituyen un único delito”, a lo que se adhirió la acusación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Por ello, la fiscal subsumió el delito de tenencia de explosivos en otro de estragos terroristas en grado de tentativa de los que acusaba a los tres y solicitó la pena máxima de 10 años de cárcel, además de otros 9 por otro intento de atentado en la estación de Baqueira Beret y 10 más por pertenencia a banda armada.
Durante su informe, la representante del Ministerio Público consideró probada la participación en los hechos de los tres acusados, dos de los cuales -Gorka Vidal e Izkur Badillo- han sido citados para declarar como testigos en el juicio del 11-M que comenzará el próximo 15 de febrero. Además, insistió que está probada la pertenencia a ETA y su participación en los hechos de Beñat Barrondo, que aseguró ayer que sólo había estado vinculado a la banda durante quince días y a quien sus dos compañeros intentaron exculpar en la primera jornada del juicio.
Según el Ministerio Público, tras decidir integrarse en ETA, Vidal, Badillo y Barrondo acudieron en mayo de 2003 a una cita en Francia con el dirigente etarra Gorka Palacios Alday, quien les encomendó “una acción en la estación de esquí de Baqueira Beret, consistente en la colocación de explosivos en las pistas”, lo que no llegaron a realizar por un temporal de nieve. Posteriormente, Garikoitz Aspiazu, “Txeroki” les encargó llevar a cabo un atentado en Madrid, mediante la colocación de una furgoneta-bomba“, cargada con 506 kilos de cloratita y 30 de dinamita Titadyne, ”dejando a su elección el objetivo concreto de ubicación, que debían fijar atendiendo a su seguridad“ y con la intención de ”crear pánico“, indicó la fiscal.
Agregó que el 28 de febrero de 2004 emprendieron viaje a Madrid y mientras Vidal fue el encargado de conducir la furgoneta, Badillo hizo de 'lanzadera' en otro vehículo y Barrondo se encargó de adquirir los teléfonos móviles a través de los que se iban a comunicar. Los tres presuntos terroristas -señaló- no llegaron a su destino a causa de un accidente que sufrió Badillo en Taravilla (Guadalajara), tras lo que fueron detenidos.
En la sesión de este viernes declararon varios peritos de la Policía y la Guardia Civil, uno de los cuales explicó que por la cantidad de explosivo que llevaba la furgoneta, las consecuencias habrían sido devastadoras en caso de que hubiera estallado. Para Blanca Rodríguez, los tres acusados deben ser condenados porque no desistieron voluntariamente de perpetrar el atentado sino porque tuvieron “mala suerte” por el temporal de nieve que provocó el accidente: “Ellos mala suerte y el resto del pueblo buena suerte”.
Por su parte, la defensa pidió la absolución de los tres condenados al estimar que ninguna de las acciones que les imputan las acusaciones se habían llegado a iniciar y desistieron de ellas por lo que ni siquiera puede hablarse de delito de estragos ni daños en grado de tentativa. El letrado de Barrondo, Iñigo Irúin, insistió en que se ha probado la desvinculación de su defendido de ETA en el momento de los hechos por lo que solicitó su absolución o, alternativamente, una condena de cinco años por un delito de colaboración con banda terrorista.
Juicio en Francia
De otra parte, los siete presuntos etarras que son juzgados por el Tribunal Especial de lo Criminal de París se negaron este viernes a responder al interrogatorio de la sala, aunque hicieron pública una declaración en la que piden que los vascos tengan derecho a decidir sobre su futuro.
La segunda jornada del juicio que se sigue contra siete supuestos integrantes de ETA se abrió con la parte del sumario que no había sido leída en la sesión precedente y con posterioridad la presidenta del tribunal, Anny Dauvillaire, emprendió el interrogatorio de personalidad de los encausados. Todos ellos se acogieron al derecho a no responder a las preguntas del tribunal y, cuando llegó el turno a Laurentxa Beyrie, pidió leer un comunicado en nombre de los imputados.
En francés, Beyrie dijo que en la actualidad el pueblo vasco carece del derecho a defenderse, a emplear su lengua y a decidir su futuro y asegura que el tribunal “juzga nuestro combate” y, eventualmente, “lo condenará”. Culminadas con el grito “Viva el pueblo vasco libre”, sus palabras fueron acogidas con aplausos por sus compañeros y una veintena de amigos y familiares presentes en los bancos del público.
La única que se mostró dispuesta a responder al interrogatorio fue Miren Aitzane de Orcolaga, pero sólo para decir al tribunal que el único rasgo de su personalidad que interesa es “su reacción ante la injusticia que comete el Estado español”. Aseguró que presos etarras son “torturados” en España y puso como ejemplo el caso de José Ignacio de Juana Chaos, que cumple casi tres meses en huelga de hambre y “que ha sido condenado a doce años de prisión por escribir unos artículos de opinión”.
En noviembre pasado la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio de Juana Chaos a doce años y siete meses de prisión por un delito de amenazas terroristas en relación con dos artículos publicados en el diario Gara.
