Sector primario: menos discursos, más compromiso y apoyo

En Canarias son permanentes las referencias en los discursos del Gobierno a la imprescindible diversificación económica. Tanto como el choque frontal de esas declaraciones con una realidad, bien distinta, en la que casi todo gira en torno al turismo y la construcción; y donde difícilmente se abren paso los otros sectores, como el primario, que están sufriendo un maltrato permanente en el periodo reciente. Lo que nos hace aún más dependientes. Se trata de un sector estratégico que nos suministra alimentos frescos y de calidad, los productos del país, que tanto reconocimiento tienen por parte de la ciudadanía de las Islas y por quienes nos visitan. Que resulta determinante, además, en la conservación del paisaje y en el mantenimiento de los suelos frente a la erosión. Que evita el despoblamiento de zonas rurales. Que preserva buena parte de nuestras tradiciones. Que contribuye a la sostenibilidad ambiental. Y que genera empleo.

Un sector que recibió un buen trato, al que modestamente contribuimos desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, durante el Gobierno de Progreso (2019/2023). Un Ejecutivo -en el que dirigimos la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos- que incrementó durante la anterior legislatura las partidas al sector en un 68%, pasando de 100,7 millones de euros en el año 2019, a 168,8 millones en su último presupuesto del año 2023. Lo que supuso el mayor aumento presupuestario del sector primario de la historia de Canarias. Un apoyo que no sólo consistió en un importante aumento de créditos para el sector, sino que vino acompañado de otras medidas para favorecer a las actividades agropecuarias. 

Ampliación del POSEI Adicional

Entre ellas, poner en marcha en 2022 y 2023 la devolución del 99,9% del Impuesto Especial sobre combustibles derivados del petróleo al sector agrícola y ganadero, junto con los transportistas profesionales. La rebaja del IGIC del 3% al 0% a los productos de alimentación animal de las explotaciones ganaderas. O la ampliación y mejora de la protección de hasta trece productos agrarios locales por medio del AIEM. Asimismo, se propuso y se logró la autorización de la Comisión Europea para aumentar la ficha de las ayudas directas a los productores locales del POSEI Adicional (o POSEI ayudas de estado) para 2023 y años siguientes. Esto supuso incrementar en 8,7 millones la ficha del POSEI Adicional, que pasó de 28 a 36,7 millones, tanto para la ganadería como para la producción vegetal. O concediendo ayudas directas extraordinarias al sector ganadero para compensar el encarecimiento de los insumos necesarios para su actividad.

Todo eso cambió con la llegada del Gobierno CC-PP. Lo expresamos de forma nítida en nuestra enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Comunidad Canaria para el próximo año: “2.311 millones de euros de incremento después, tras los tres presupuestos del Gobierno de Clavijo (2024, 2025 y 2026), el sector primario cuenta para 2026 con 12 millones de euros menos que los que dejó el Pacto de Progreso en 2023”.

Frente a una legislatura pasada marcada por un apoyo decidido al sector primario, estamos ante una etapa de retroceso. Los presupuestos recién aprobados establecen que dispondrá en 2026, en términos absolutos, de 156,7 millones de euros para el conjunto del sector sobre un presupuesto total de gasto no financiero de 12.491,4 millones. Es decir, le corresponderá un irrisorio 1,2% de estas cuentas públicas.

Incertidumbres en el nuevo marco europeo

En NC-bc nos preocupan mucho las incertidumbres que afectan a las nuevas prioridades de la Unión Europea y la propuesta de la Comisión Europea (CE) de nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.La propuesta inicial de la Comisión Europea es muy decepcionante, con un importe económico insuficiente del MFP y una reducción del importe de la Política Agraria Común (PAC). Y, también, por eliminar la propia PAC como política propia como hasta ahora, incorporándola a una partida global que se concede a cada Estado. Se habla de un “único plan nacional por estado miembro” que agruparía los fondos de cohesión, la PAC y otras ayudas. Lo que supone un enfoque más recentralizador de la gestión del presupuesto comunitario que en la actualidad.

Para Canarias es clave mantener la política de cohesión diferenciada para las RUP: fondos estructurales y de inversión (FEDER, FSE+, Cooperación Territorial Europea). Conservando el fondo adicional RUP que hasta ahora incorporan estos fondos, además de manteniendo su gestión descentralizada y regionalizada, como ocurre actualmente. Entendemos que las comunidades y regiones son las más cercanas a la realidad de su ciudadanía; y desde ellas se puede programar mejor para responder a las necesidades propias del territorio. 

Igualmente, estamos convencidos de la necesidad de mantener la aplicación diferenciada de la Política Agrícola Común (PAC) para el conjunto de la UE. Pero, sin duda, específicamente para las RUP, sobre la base del art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Como se sabe, el primer pilar de la PAC (política de rentas y de mercados) se aplica en Canarias a través del POSEICAN. El POSEI supone 268 millones de euros anuales, de los que 206 son ayudas a producciones agrarias locales y 62 para ayudas del REA. Debemos plantear, asimismo, la necesidad de actualizar el valor de estas ayudas POSEI, que se encuentran con el mismo importe desde el año 2007.

Por cierto, lo que perjudica a la defensa de la posición de Canarias ante el nuevo MFP post 2027 es aprobar un mal uso de las ayudas de estado de minimis europeas en el sector platanero de La Palma para evitar los reintegros de una subvención que se concedió en 2022, con un anticipo por encima de lo establecido, a 1.296 plataneros afectados por la erupción del volcán. Las cosas hay que hacerlas bien.

En efecto, la incorporación de estas ayudas de minimis a la Ley de Presupuestos para 2026 con una nueva Disposición Adicional Cuadragésima sexta bis contraviene de forma palmaria y evidente el Derecho Europeo, cuyos Reglamentos reguladores de las ayudas de Estado son de obligado cumplimiento por la legislación española y autonómica, como ya denunció Nueva Canarias-Bloque Canarista con un voto particular impugnando esta disposición. 

Esta Disposición, auspiciada por CC de La Palma y secundada por los grupos que apoyan al Gobierno, fue presentada como enmienda en lugar de haberla incorporada inicialmente como una disposición del texto articulado del Proyecto de Ley presupuestario como correspondería, para eludir los informes jurídicos ex ante de legalidad que emiten los distintos órganos de la CAC. Pero peor aún, posteriormente, mediante otra enmienda in voce, le han añadido eliminar el preceptivo informe ex post de la Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda. Informe de compatibilidad sobre el acto administrativo individual de concesión de estas ayudas de minimis con las normas comunitarias de la competencia. Esa es la prueba del algodón de la ilegalidad de estas ayudas. ¿Qué otra explicación tiene ese interés en eludir este informe que no sea la certeza de que va a ser negativo?

Sin embargo, nos parece muy positivo que las organizaciones agrarias de Canarias le hayan arrancado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión celebrada el pasado lunes 15 de diciembre, el compromiso de abonar la totalidad de las ayudas del POSEI adicional de la campaña de 2024, cuando hasta ahora había mantenido que no se adelantarían estas ayudas hasta que las pagara en su totalidad el Gobierno de España. Somos de la opinión que le corresponde al Gobierno de España el abono de la totalidad del importe del POSEI Adicional en cumplimiento del artículo 24.2 del REF. No en vano fue Nueva Canarias-Bloque Canarista quien logró incluir esa medida en esa norma en el año 2017. Y vamos a estar con las organizaciones agrarias y con el Gobierno de Canarias exigiendo ese cumplimiento. Pero en ningún caso hubiéramos apoyado que en esta disputa con el Gobierno central sean las y los productores agrarios los perjudicados. 

El sector primario de las Islas precisa políticas adecuadas en el ámbito europeo que deben ser defendidas por el Gobierno español y el Ejecutivo canario. Así como cumplimientos de sus responsabilidades por parte del Estado español. Pero, también, exige que el Gobierno de Canarias le apoye sustancialmente, que pase del aplauso en los discursos a su plena consideración en las cuentas públicas de la Comunidad Canaria. Y que respete la legalidad vigente. Hace falta creérselo y ponerlo en práctica consecuentemente. Para que el sector primario tenga presente y, sobre todo un mejor futuro, en nuestro Archipiélago. Y esa no es, como se ve en el maltrato presupuestario, la actitud hacia el sector primario por parte del Gobierno canario de las dos derechas.