Garzón denuncia “indefensión” ante el CGPJ por la querella por los cobros en Nueva York
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó este miércoles un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que denuncia la “irremisible indefensión” en la que se encuentra tras conocer, a través de los medios de comunicación, que este órgano estudia la posible apertura de una investigación disciplinaria en relación con el archivo por su parte, en 2006, de una querella contra directivos del Banco Santander.
La investigación obedece al escrito en el que los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea solicitan la suspensión del juez tras salir a la luz determinada documentación que evidenciaría, indiciariamente, que el magistrado contactó con el Banco Santander para la financiación de los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que, a su regreso a España, archivó una denuncia contra esta entidad. Le acusan de una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención.
En un escrito de tres páginas remitido este miércoles al órgano de gobierno de los jueces, Garzón dice no tener conocimiento alguno de la citada denuncia, relacionada con una querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por los mismos hechos y de la que todavía no es parte, al no haber sido admitida a trámite.
“Debo denunciar ante este Consejo General del Poder Judicial la grave e irremisible indefensión en la que estas noticias y filtraciones interesadas me sitúan”, señala el juez en el escrito.
A juicio de Garzón, en este caso se está vulnerando el secreto de un proceso penal al que él no tiene acceso “con el propósito de utilizar determinados documentos en una estrategia prediseñada” contra él. Denuncia también que los documentos hechos públicos se entregaran a un medio de comunicación (el diario El Mundo), que en su editorial “reta” a sus “supuestos protectores políticos y mediáticos”.
PIDE INFORMACIÓN AL SUPREMO
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 recuerda al Consejo que el pasado lunes se dirigió personalmente al Tribunal Supremo para solicitar que se le informe sobre la querella de Mazón y Panea, así como de “la naturaleza y resultado de las diligencias de instrucción que hubieran podido practicarse”.
“Por todo ello, solicito respetuosamente al CGPJ que, valorando el origen de los documentos que soportan tal denuncia, considere las consecuencias jurídicas que se desprendan de dicho origen y su trascendencia a la hora de servir para promover ahora un procedimiento contra mí, por unos hechos que ya fueron objeto de procedimientos anteriores de este Consejo”, insiste Garzón.
Finalmente, el juez se pone a disposición del Consejo “para cualquier aclaración o explicación adicional que precise sobre los supuestos hechos”.
La Comisión Permanente del CGPJ acordó el martes remitir el escrito de los letrados a su órgano disciplinario, que a su vez lo trasladó al Servicio de Inspección, que dispone de un mes de plazo para proponer el archivo de este asunto, la apertura de diligencias informativas (investigación) o bien solicitar directamente la incoación de un expediente disciplinario contra el magistrado.
Los querellantes basan su petición ante el CGPJ en la documentación remitida el pasado lunes al alto tribunal por parte del Banco Santander relativa a los contactos celebrados entre Garzón, el presidente del Santander Emilio Botín y otros altos directivos de la entidad para la obtención de los fondos que precisaba para la organización de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York, que los denunciantes fijan en 302.000 euros.
Según explicó esta parte a Europa Press, Garzón habría incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417,8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por inobservancia del deber de abstención ya que, a su vuelta a España tras el permiso de estudios en Estados Unidos, archivó una querella contra directivos del Santander por la presunta apropiación de 750.000 millones de pesetas derivados de créditos recuperados de Banesto a través de la sociedad SCI Gestión.
Dicha inobservancia podría haberse cometido tanto por “amistad manifiesta” con el sujeto contra el que se dirigía la querella, Emilio Botín, como por interés directo en el pleito. De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.
Ante el silencio inicial del Santander, el alto tribunal tuvo que instar el pasado 15 de octubre a la entidad al “urgente cumplimiento” de la orden de entrega de información y posteriormente, tras recibir una respuesta parcial (según las acusaciones), citó al director de la asesoría jurídica, Jaime Pérez Renovales, quien finalmente remitió el 14 de diciembre un total de 8 documentos.
El Tribunal Supremo precisaba toda esta información para decidir si admite o no a trámite la segunda querella presentada contra el magistrado por estos hechos, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa.
Esta acción penal contra Garzón, impulsada por los letrados citados, se produce después de que el pasado 9 de marzo el Supremo archivara una primera querella por el mismo asunto ordenara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los investigara. El órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias informativas contra el juez, pero las cerró el 2 de julio sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria.
Los querellantes justifican este nuevo procedimiento en que la investigación del CGPJ sacó a la luz datos que no se conocían en el momento del archivo de la causa en el Tribunal Supremo.
Entre ellos, destacan que el Banco Santander entregó 302.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York para la organización de los cursos dirigidos por Garzón y que este centro asignó al juez 21.152 dólares para sufragar sus gastos de viaje y 21.650 para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas.
