El Gobierno de CC-PP se enroca contra la iniciativa del PSOE para aliviar a los sancionados por residir en zonas turísticas

El Gobierno de Coalición Canaria y PP ya ha asegurado que no va a apoyar la iniciativa del PSOE para poner solución a las personas que están recibiendo multas por residir en zonas turísticas o no ceder sus apartamentos a un explotador. Ahora habrá que esperar a lo que decidan los grupos parlamentarios, si finalmente se debatirá ese texto en la Cámara, como ya ha ocurrido con otras iniciativas que no han contado con el apoyo del Ejecutivo en un principio, como las camas elevables para las camareras de pisos.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, aseguró este lunes tras el Consejo de Gobierno que la iniciativa del PSOE “se queda un poco a corta, no aborda el problema global y en su conjunto, es un problema complejo y es un problema o una situación en la que se encuentran esos apartamentos o unidades alojativas que se quieren residencializar”. Según afirmó, la Consejería de Turismo y Empleo está trabajando en un texto legislativo con todas las partes implicadas con el objetivo de alcanzar un amplio acuerdo y que el texto recoja todas y cada una de las realidades existentes en estos complejos.

Se trata de un decreto que aunque no se ha hecho público y desde el PSOE critican que no lo han solicitado como grupo parlamentario y tampoco se les ha facilitado, Canarias7 ha apuntado que “los propietarios de apartamentos dentro de un complejo turístico que estén dados de alta en el censo de viviendas vacacionales y tengan la declaración responsable con anterioridad al 14 de diciembre de 2025 (cuando entró en vigor la ley del vacacional), podrán seguir 'vendiéndolos' de forma individual. Eso sí, para hacerlo se requerirá acuerdo con el explotador y además, el propietario está sujeto a una serie de obligaciones”.

Un decreto que además cuenta ya con el apoyo de las cuatro patronales turísticas de Canarias pero que rechazan los afectados, que advierten de que es la iniciativa del PSOE la que cuenta con el consenso.

“Hay una confusión muy grande con la información que da el Gobierno, que creo que tergiversa lo que realmente dice la Proposición de Ley del PSOE”, señala Maribe Doreste, que apunta que ese texto recoge que se distinga entre lo que es un establecimiento turístico y lo que no lo es y no que “cada uno haga lo que quiera” como se está transmitiendo. “Que se distinguiera entre un apartamento que simplemente se usa de vivienda y un apartamento turístico o unidad alojativa como ellos (el Gobierno) quieren hacer”, resume.

La plataforma aclara que ahora hay que esperar a lo que decida la Cámara regional y los grupos parlamentarios. “Todavía queda un margen para la reflexión, para que admitan la propuesta del PSOE, porque entiendo que el compromiso que tenía Coalición Canaria con nosotros se puede llevar a efecto si algo tan sencillo como definir qué es un apartamento turístico y qué no lo es se aclara”.

“A nosotros realmente no nos da la posibilidad de vivir en nuestros apartamentos ni la Ley de 2013 ni la del 2017 del suelo con la disposición transitoria. Vivir en nuestros apartamentos lo hemos podido hacer siempre porque hemos sido legales siempre”, insiste Maribe Doreste. “Y lo que ha hecho la ley de 2013 es intentar que todo se considere un apartamento turístico y que todo sea un establecimiento turístico y que no podamos vivir en él”, agrega.

La portavoz de la plataforma incide en que “nosotros hemos comprado un edificio inmobiliario donde se podía desarrollar la actividad económica turística y que no hemos comprado un establecimiento turístico ni una unidad alojativa”. Asimismo, incide en que sus propiedades son “legales desde hace 40, 50 años” y “son propiedades adquiridas libres de carga y sin limitación de uso. Y que la diferencia entre lo turístico y lo no turístico es que ha existido siempre, pues no es lo mismo un hotel que un edificio de apartamentos en división horizontal”. También añade que “nuestros edificios se rigen por la ley estatal y el derecho común, la ley de propiedad horizontal”.

Doreste rechaza que con el decreto del Gobierno de Canarias, el que plantea la Consejería de Turismo “todas nuestras propiedades compradas, libres de carga y sin limitación de uso pasen a ser un establecimiento turístico. Donde la normativa turística sea la que nos gobierne” y por ello apunta que “nosotros nos tenemos que oponer porque eso dejaría sin contenido de derecho nuestra propiedad que la hemos adquirido desde hace un montón de tiempo”.

La propuesta del PSOE

El diputado Gustavo Santana explica a este periódico que a lo que insta su propuesta es a modificar la disposición transitoria séptima de la Ley de Renovación y Modernización de Turismo de Canarias, “en la que en esa disposición transitoria lo que aclaremos es que los usos residenciales quedan legalizados indistintamente de que estén en suelos turísticos o mixtos, bajo el paraguas de lo que dice la planificación urbanística de cada territorio”.

“Es acabar mediante una modificación sencilla de la Ley de Modernización, con la situación actual en la que cientos de residentes ya han recibido expedientes sancionadores, algunos de ellos con sanciones firmes”, subraya.

Otra cuestión que añade la propuesta es incluir en la Ley de Vivienda Vacacional en Canarias dos conceptos nuevos: el de establecimiento turístico y el de unidad alojativa, “definiendo con claridad que una unidad alojativa no es lo mismo que una vivienda donde reside una persona, porque la unidad legislativa es aquella que se comercializa de forma no habitual, de forma esporádica y por precio”, resume. Y la otra es terminar con los expedientes sancionadores que están abiertos.

El compromiso de Coalición Canaria

Por otro lado, Santana recuerda que se ha difundido en redes sociales un documento que recuerda el compromiso de Coalición Canaria (ratificado por el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez) para solventar la situación de las personas que residen en zonas turísticas. En concreto, en la campaña electoral de 2023 se comprometió a “avanzar en la compatibilidad de los usos residenciales y turístico” .

La plataforma de afectados subraya que aunque desde el colectivo no han difundido ese acuerdo sí que es real ese documento. “. Queremos sentarnos con el consejero de Vivienda para ver cómo va a solucionar el problema que el decreto ley le va a generar, que es que miles de propietarios salgan al mercado a ser demandadores de vivienda, presionando más el mercado”.

“Lo que nosotros decimos es que el señor Clavijo tiene que cumplir su palabra”, afea Gustavo Santana.