El estado de salud de Haidar le impide declarar por el genocidio saharaui
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La activista Aminetu Haidar, citada a declarar este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como testigo en la causa en la que se investiga el genocidio y las torturas sufridas por el pueblo saharaui entre los años 1976 y 1987, no podrá comparecer debido a su delicado estado de salud, según han confirmado fuentes jurídicas.
El magistrado tomará declaración finalmente a un total de ocho víctimas de la represión marroquí de las 14 previstas inicialmente. La activista ha comunicado al Juzgado que su situación física le impide desplazarse hasta al menos el próximo mes de junio, añadieron las citadas fuentes.
Coincidiendo con estas comparecencias la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara han convocado una concentración frente al tribunal bajo los lemas “No a la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara”, “Personas desaparecidas saharauis, ¿dónde están?”, “Libertad presos políticos” y “Sáhara justicia solución, ¡ya!”, según informaron los convocantes.
El magistrado preguntó en noviembre pasado al Ministerio de Justicia si Marruecos había dado contestación a la comisión rogatoria que su antecesor, Baltasar Garzón, cursó en octubre de 2008 para dar traslado de esta querella, en la que están imputados 13 cargos policiales marroquíes.
Entre los querellados en esta causa se encuentra el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real Marroquí que fue galardonado por España con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005 y que formaba parte de la delegación que visitó a primeros de febrero España junto al ministro del Interior del país alauí, Taieb Cherkaoui.
Ruz reactivó la causa para solicitar “a la mayor brevedad” a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia que le trasladara “en qué estado se encuentra la comisión rogatoria librada a las autoridades judiciales de Marruecos” tras recordar que ésta fue reiterada el pasado mayo.
Garzón, que abrió una investigación por estos hechos en octubre de 2007 a partir de una querella presentada por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y desaparecidos, solicitó a Marruecos que diera traslado a los querellados de la acción judicial que había emprendido, que le comunicara si esos hechos estaban siendo investigados y con qué resultado, y si existía algún procedimiento penal contra ellos.
DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA
El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 instó a los querellantes a informar sobre la posibilidad de que las víctimas declararan en la Audiencia Nacional después de que las autoridades de Argelia se negaran en febrero pasado a permitir que el juez se desplazara hasta los campamentos de refugiados de Tinduf para interrogarles argumentando que debía dirigirse a la República Árabe Saharaui Democrática, no reconocida internacionalmente y ante la cual España no tiene representación diplomática, tal y como señaló en su contestación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Ruz reiteró este ofrecimiento a los querellantes “visto el tiempo transcurrido” desde que se produjo el primer requerimiento y les invitó a realizar “propuestas alternativas en orden a la práctica de diligencias comprendidas en la comisión rogatoria” de no ser posible el desplazamiento de los testigos hasta la Audiencia Nacional.
La investigación se dirige contra “destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El Aaiún o Tan Tan”.
Además de Benslimane, que habría ordenado y dirigido la campaña de detenciones y desapariciones en Smara que se llevó a cabo en 1976, entre los querellados se encuentran Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable directo de los secuestros cometidos en El Aaiun en 1987; Abdelhak Lemdaour, al que se relaciona con las detenciones en la región de Erbaib de 1976; y Moustaphá Hamdaoui, dirigente de la Gendarmería de Tan Tan.
Completan la relación de denunciados altos cargos militares que Garzón identifica como Ben Hima, Amimi, Dris Sbai, Ayachi, Said Ouassou, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid.
MÁS DE 500 DESAPARECIDOS
Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975, cuando, tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como 'Marcha Verde', a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental.
La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide “el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales”.
El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad “el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui” en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y “fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación”.
